Se trata de las preguntas que los diputados le hacen al gobierno. Las consultas primero deben ser aprobadas en una sesión y recién ahí son mandadas al Ejecutivo. En el último año, el bloque K, que era mayoría en la Cámara, ni siquiera permitió que se apruebe ninguno de los 899 pedidos de informes presentados.

La resistencia del kirchnerismo a dar explicaciones sobre los actos de gobierno fue bien conocido, sobre todo por los periodistas, que siempre tuvieron dificultades para conseguir las respuestas de los funcionarios. Sin embargo, para los diputados de la Nación, representantes del pueblo, también se volvió una tarea ardua. Entre 2013 y 2015, la administración de Cristina Kirchner no respondió a ninguno de los pedidos de informe que hicieron los legisladores.

El dato surge de un indicador de control legislativo que todos los años realiza la Fundación Nuevas Generaciones. El primer filtro para la falta de respuesta oficial estuvo siempre en la propia Cámara de Diputados, donde el oficialismo K se negaba a aprobar los proyectos con las preguntas de los opositores. Así es como entre 2003 y 2015 apenas el 13% de los pedidos de informes presentados fueron aprobados en el recinto y girados al Poder Ejecutivo. En números, significa que hubo 12.797 pedidos de informes solicitados, pero apenas 1.658 aprobados en el recinto.
En el último trienio cristinista, ese promedio se redujo a cifras casi nulas. De 3.140 pedidos hechos, sólo se aprobaron 6: 3 en 2013, otros 3 en 2014 y ninguno en 2015 (sobre 899 realizados).
El segundo filtro es el que hizo el Poder Ejecutivo, porque de los seis pedidos de informes que le llegó en los últimos tres años, no respondió ninguno. Lo curioso es que hasta 2009, el kirchnerismo mantuvo un elevado nivel de respuesta, con porcentajes superiores al 70%. En 2010, el promedio bajó al 51% y se derrumbó en 2011, con apenas un 3,5% de los pedidos de informes respondidos. En 2012, ese índice fue del 6,7%. En total, en el período 2003-2015, de los 1.658 pedidos de informe que aprobó la Cámara baja, el Gobierno respondió 1.067 (el 64%).
En este punto, las críticas opositoras siempre fueron también que el contenido de las respuestas, cuando llegaban, dejaban mucho que desear. Sostenían que no siempre se respondían todas las preguntas o que se enumeraban cifras sin dar muchas precisiones.
“Hoy en día nuestra sociedad exige más acceso a la información pública, mayor transparencia y tiempos más abreviados de respuesta. Es escandaloso que durante los últimos años la facultad de control del Poder Legislativo hubiera sido anulada y que los diputados no hubieran obtenido ni una sola respuesta del Poder Ejecutivo a los miles de pedidos de informes que presentaron”, aseguró el ex diputado macrista Julián Obiglio, presidente de la fundación, durante la presentación del informe.
Desde el kirchnerismo, siempre se respondió que la mayoría de las preguntas formuladas por los diputados terminaban siendo respondidas por el jefe de Gabinete en sus presentaciones en el Congreso, por lo que se volvía repetitivo. Sin embargo, desde la Fundación Nuevas Generaciones respondieron que el único de los funcionarios que cumplió con ese procedimiento con regularidad fue Jorge Capitanich, en 2014, pero que antes ninguno de los jefes de Gabinete se presentó todos los meses, como marca la Constitución, y que después, cuando volvió al cargo Aníbal Fernández, la tendencia de Capitanich se volvió a romper. Y además, aclaran que hay un tema de prontitud que el Ejecutivo debe respetar, por lo que esperar la respuesta del jefe de Gabinete se podría demorar.
Esta situación ya generó iniciativas para modificar el reglamento de la Cámara. El titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Ricardo Spinozzi, que estuvo durante la presentación del informe, adelantó que tiene previsto presentar un proyecto para modificar el procedimiento y así darle mayor celeridad. Las propuestas de Nuevas Generaciones incluyen que si un pedido de informes es firmado por más de 20 diputados no sea necesario que pase por ninguna comisión y debería ser tratado en el recinto en la próxima sesión. Y si el pedido llega a ser firmado por más de 30 diputados, el proyecto prevé que sea girado por el presidente de la Cámara de directamente al Ejecutivo, sin que pase por el recinto. Además, buscan que se establezca la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público en el caso de que un pedido de informes no sea respondido en tiempo y forma.

Recién este mes se aprobó una ley de acceso a la información pública, que permite que los ciudadanos comunes puedan exigir respuestas a los mandatarios. Hasta ahora, sin embargo, los diputados tampoco tenían la información pública a su disposición.