No hay nada dicho, señores. Todavía. La decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sobre el destino de la causa Hotesur no es definitoria y el pasaje hacia el Sur sigue abierto, así lo confirmaron en los tribunales a Border.
La causa quedará congelada hasta que llegue una segunda opinión jurídica sobre quién debe investigar el caso: un juez de Capital Federal o la magistrada federal de Río Gallegos.
Los camaristas del Sur fallaron el martes contra Lázaro Báez, uno de los investigados en el expediente que más preocupa a la Presidenta, y decidió que el juzgado con competencia para investigar supuestos delitos de lavado de dinero en la empresa hotelera de los Kirchner -que Báez gerenció hasta 2013- es de Capital Federal, por lo tanto, la causa se queda en los tribunales federales de Retiro.
Hace más de un mes que el titular del juzgado federal número 11, Claudio Bonadio, fue apartado de la causa Hotesur por la Cámara Federal porteña, acusado de “parcialidad” -no es la primera vez que se lo acusa de tal cosa-. El juez que asumió la dirección del expediente es Daniel Rafecas.
Pero la historia no termina aquí. Por más que la Cámara Federal patagónica haya decidido que el expediente debe ser investigado en la Capital Federal y no en Río Gallegos, aún falta saber qué dirá la Sala I de otra cámara federal: la de la Capital Federal.
En pocas semanas, se estiman tres o cuatro, según fuentes judiciales, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballesteros y Eduardo Faraha deben anunciar su posición sobre si la causa va a seguir siendo investigada en los tribunales federales de Capital Federal o viaja al Sur, donde los Kirchner y el resto de los imputados se sienten más contenidos.
En aproximadamente un mes, la Sala I dará su fallo. Es la misma sala que decidió apartar por mayoría a Bonadio de la causa. Y que convalidó el cierre de la causa iniciada por Alberto Nisman contra la Presidenta y etcéteras. Como ya contó Border, el camarista Eduardo Farah fue un aliado del Gobierno en los tribunales hasta que la alianza Kirchner-Jaime Stiuso voló por los aires. Hoy es un voto negativo asegurado. Fue el único de los tres miembros de la sala que votó a favor de Bonadio. Sus colegas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, votaron a favor de los Kirchner y expulsaron a Bonadio de la causa Hotesur, conforme a lo que los Kirchner exigían a través de Romina Mercado, la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner y presidenta del directorio de Hotesur.
Las esperanzas de que estos dos camaristas decidan que la causa quede en Capital Federal son escasas. Lo adelantó el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, otro enemistado con el Gobierno desde la pelea Kirchner-Stiuso. El pedirá que la causa quede en manos de un juez de Capital Federal.
Ahora bien, el antecedente que dejó asentado la Cámara de Comodoro Rivadavia dio un giro de 180 grados. El escenario cambió. ¿Contradirán Freiler y Ballesteros a sus colegas del Sur? De hacerlo, el fiscal podría apelar a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. Si en cambio, fallán en contra de la voluntad de la familia presidencial, las defensas irán por el mismo camino: apelarán a la Casación. Es la segunda carta en la manga de los Kirchner y compañía.
¿Qué sucederá en el máximo fuero penal del país? La causa será analizada por los miembros de la Sala I de la Casación, conformada recientemente por conjueces nombrados por el oficialismo. Ellos tendrán la decisión final: Capital o Gallegos.
La causa Hotesur viene de dar vueltas a toda velocidad, pero por ahora y hasta que la Cámara Federal porteña tome una decisión, quedará en stand by. La semana pasada, el juez Rafecas validó toda la prueba recolectada por su colega Bonadio durante los allanamientos del 13 de julio. Eso incluye los libros contables de las empresas de los Kirchner y de Lázaro Báez, entre otros.
Los camaristas de Comdodoro Rivadavia dijeron el martes que “aun cuando parte del reciclado de los fondos de origen delictivo se pueda haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su caso no habrían coemnzado, ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio”. “Si bien parte del reintegro del dinero de presunto origen ilegal al sistema legal habría acaecido en Santa Cruz, los delitos imputados revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en otras jurisdicciones con firmas con domicilio en otras jurisdicciones también”, agregaron.
