El juez federal Claudio Bonadio tomó una decisión clave en el FIFAgate. Esta semana, suspendió el trámite de extradición de Hugo y Mariano Jinkins, los empresarios titulares de Full Play Group, quienes están en la mira de la Justicia de los Estados Unidos por el escándalo de sobornos en la FIFA. Los Jinkis estarían cerca de recuperar su libertad.
Bonadío decidió posponer el juicio de extradición, favoreciendo así a los Jinkis, representandos por los abogados Jorge Anzorreguy y Jorge Anzorreguy hijo.
El juicio estará suspendido hasta que las autoridades estadounidenses le envíen a la justicia argentina más información sobre las pruebas que pesarían contra los Jinkis, padre e hijo. Ya que para el juez, las pruebas enviadas hasta el momento no serían “suficientes” para acusar a los empresarios y enviarlos a los Estados Unidos a rendir cuentas ante la Justicia.
Mientras tanto, los Jinkis aguardan la ampliación de pruebas en sus propias casas ya que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Hasta el momento, están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para cometer los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico.
Los Jinkis se habían entregado al juez Bonadio casi un mes después del pedido de detención internacional de los Estados Unidos. Estuvieron prófugos durante más de tres semanas, desde el 27 de mayo, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos oficializó el pedido de extradición.
Por escandaloso FIFAgate ya están detenidos siete dirigentes extranjeros de la FIFA y el empresario Alejandro Burzaco, ex presidente de Torneos y Competencias, quien se entregó a los estadounidenses en el marco de una negociación para entregar a sus jefes en el caso de sobornos en el fútbol internacional.
Sin embargo, los empresarios del fútbol seguirán teniendo que afrontar frentes judiciales, claro que no ante el monstruo del sistema judicial estadounidense.
Ya que en la Justicia local, el juez federal Daniel Rafecas tiene una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la que el organismo anti-lavado aseguró que los Jinkis, junto con Burzaco, habrían pagado millonarios sobornos a las autoridades de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para acceder a negociar con el Estado Nacional los derechos económicos de comercialización del marketing, publicidad y transmisión de diversos campeonatos de fútbol.
Según la UIF, los empresarios habrían obtenido unos 3,2 millones de dólares por la Copa América del año 2011, 8,6 millones de dólares por la del 2015 y por el Campeonato Sudamericano Sub-20, 19 millones de dólares por el Mundial de Fútbol en Brasil de 2014, 5,5 millones de dólares por la Supercopa de las Américas Argentina – Brasil de 2010 y 2011, y 1,8 millones de dólares por otros cuatro partidos de la Supercopa.
Y aquí está la trampa. Si el juez Bonadio determina que las pruebas en contra de los Jinkis sólo determina corrupción entre privados (Full Play y la FIFA, por ejemplo) la extradición de los empresarios se hará más difícil. Al menos con eso, especulan las defensas. Pero según la UIF, «todo ello (fue) en claro detrimento del patrimonio público». El organismo y la Procelac denunciaron a los empresarios por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública, más supuesto lavado de dinero.
Se trata entonces de dos visiones distintas. ¿Extraditará Bonadio a los Jinkis por corrupción entre privados y no por delitos contra la administración pública? Para lograr una extradición el delito de la acusación debe existir tanto en el país que pide a los acusados como en el que se los envía. Cómo encaja la “corrupción privada” en las leyes argentinas es lo que está en discusión. Podría encajar en el delito de estafa.
