Lo anticipó una senadora del riñón de José Cano. La provincia se encamina a la acefalía.

Frente a la decisión del gobierno de José Alperovich de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, los miembros del Acuerdo por el Bicentenario (APB) que lidera Cano no descartan recusar a miembros del tribunal por su cercanía con el mandatario.

“Es una Corte adicta”, afirmó Silvia Elías de Pérez, escudera de Cano en el Senado. En declaraciones a #Borderperiodismo, la senadora sostuvo que el radicalismo “presentará todas las recusaciones que tenga que presentar” contra los jueces del máximo tribunal.

Fue a la salida de la sesión de la Cámara alta, con la noticia todavía humeante de la nulidad de las elecciones declarada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenó que se vuelva a votar. Elías se anticipó a la presentación del recurso de casación ante la Corte, que el Poder Ejecutivo anunció horas después. Y es que la hoja de ruta del conflicto ya está trazada.

La decisión de la Cámara no tomó por sorpresa al oficialismo. Según supo este medio, Alperovich y el candidato a sucederlo por el Frente para la Victoria, Juan Luis Manzur, esperaban el fallo para el viernes y ya tenían tomada la decisión de apelar ante la Corte para que defina. Confían en frenar el tema allí.

Pero a la oposición no le costará demasiado trabajo encontrar argumentos para recusar a los miembros de ese tribunal. Algunos de ellos fueron funcionarios del gobernador Alperovich recientemente, como el vocal Daniel Posse, que se desempeñó como secretario de Gobierno entre 2033 y 2005, cuando pasó a  la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Otro caso es el de Claudia Sbdar, cuyo hijo fue designado secretario privado de Alperovich en 2012. Finalmente está el presidente del tribunal Antonio Gandur, quien por la extraña curiosidad de ser al mismo tiempo el presidente de la Junta Electoral Provincial, ya anticipó su opinión sobre el conflicto a fines de agosto, cuando dijo que era “imposible” realizar nuevamente la elección a gobernador.

Así, la disputa por las escandalosas elecciones del 23 de agosto pasado, que no se privaron ni del oprobio de las urnas quemadas, se encamina a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde las cosas tampoco están muy tranquilas.

La situación de Tucumán se torna más compleja cuando se tiene en cuenta que el mandato de Alperovich se termina, tras 12 años de poder, el 29 de octubre. Y si la disputa no se resuelve para esa fecha, la provincia quedará acéfala.

De todas formas, los tiempos tampoco darían para realizar nuevamente las elecciones antes de esa fecha, como ordenó la Cámara. Ese será uno delos argumentos del oficialismo e su apelación a la Corte.

El problema de la acefalía es que abre la puerta a una intervención federal. Si bien todavía no es una opción fuerte, algunos movimientos llaman la atención en ese sentido, como la demanda que el constitucionalista Eduardo Barcesat presentará en contra de los jueces de la Cámara por “sedición”.

Ocurre que el artículo 6 de la Constitución Nacional dice que el Gobierno puede intervenir una provincia “a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

El escrutinio definitivo de las elecciones dio ganador a Manzur con el 54,6 por ciento de los votos, contra el 39,9 que obtuvo Cano.

Pero del resultado, nada todavía.