El objetivo inicial era presentarla en el segundo semestre, pero los plazos de redacción se demorarán. Se llamará “ley de Comunicaciones Convergentes” y apuntará a dejar atrás la norma que impulsó el kirchnerismo, con el argumento de la actualización tecnológica. Ya están los 17 “principios” que la regirán.
La nueva ley de medios que el gobierno de Mauricio Macri anunció que pretendía impulsar este año deberá esperar. La demora, sin embargo, no aparece hoy como un problema para Cambiemos ya que el costo político de modificar la ley a través de un decreto ya fue pagado y las críticas de diversos sectores quedaron fuera de la agenda.
La comisión redactora de la ley de Comunicaciones Convergentes (como decidieron titularla), que preside Silvana Giudici, se creó en marzo y se fijó un plazo de 180 días para redactar la norma. El objetivo que tiene es unificar en un solo lo texto todo lo referido a los medios de comunicación audiovisuales y las telecomunicaciones, ya que durante el kirchnerismo se votaron dos leyes separadas que tenían varios puntos de contacto, algo que con los avances tecnológicos resultaba irrisorio para sus detractores. La comisión funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones y será la que diseñe el anteproyecto de la nueva norma macrista.
Lo cierto es desde esta óptica, además, el Grupo Clarín deja de ser el actor dominante -como lo es en el área de medios- para ser un competidor de menor fuerza ante las telefónicas (Telefónica, Telecom y Claro). Algo que desde lo discursivo le sirve al Gobierno para no quedar pegado al multimedios.
Fuentes de la Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), sin embargo, adelantaron a #BORDER que los plazos de redacción vienen demorados. Argumentan que “son muchas las organizaciones que quieren dar su aporte en las reuniones participativas” que se vienen realizando. Así, estiman que recién para fin de año pueda estar para consideración del Poder Ejecutivo por lo que recién en 2017 se presentaría en el Congreso.
Allí, Cambiemos tendrá otra dura batalla. Promete ser un tema que no pasará desapercibido para la oposición, ya que son muchos los intereses cruzados que se ponen en juego.
Mientras tanto, la comisión redactora ya difundió los “17 principios” en los que se basará la ley. En el segundo ya se destaca que “los operadores de Comunicaciones Convergentes deberán garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información”, algo que muy probablemente desde la oposición harán especial énfasis.
El sexto principio es que el acceso universal y de calidad a internet debe ser considerado como un “derecho fundamental”. Este es un eje en el que el Gobierno seguramente se parará para defender la nueva norma, argumentando que la ley de medios anterior no hacía mención a internet.
Los principios también hacen mención a la defensa de la competencia entre los servicios de comunicaciones, la promoción de la producción nacional en los medios, y el respeto al pluralismo en los medios públicos, entre otros.
Por decretos. Luego de un principio de mandato donde encontró resistencias para desarmar puntos claves de la ley de medios K, Macri consiguió que el tema dejara de estar en la agenda.
El primer golpe lo dio con el decreto que creó nuevos ministerios y estableció que la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), que conducía Martín Sabbatella, quedaba bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicaciones. Esa decisión ya generó la resistencia de Sabbatella y compañía.
Unas semanas después, Macri firmó un decreto para intervenir tanto Afsca como Aftic (ente que regulaba las telecomunicaciones) y allí estalló la guerra política, con presentaciones judiciales cruzadas y con el funcionario kirchnerista atrincherado en el organismo.
Ya en enero, el Gobierno sacó un decreto de necesidad y urgencia con el que disolvió la Afsca y la Aftic, para crear el Enacom, y además modificó algunos artículos clave de la ley de medios. A pesar de las críticas, sobre todo del kirchnerismo y sectores progresistas, la Cámara de Diputados le dio el visto bueno al DNU y le dio así carácter de ley. El decreto, en tanto, no fue sólo apoyado por el grupo Clarín sino por casi todos los grupos mediáticos.
La paz política, es de esperar, que se vuelva a romper cuando se conozca el texto de la ley de medios de Macri y cada sector busque sacar su rédito político.
