Ni “cosas que pasan”, como arguyó el Gobernador de San Juan  ni una “versión malintencionada”, como  sostuvo la empresa en su primer comunicado.  El derrame de más de 1 millón de litros de agua con cianuro en la cuenca del Jáchal revela la verdad inconfesable de la mega minería.

Ya pasó. Ya había pasado antes  y no una sino varias veces. En  distintos años y en distintos lugares del mundo. Sucedió  en Estados Unidos (en Dakota del Sur, en Nevada, en Montana), en Guyana, en Rumania. En éste último caso, en Baia Mare, sucedió en 2000 algo muy similar a lo que pasó en San Juan el 13 de septiembre: un derrame de cientos de miles de litros de agua con cianuro. En el caso rumano,  la contaminación llegó al Danubio y exterminó plantas, peces y pájaros en tres países.

Ni riqueza ni empleo. Nada de nada derrama este tipo de explotación minera (llamada megaminería o minería a cielo abierto), en donde todo tiene la densidad de un espejismo. Porque si hay trabajo, es sólo por un rato, hasta que se acabe el mineral. Y cuando eso sucede y las empresas se van, lo que dejan detrás es un paisaje arrasado y poblaciones enteras convertidas en pueblos fantasmas. E inhabitables.

Tal vez por eso hace ya doce años que organizaciones como Greenpeace venían advirtiendo sobre el riesgo implícito en este tipo de prácticas. En particular porque de lo que se trata aquí es –para decirlo muy sencillamente- es de extraer el oro atrapado en las piedras de la montaña.

Para hacerlo, primero se vuela la montaña (dejando un enorme hueco donde antes había una altura), luego se mezcla a las piedras con agua cianurada para extraer el oro (el cianuro tiene la particularidad de unirse al metal precioso) y finalmente el agua con el veneno es depositada en unos gigantescos piletones denominados “diques de cola” que se quedarán ahí para siempre.

Algunos números para entender mejor de qué estamos hablando: para obtener uno o dos gramos de oro, las mineras del oro utilizan por día 9 toneladas de explosivos, 300.000 litros de agua y 10 toneladas de cianuro. Diez toneladas. “El desarrollo minero que se pretende ocurra en nuestro país en los próximos años puede tener altas consecuencias ambientales y sociales”, advertía ya en 2003 Greenpeace.

Trece años después, las consecuencias están a la vista y el episodio en la mina Veladero fue un buen ejemplo de esto.

¿Por qué? Porque todo – el derrame, la comunicación de ese derrame por vías “no convencionales” (como los mensajes de Whatsapp de  los obreros a sus familias y amigos, pidiéndoles que no bebieran agua del río), el silencio oficial, la desmentida de la empresa, el rol de la policía amedrentando a los vecinos y tanto más- dejó en claro para el resto del país lo que en San Juan es un secreto a voces: aquí, la compañía minera se levanta casi como un poder más del Estado, con notable influencia sobre los otros tres.

 “Más que San Juan, esto es Barricklandia”, ironiza Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y autor, junto a Maristella Svampa, del libro Maldesarrollo. “La empresa controla todo y a todos, digita a los medios, maneja la justicia y asusta a los vecinos. Conseguir un espacio para hablar de estos temas es casi imposible, porque el gobierno y la minera son casi la misma cosa”, denuncia.

Vaya un módico ejemplo: a horas del derrame, y cuando todavía la empresa y las autoridades provinciales parecían más preocupadas por minimizar lo sucedido, la comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación se trasladó  a sesionar a San Juan y debió reunirse en el Foro de Abogados. Barrick, en tanto, había dado su conferencia en la Casa de Gobierno de la provincia, mientras que el gobernador José Luis  Gioja participó en Buenos Aires de una charla en el Colegio de Ingenieros…y con auspicio de la Barrick, claro.

Viale es asesor de la comisión de Medio Ambiente del Senado y viajó a San Juan para verificar en persona lo sucedido allí. En diálogo con #BorderPeriodismo, confirmó que “el pueblo salió a la calle porque está harto. Yo hace muchos años que visito San Juan y este episodio marcó un quiebre. Con miedo y todo, la gente se movilizó porque se dio cuenta de que si no se manifestaban, todo esto iba a quedar en nada porque la empresa es casi el estado en esa provincia”.

Hoy, a casi dos semanas del derrame sucedido durante un fin de semana y “filtrado” a los medios por los obreros que pusieron en alerta a sus familias, todo ha vuelto a la “normalidad”. La justicia, de hecho, levantó la medida cautelar y la mina ha retomado sus actividades. Y aquí no ha pasado nada, porque así es como operan las empresas de corte extractivista: llegan, predan, destruyen, contaminan y se van. Así ha sido incluso en Estados Unidos, en donde el programa de remediación luego de tres sucesivos derrames de cianuro en debió ser costeado por el gobierno de los Estados Unidos.

Pero tal vez antes que eso inquieta por sobre todas las cosas no saber prácticamente nada de lo sucedido. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuánto veneno se derramó realmente, teniendo en cuenta que la empresa pasó de declarar 15.000 litros de solución cianurada a hablar de 224.000, para terminar reconociendo –recién ante la justicia- que el verdadero derrame  había sido de 1.000.470 litros, casi sesenta veces más que la cifra inicialmente declarada? 

Y, tal vez más central todavía, ¿cuáles son las prioridades reales de un gobierno tanto provincial como nacional (a través de la figura del candidato a la presidencia Daniel Scioli) que ha salido en bloque a defender este modelo de minería, prohibido en muchos países del mundo en función de su probada peligrosidad? Ahí está, de hecho, la denominada Declaración de Berlín, que no es otra cosa que el texto que en su momento (y luego del desastre de Baia Mare, en Rumania)  fijó la posición de Alemania en materia de minería a cielo abierto.

“Importante análisis científicos (especialmente eco-química, en ecosistemas biogeográficos, hidrológicos y geoquímicos) demuestran enfáticamente que el proceso de cianuro para la extracción de oro no puede ser aceptada, por sus daños irreversibles sobre los ecosistemas. Las tecnologías necesarias para la seguridad (como detoxificación, neutralización, reducción de la disponibilidad para los ecosistemas entre otros metales pesados) están solo al alcance de manera limitada. Esas tecnologías no pueden garantizar la existencia de la minería de oro segura.”, se lee en el documento.

El viernes 25 de septiembre, marcharon en la capital sanjuanina en defensa del agua y contra la megaminería unas 3.500 personas, lo que para muchos observadores significó un verdadero récord. “El agua es más importante que el oro”, fue  una de las consignas que más se repitió. ¿Alcanzará con eso? ¿Bastará con marchas y movilizaciones para detener no ya a una empresa sino a un sistema de explotación de los bienes naturales comunes basado en el “Llego, saqueo y me voy”? ¿Servirá este desastre anunciado para detener otras tragedias en maceración? Lo sucedido en Jáchal, por lo pronto, encendió una alerta. Tal vez, un límite. El tiempo y la memoria dirán lo demás.

Para saber más:

•  Minería a cielo abierto. Entrevista a Javier Rodriguez Pardo: https://youtu.be/cAGPAVVSbG4
• José Luis Gioja le dijo «Me Cago en la Barrick» a Greenpeace: https://youtu.be/Qms2_t-oNc0
• Drilling and blasting barrick veladero: https://youtu.be/nKXSi7l56oY