Todos se muestran firmes, pero la batalla no puede seguir estirándose. Los sindicatos nacionales ya pidieron la autorización para montar la nueva carpa blanca, desde donde insistirán con la paritaria nacional. El Gobierno se la habilitó, pero por un plazo determinado. Y cree que esos gremios no pelean por salarios sino por poder. El común horizonte electoral y la líder de Ctera en el instituto de Cristina.

Parece una historia de nunca acabar. Pero los protagonistas ya se están dando cuenta que son los últimos chispazos de una guerra de poder que está pronta a terminar. Por lo menos, por unos meses. Es que la discusión ya no está girando en torno a las mejoras de la educación pública y a la situación salarial de los docentes, sino que Gobierno y gremios se pelean para ver quién impone las condiciones a futuro. Y en el futuro, aunque digan que no, todos ven elecciones.

El affaire de la carpa blanca del siglo XXI (o escuela itinerante, como se la promovió), que terminó con escándalo por la intervención policial y la detención de cuatro dirigentes gremiales, se suma así a una batalla que acompañó la agenda política desde febrero hasta hoy. La estructura, finalmente, se va a montar pero el Gobierno pretende que sea por un tiempo determinado: hasta el 18 de abril. Los docentes, mientras tanto, van a tener una tribuna para intentar mantener vivo su reclamo.

En ese marco, desde el oficialismo están convencidos de que los sindicatos de docentes con representación nacional no quieren perder trascendencia en las futuras negociaciones salariales, y por eso se mantienen firmes. ¿Cuál es la disputa? Ctera y el resto de los gremios nacionales exigen que el ministro de Educación, Esteban Bullrich (¿futuro candidato?), convoque a una paritaria nacional para discutir el salario mínimo docente en todo el país. Se basan en el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, votada en 2005. Allí dice que el Gobierno y los gremios deben acordar un “convenio marco que incluirá cuatro pautas”, y una de ellas es el “salario mínimo docente”. Desde Cambiemos retrucan que el año pasado, en la paritaria nacional, se acordó que ese haber mínimo tiene que ser siempre un 20% superior al Salario Mínimo Vital y Móvil y que esa cláusula hace que la paritaria nacional docente no sea necesaria. En enero, el SMVM subió a $ 8.060, por lo que el mínimo docente pasó a $ 9.720.

El tema está judicializado. La jueza Dora Temis ya definió que el Gobierno debe convocar a los gremios, pero el fallo fue apelado y ahora se deberá definir en segunda instancia.
La batalla hoy está plantada en ese punto. En Gobierno creen que los sindicatos no están discutiendo salarios, sino poder. Que si impone su postura de que los salarios ya no se discutan en el orden nacional, los gremios temen perder su gravitación ya que las negociaciones se limitarán al orden provincial.

Después de la represión del domingo, los gremios convocaron a un nuevo paro nacional para este martes, de cumplimiento muy dispar. Es en reclamo por el accionar policial y para que los habiliten a montar la carpa en la plaza de los dos Congresos. El lunes, después del cruce, ya se habían presentado en el ministerio de Espacio Público para conocer los requisitos para montar la estructura. Horas después, ya estaban formalizando el pedido ante esa dependencia, incluyendo un punto clave: un seguro (será por $ 300 mil y está en trámite con la aseguradora Federación Patronal). Es que uno de los argumentos principales del Gobierno porteño es que ese tipo de instalaciones en lugares públicos deben estar asegurados, porque si ocurre un accidente la responsabilidad terminaría siendo de la autoridad pública.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ya anticipó que si todo está como corresponde, la estructura será habilitada. La diferencia, es que ahora le podrán fijar un tiempo límite. La autorización es por una semana.

Las horas previas a acceder a la instalación despertaron la picardía. Ante los micrófonos el discurso oficial era cohesivo y machacaba con la ilegalidad de la instalación intentada el domingo, Los más técnicos comparaban la situación de la carpa con lo que sucedió cuando los ex combatientes de Malvinas quisieron construir un refugio en Plaza de Mayo, a fines de 2015. «En un día la Justicia ordenó impedirlo». Otros, los más políticos, advertían sobre el futuro, por lo bajo: «Esto va a ser por un tiempo. Viste que siempre puede faltar un matafuegos…».

Lo cierto es que Mauricio Macri no quiere que la carpa esté montada y en pleno funcionamiento durante la campaña electoral. Por más que muchos lo sostengan, el miedo del Presidente no surge de la comparación directa con la carpa blanca en tiempos de Menem. La verdadera razón que puso firme al Gobierno fue suponer que, detrás de esa estructura que los gremios llaman aula, se erija un escenario que resulte tentador para que Cristina Fernández de Kirchner cierre alguna campaña, si finalmente oficializa su candidatura.

En en el escenario de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ya machacó sobre los ciertos intereses electorales del líder de SUTEBA, Roberto Baradel, que endureció su postura al ritmo del crecimiento de la izquierda dentro de su gremio, de cara a las elecciones gremiales del 18 de mayo. La estrategia, surgida del riñón de María Eugenia Vidal, parece haber ascendido: la mirada de la Rosada se posó ahora sobre la titular de Ctera, Sonia Alesso.

El discurso de la líder docente al anunciar el paro resonó con la cadencia de las elocuciones del kirchnerismo y, en los oídos de varios oficialistas de paladar negro, hasta con lo que consideraron ciertos modismos de la propia Cristina. No tardaron en notar que Alesso, junto a Baradel, habían visitado a la ex presidenta en su Instituto Patria. Aquella vez, como parte de la representación de la CTA. Pero la líder de la Ctera también fue parte de un «ciclo de charlas» en el nuevo reducto académico K. En octubre pasado, integró un panel sobre «los desafíos de la educación en la Argentina». 

El actual desafío sigue y ninguno de los actores quiere dar el brazo a torcer. El Gobierno mira las encuestas y se niega a convocar a una paritaria nacional. Cree que lejos del círculo rojo, hay más bronca con los gremialistas que con su intervención policial. Los sindicatos, desde el escenario que montarán frente al Congreso, insistirán con su lucha, que seguirá embanderada tras el reclamo casi indiscutible por salarios dignos. Pero mientras, todos y cada uno miran a su propio horizonte electoral.  Una puja de poder, que mantiene a todos aplazados.