Según el último informe de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el crecimiento económico no logra disminuir la tasa de delitos. Ni los muertos, que ya suman 1 millón en la última década. ¿Hay salida? Sí, pero no son las ensayadas hasta ahora.

Por Fernanda Sández

Un puntazo en el corazón de Ramiro Alvarez (21) lo mató en el instante. El chico estaba cargando nafta en la una estación de Servicios de Don Torcuato. Era plena tarde, cuando todo sucedió.

La mujer estaciona y baja. Dos jóvenes se acercan. Ella, en un rapto de locura o de valor, alcanza a rociarlos con gas pimienta. De haber salido algo mal, hoy la mujer podría ser otra más en la lista de 100 mil asesinados que, cada año, autorizan a colocar a América Latina como una de las regiones más violentas del mundo. Tanto que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), habla de una verdadera “epidemia” de violencia en la región.

No es para menos: en estas tierras hay 10 asesinatos cada 100.000 personas, cuando la media mundial es bastante menor, y 3 de cada 10 latinoamericanos afirmó “haber sido víctima de un delito que involucró violencia”. Así, “América Latina tiene la percepción de seguridad más baja a nivel mundial (43.44%)”. Traducido, esto significa que aún los habitantes del Africa subsahariana se sienten más seguros que un latinoamericano al caminar de noche por las calles de sus barrios.
Todos estos datos y muchos otros aún más inquietantes se desprenden de Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, el informe de Desarrollo Humano 2013-2014 de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el documento se analiza la realidad de 18 países de la región en materia de violencia y delito. Pero, y esto es lo más interesante del análisis, cada dato se contrasta y se cruza con mucha otra información referida a salud, educación, empleo, vivienda, etc. Esto se debe a que la seguridad ciudadana es definida como un “bien público” a ser garantizado por el Estado, ya es que vivir seguros es la condición indispensable para poder desarrollar plenamente la vida y ejercer los derechos ciudadanos.
Así es como, por ejemplo, el documento plantea que la tantas veces citada relación entre pobreza, desempleo y delito no es ni tan simple ni tan lineal como sostienen muchos analistas. De hecho, allí se lee que si bien “América Latina muestra hoy economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad. En la última década, la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y la difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos”.
Y no es una “sensación”, qué va. En Argentina, en sólo 10 días, fueron asesinadas 13 personas. Casi todas ellas, en circunstancias extremadamente violentas y en medio de un clima social de peligroso acostumbramiento a esta clase de noticias. En ese sentido, el informe también es claro al afirmar que existe un claro sub registro de hechos delictivos en la región, debido a la percepción generalizada de que nada se hará para reparar a las víctimas ni para castigar a los culpables.
De allí quizá también los números, excesivos por donde se los mire. Porque al margen de los 100 mil nuevos cadáveres cada 30 días, cada 24 horas hay 460 ataques sexuales y hasta los robos se han multiplicado por tres en los últimos 25 años. ¿Las causas? El documento, con ese tono diplomático propio de los estudios de este tipo, precisa que no hay explicaciones sencillas para un problema cuyas manifestaciones y derivaciones tampoco lo son.
Por sólo poner un ejemplo: mientras que en algunos países se ve una relación clara entre índices de homicidio e ingresos bajos, en otras naciones (o aun en distintas zonas de un mismo país) se da una relación directamente inversa: se asesina más gente en áreas de alto poder adquisitivo.
¿Entonces? Lo dicho: a problemas complejos, explicaciones complejas. Por eso, más que de un solo factor, el documento habla de una combinación de variables entre las que se cuentan el desarrollo económico sin igualdad social (en América Latina, los sectores más ricos siguen captando la mayor parte de la renta del país, lo que significa que la riqueza sigue estando en la mismas pocas manos de siempre), crecimiento descontrolado de las grande urbes, desestructuración familiar (hoy, en América Latina, los hogares pobres y con jefatura femenina son la norma), percepción de impunidad, corrupción policial y el fácil acceso a armas y a drogas.
Resultado: “entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo decreció o se estabilizó. Pero el deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. En algunos países la violencia letal es la que más aqueja a la población mientras que en otros los niveles son relativamente bajos, pero el aumento repentino y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía”, apunta el documento.
Desde allí puede comenzar pues a pensarse muchas otras cuestiones, como el rebrote cíclico de las llamadas políticas “de mano dura” que en algunos países –como El Salvador, por caso, asolado por las famosas “maras” o pandillas juveniles- han implementado planes represivos llamados, justamente, “Plan Mano Dura” y “Plan Super Mano Dura”. Pero –como también quedó demostrado en Brasil- la aplicación de esta clase de iniciativas, lejos de disminuir los niveles de violencia y delitos, los incrementan.
Justamente por eso, y en una de las secciones más interesantes del estudio, se presentan cinco ejemplos de iniciativas que, en materia de seguridad ciudadana, muestran el camino a seguir y que no es otro que el de “pasar de la reflexión a la acción, con propuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de aciertos y fallas”. Y, desde ya, entendiendo a la inseguridad como un fenómeno pluricausal en cuya solución también debemos involucrarnos todos.
¿Algunos de esos aciertos? El plan Fica vivo (Permanece vivo), implementado por las autoridades de Belo Horizonte, en Brasil, en cinco de los barrios en donde las tasas de violencia entre los jóvenes se había disparado y el número de muertes se volvió insostenible. ¿Qué hicieron? Más allá de una creciente presencia policial en cada sitio, impulsaron programa de deportes y recreación que mantuvieran a los chicos alejados de las calles y las disputas en horario extra escolar.
Intervinieron en las acciones líderes comunitarios, fiscales, asistentes sociales, maestros, vecinos. Resultado: “las cinco comunidades objetivo experimentaron una reducción en la tasa de homicidios de más del 50%”
En Colombia, en cambio, en 2010 se lanzó el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) que, para decirlo muy rápidamente, dividió a las ciudades con mayor tasa de delitos en “cuadrantes” más pequeños, en los que la policía, las autoridades civiles y la comunidad trabajaron juntos para enfrentar al delito. Resultado: “se encontró que la aplicación del PNVCC tendía a reducir el número de homicidios, robos y hurtos de vehículos”.
En todos los casos mencionados a modo de guía, valga la aclaración, se destacan tanto la participación activa de toda la comunidad como el trabajo con la localización geográfica del delito y la propuesta de políticas de corto, mediano y largo plazo. Y eso- si lo sabremos- no es precisamente la clase de cosas que sirven para ganar la próxima elección.
Para saber más:
https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=117
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/banco/ANEXO%20I.%20PNVCC.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/889/2/images/todossomosjuarezb(1).pdf