Política y Economía

Cristina inhibida: lo que puede hacer (y lo que no)

Cristina inhibida: lo que puede hacer (y lo que no)

La medida dictada por Ercolini se suma a una anterior de Bonadio. Aplica para los bienes registrables, como inmuebles y autos. También para los depósitos bancarios. Es clave el armado de los oficios que dispone el juez, para que no queden cabos sueltos. Y es fundamental tener un relevamiento patrimonial previo, algo que no parecería ser el caso. Permitidos y denegados para CFK.

 

Ya van dos jueces que deciden dictar la inhibición general de bienes de Cristina Kirchner. Este lunes, Julián Ercolini se sumó a Claudio Bonadio en su decisión de prohibirle a la ex presidenta disponer de sus bienes, que, en principio, serían los $ 77 millones que aseguró tener en su última declaración jurada.

Cristina en Tribunalds, en abril, cuando fue citada por Bonadio.

Cristina en Tribunales, en abril, cuando fue citada por Bonadio.

#BORDER decidió hacer una guía básica para explicar qué significa esta decisión, que en los hechos congela todos los bienes registrables que tiene Cristina, por lo menos hasta que la causa se resuelva. El objetivo, en última instancia, es que si la causa termina demostrando que es culpable se pueda recuperar parte del dinero.

Porqué la inhibición. El juez Ercolini, en su dictamen, toma como válido el argumento de los fiscales (Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques) de que “la propia duración de este complejo proceso aumentaba las posibilidades de que los bienes que pudieran verse
involucrados, desaparezcan”.

El juez Julián Ercolini la citó a indagatoria para octubre.

El juez Julián Ercolini la citó a indagatoria para octubre.

Natalia Volosin, especialista en criminalidad económica, asegura que tanto la inhibición de bienes, como los embargos, son parte de un proceso creado para recuperar los activos que formen parte de un proceso delictivo. Comienza con investigación patrimonial (que debería darse en el proceso previo a una citación) que sirve para saber cuántos bienes tiene el imputado, continúa con la medida cautelar que traba el embargo o la inhibición de bienes, y termina, con la sentencia, en el decomiso de los bienes.
En este punto, hay una sustancial diferencia entre un embargo y una inhibición. La primera rige contra los bienes, la segunda contra las personas. Bonadio, por ejemplo, primero le había fijado a Cristina un embargo de $ 15 millones de sus bienes, pero como ella nunca aceptó decidir cuáles quedaban congelados, el juez decidió la inhibición total.
En ese caso, además, la ventana de tiempo hasta que se dictó la inhibición de los bienes permitió los movimientos de fondos a cuentas de Florencia Kirchner, que fue luego descubierta por la Justicia y que terminó con esos fondos congelados.

Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte Suprema.

Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte Suprema.

Bienes registrables. Como explica el ex perito de la Corte Suprema y actual titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, “teóricamente, Cristina no debería poder disponer de nada, y su situación patrimonial quedar cristalizada como está”. Sin embargo, aclara que hay cosas más simples de paralizar, pero otras más difíciles “porque hay mil vericuetos”.
En principio, lo más fácil es congelar todos los bienes registrables: inmuebles, autos, barcos, aviones e incluso caballos. También se puede apuntar, con relativa facilidad, a todas las cuentas bancarias e inversiones financieras (plazos fijos, por ejemplo) y bursátiles (acciones). Quedan afuera los bienes no registrables, como los muebles, y el dinero en efectivo con el que cuente al momento de la decisión judicial. Popritkin se pregunta, por ejemplo, qué pasa con el cobro de “los alquileres, entre comillas”. La ex presidenta está impedida de vender todo bien inhibido. Puede continuar viviendo y utilizando cualquiera de sus propiedades, pero no puede desprenderse de ellas, como así tampoco volver líquidas sus inversiones como plazos fijos o su participación accionaria en empresas como Hotesur o Los Sauces.
“La aplicación dependerá de cuán bien estén armados los oficios y si hay hecho un relevamiento patrimonial previo”, dice Volosin. Es que para que se haga efectiva la inhibición, el juez debe informar a diferentes entidades. Es muy común, según describe Volosin, que los jueces por ejemplo avisen solamente a los registros de la propiedad inmueble de su jurisdicción. Así, quedan afuera todas las propiedades que el imputado pueda tener en otros puntos del país.

CFK está investigada por armar una asociación ilícita para favorecer a Lázaro Báez.

CFK está investigada por armar una asociación ilícita para favorecer a Lázaro Báez.

En este caso, Ercolini pidió que se informe a “a todos los Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, al Banco Central de la República Argentina, al Studd Book de la Asociación Civil Jockey Club, a la Comisión Nacional de Valores, al Mercado de Valores, a la Caja de Valores S.A., a la Inspección General de Justicia, y a los restantes organismos equivalentes a este último de todas las provincias”.

Relevamiento patrimonial. “Por eso es importante una investigación previa”, explica Volosin, para quien de esa manera los oficios pueden estar mucho más focalizados. “Cuando no tenés hecha esa investigación, hacés los oficios lo más amplio posible”, agrega. Es lo que hizo, en su criterio, Ercolini. “Todo indica o hace pensar que acá no hay una investigación patrimonial previa. La denuncia original, de Carrió, es de 2008 (se refiere a la denuncia por asociación ilícita en el que está enmarcada esta causa)”, concluyó.

Natalia Volosin, especialista en criminalidad económica.

Natalia Volosin, especialista en criminalidad económica.

Además, sostiene que en 2009, el entonces procurador Esteban Righi le ordenó a los fiscales hacer investigaciones patrimoniales en este tipo de causas complejas. “Es de cumplimiento obligatorio, pero pocos lo hacen”, añadió.

El día a día. La inhibición de bienes, en todos los casos, no puede quitarle al imputado el dinero mínimo para vivir. “Hay cuestiones alimentarias que deben estar cubiertas. El vivir de una persona normal”, describe Popritkin. El problema, en ese punto, es determinar qué es tener un comportamiento normal. “Debiera siempre aceptarse un mínimo a disposición”, coincide Volosin.

El juez Claudio Bonadio fue el primero en inhibir sus bienes.

El juez Claudio Bonadio fue el primero en inhibir sus bienes.

En el caso del “dólar futuro”, que sigue el juez Bonadio, este punto levantó polémica. Cristina solicitó, tras la inhibición, que le permitieran disponer de las dos pensiones que cobra: la jubilación vitalicia por haber sido presidenta y la pensión de por su fallecido esposo, también ex presidente. Entre las dos, suman unos $ 340 mil, aunque ahora esa superposición de beneficios está siendo puesta en discusión. El juez, a pesar del abultado monto, aceptó desbloquearlas.
De esta forma, el banco Patagonia (a través del cual las cobra) deberá verificar el monto depositado en la cuenta y permitirle usar esos fondos. Sin embargo, deberá bloquear cualquier otro tipo de depósitos que no provengan de la Anses.

¿Y las tarjetas? Un punto complejo para trabar la inhibición es el de las tarjetas de crédito. ¿Entran en la misma consideración de las cuestiones alimentarias? ¿O depende de qué es lo que quiera comprar? No es lo mismo una compra de supermercado que una cartera de primera marca.
“Si la tarjeta es emitida por un banco y la inhibición se notifica al Banco Central, en principio no podría usarla. Pero si es directa, como una American Express, deberían notificar a la empresa a través de un oficio”, señala Volosin. “Pero para eso hace falta saber si tiene esa tarjeta”, agrega, y vuelve al mismo problema de antes: la investigación patrimonial que debería ya estar hecha.

Cristina Kirchner no tiene limitaciones para movilizarse por el país y la medida inhibitoria tampoco le impediría salir del país, aunque en ese caso, dependería de la capacidad económica que le deje la inhibición y, seguramente, algún tipo de aviso o permiso judicial.

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