Cerca de la diputada confirmaron a #BORDER que hay diálogos diarios con el Ejecutivo. El reclamo para evitar “garantías de impunidad” en la ley que se discutirá desde esta semana en el Congreso.
La diputada Elisa Carrió aspira a torcer la voluntad del Gobierno de incluir a funcionarios de la administración pública en la ley de blanqueo que presentará mañana al Congreso. Desde el entorno de la líder de la Coalición Cívica, confirmaron a #BORDER que comenzaron un diálogo con el Ejecutivo para lograr mayores restricciones en el proyecto que el macrismo quiere sancionar en menos de 40 días.
“Buscamos una ley sin garantía de impunidad. Nos preocupa que los fondos de la corrupción de la administración pública regrese a nuestro país como dinero lícito”, sostuvo a este medio la secretaria general de la Junta Nacional de CC-ARI, Maricel Etchecoin Moro, quien hoy firmó un duro comunicado que encendió las alarmas del Gobierno. En el escrito, el partido de Carrió solicitó que los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como los contratistas y concesionarios estatales y las personas imputadas en delitos contra la administración pública queden excluidos del beneficio propuesto por el Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de viaje oficial en España, sostuvo antes de partir que “todos” estaban incluidos en el plan. En el Gabinete nacional hay varios miembros que hace pocos meses dieron el salto desde el ámbito privado y podrían beneficiarse de la normativa. “No se puede hacer una ley pensado en algunos casos particulares”, enfatizó el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, en diálogo con #BORDER y adelantó que apoyará la Ley de Blanqueo en general pero objetaría que desde el sector público se beneficien con la norma. “Es una ley muy buena pero le faltan dos artículos con las restricciones para evitar impunidad”, añadió.
Según estimaciones extraoficiales, los argentinos tienen en el exterior alrededor de 200 mil millones de dólares sin declarar. Las políticas de blanqueo generalmente son impopulares porque premian a quien tuvo un comportamiento ilegal y desalienta al buen contribuyente que realizó el pago de sus impuestos. Por eso, el Gobierno dispuso penalidades de entre el 5 y el 15 por ciento del capital que se exteriorizará a partir de la sanción del blanqueo y legitimó la iniciativa –que había sido criticada por miembros del oficialismo cuando eran oposición al kirchnerismo- al asignar como destino de lo recaudado el pago de los juicios ganados por los jubilados y un aumento para 2,5 millones de adultos mayores.
Sánchez explicó que su partido apoya el blanqueo en esta oportunidad porque se da en el marco un acuerdo inédito entre la mayoría de los países de la OCDE para compartir información fiscal desde 2017. Es decir, que quienes no tengan sus fondos declarados quedarán expuestos y el Estado podría iniciar causas judiciales contra esos contribuyentes. Exteriorizar sus capitales por adelantado evitaría el proceso.
Los radicales también comenzaron a mostrar reparos en la posibilidad de beneficiar a ex funcionarios o responsables de la administración pública. Por eso, desde el entorno de Carrió confían en torcer la voluntad del Ejecutivo.
Carrió mostró ser una aliada incómoda en Cambiemos, dispuesta a abandonar las formas políticamente correctas de las alianzas tradicionales. Tras inutilizar a Daniel Angelici como operador judicial, embistió contra el papa Francisco; el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y criticó la iniciativa oficial de blanqueo. Además, desde Estados Unidos cuestionó que el Presidente tenga una cuenta con $18 millones en Bahamas: “Yo no hubiera tenido dinero fuera de la Argentina”, sostuvo. Un día después, Macri anunció que repatriará el dinero.
