Política y Economía

Ley de lobby: El Gobierno presenta proyecto para regularlo pero hoy informa mal sus reuniones

Ley de lobby: El Gobierno presenta proyecto para regularlo pero hoy informa mal sus reuniones

El texto ya está listo para ser debatido en el Congreso. Busca que todas las audiencias que mantengan funcionarios del Gobierno, del Parlamento o de la Justicia sean informadas. Y que si alguien vinculado al tema quiere tener también una reunión deberá recibir el mismo trato. El registro funciona en la actualidad pero nadie lo cumple. Macri, por ejemplo, todavía no habría tenido audiencias en abril. Sanciones.

 

El Gobierno de Mauricio Macri ya tiene listo el proyecto de ley de gestión de intereses, que tiene como objetivo regular una actividad típica de la política: el lobby. El eje principal de la iniciativa es que los funcionarios de los tres poderes del Estado van a estar obligados a informar todas las audiencias que mantengan. Es algo que hoy ya existe en la órbita del Poder Ejecutivo, aunque no funciona con prolijidad y no hay ningún control al respecto.

Las definiciones de lobby, según el proyecto de ley.

Las definiciones de lobby, según el proyecto de ley.

La regulación del lobby fue una de las primeras iniciativas de transparencia evaluadas por el Gobierno, como anticipamos en #BORDER. Se trata con diferentes criterios en todo el mundo. Hay países que se niegan a regularlo, como Suecia, por ejemplo. Otros, como México y Chile, en los últimos años incorporaron legislación para controlarlo. Un caso especial es el de Estados Unidos, donde incluso existe un “registro de lobbistas”. Son las únicas personas habilitadas para ir a influir sobre las autoridades públicas en diversas materias. En Chile se intentó realizar pero fracasó. En Argentina, un primer borrador también incluía esa posibilidad, pero terminó siendo descartada. Según explican los especialistas, limitaría la capacidad de lobby de sectores con menos recursos, ya que los servicios de esos lobbistas, en Estados Unidos, se contratan.

Carbajal y Pérez, los autores.

Carbajal y Pérez, los autores.

La redacción del proyecto fue comandada por el Ministerio del Interior, en consonancia con la Oficina Anticorrupción y la Jefatura de Gabinete. La autoría es de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, y Marina Carbajal, subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.

La iniciativa establece que todas las audiencias que un funcionario mantenga deberán ser informadas en un sitio web. Por el decreto 1172 de 2003, eso es algo que el presidente, ministros y otros funcionarios deberían haber hecho. Pero nunca se cumplió a rajatabla.

Y se proponen dos cambios clave. El primero, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, como otros organismos del Estado o empresas con participación estatal, también van a estar obligados a informar todas sus audiencias, ya sea con empresarios, representantes de ONGs o sindicatos, por ejemplo.
Y la segunda diferencia es que la ley exigirá “igualdad de trato”. Por lo que si un ministro mantiene una reunión con una empresa, la competencia -o algún otro actor vinculado al mismo sector (tiene que demostrar legitimidad)- debe ser recibida por ese funcionario si lo solicita. Así, no sólo se garantizaría la publicidad de los actos de gobierno sino que también se apunta a evitar favoritismos o privilegios. Si alguien quiere hacer lobby para lograr la sanción de una ley, debería ser público y quienes se opongan deben tener la libertad de expresar su postura por las mismas vías.

Las últimas audiencias que aparecen registradas por Macri. Ninguna en abril.

Las últimas audiencias que aparecen registradas por Macri. Ninguna en abril.

El gran interrogante es si efectivamente el lobby podrá ser regulado. En la Argentina, la tradición indica que la gestión de intereses se hace sottovoceMientras menos visibilidad tenga, mayor éxito se espera. Por lo que el cambio no debe ser solo de legislación, sino cultural. En el Gobierno, creen que al tener autoridades de control al respecto (la ley establece que serán los mismos organismos encargados de responder a los pedidos de información pública), la supervisión sobre las audiencias será más precisa.

El registro de audiencias que funciona actualmente.

El registro de audiencias que funciona actualmente.

Es algo que no ocurre hoy. La administración de Cambiemos le dio impulso al registro de audiencias, pero sus funcionarios no lo cumplen a la perfección. O están teniendo pocas audiencias. En el caso de Macri, por ejemplo, no tuvo audiencias en lo que va de abril y apenas tuvo siete en todo marzo (la mayoría con otros funcionarios para analizar la gestión). Un rápido cruce con las reuniones que se difundieron en lo que va del mes demuestra que no están siendo difundidas en tiempo y forma: se juntó con empresarios y con mandatarios de otros países, por ejemplo. Fuentes gubernamentales asignan este déficit a la demora para cargar la información.
Los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Juan José Aranguren (Energía), en cambio, son los que mejor están cumpliendo con registrar sus audiencias. Triaca informó que el lunes tuvo un encuentro con Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT. La última de Aranguren, en tanto, fue el 10 de abril, con representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

El resto de los funcionarios suelen directamente incumplir con la norma. De aprobarse la nueva norma, según el artículo 11, serían pasibles de sanciones “en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil y penal”, establecidas en las normativas vigentes, pero que no se especifican en el nuevo texto.

La última reunión registrada, de un funcionario de Energía con un banco.

La última reunión registrada, de un funcionario de Energía con un banco.

La última reunión cargada en el sistema, al cierre de esta nota, la tuvo el subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Energía, Mauricio Roitman, con gerentes del Banco Santander. El motivo: “Contexto del mercado energético en la Argentina y oportunidades de financiamiento”. De aprobarse la nueva ley que impulsa “el Gobierno de los CEOs”, cualquier otro banco podría pedir una reunión similar y el funcionario estaría obligado a concederla.

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