Una mojadita de oreja

Por: María Julia Oliván @mjolivan

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el último reducto de control dentro de la estructura del Estado que maneja el radicalismo. Su director, Leandro Despouy, es el único radical que tiene la llave para mostrar los nichos de corrupción dentro del kirchnerismo. Pero ayer, los diputados del FPV denunciaron que desde el 20 de marzo de 2010 tiene su mandato vencido.

“Todo esto es una infamia jurídica (..) Mi mandato se vence cuando la UCR pierda la mayoría parlamentaria de oposición”, disparó Despouy hoy por Wake Up.

“Despouy terminó su mandato en 2010 y sigue cobrando (…) él va a tener un dolor de cabeza muy grande cuando un fiscal y le pregunte por los sueldos que cobró, retrucó Aníbal Fernández.

La Ley 24.156 dice que el presidente de la Auditoría debe ser nombrado por el partido que tenga mayoría parlamentaria. Es decir, la UCR.

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La UCR argumentó que el artículo 85 de la Constitución Nacional, dice que «el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso», sin plazos de caducidad.

La verdad de la cosa es que la UCR quedó enredada en una interna. Despouy tiene sus propios frentes internos dentro de la UCR y, como diría el Diego, pareciera que a los del partido centenario se les escapó la tortuga al debilitar en el frente interno al hombre que más capacidad tiene de desgastar al oficialismo.

Por su parte, hay que decir que el kirchnerismo, no sólo hace un asado bajo el agua sino que instala un parripollo.

No dejaron pasar el asunto, que es una mera cuestión administrativa, y metieron la cuña para avanzar sobre uno de los organismos que más los molesta. Los principales dirigentes del radicalismo salieron a bancar a Despouy después del intento de ayer del kirchnerismo.

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Pero antes de ayer, no estaban todos tan unidos.

¿Por qué molesta la AGN al gobierno?

Por ejemplo, fue la que había elaborado los informes en los que advertía sobre el estado de los ferrocarriles antes del accidente de Once. También auditó el estado del ferrocarril después del caso y ninguno de los informes fue tratado por el Congreso.

Fue la AGN la que auditó el Belgrano Cargas y reveló de qué manera se desvían fondos para financiar las “patotas” que están involucradas en el crimen de Mariano Ferreyra.

Como ya saben, el caso estuvo en el centro de la escena ayer cuando desapareció por 24 horas Alfonso Severo, uno de los testigos claves del caso.

La AGN auditó el sistema de pagos de los Aportes a Prestaciones Especiales (APE) y los desmanejos de esos fondos que involucran la salud de los trabajadores con cobertura de obras sociales sindicales.

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Los informes de la AGN son cajoneados de manera tan sistemática que Despouy se sorprendió cuando el ministro de Interior y Florencio Randazzo se hizo cargo de Transporte y determinó mediante una resolución que todas las disposiciones de la AGN debían ser tenidas en cuenta.

Se trata de una encrucijada. No debe el gobierno que terminó con la corte adicta del menemismo atacar al último organismo de control que funciona. Tampoco seguir cajoneando los informes que le servirían para depurar de corrupción al Estado.

Y el radicalismo no debería desaprovechar -en absurdas internas- la oportunidad que tiene de manejar la AGN.

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