El oficialismo evalúa otra reforma en el Consejo de la Magistratura, para fines de año o principios del próximo. Los fracasos ante la causa Odebrecht, Gils Carbó y Freiler. La promesa de acabar con la impunidad, jaqueada por los pasos ingenuos de un Gobierno que se balancea entre el respeto institucional y la necesidad del cambio.
No quiso, no supo o no pudo. Como sea, el «mani pulite» judicial que Mauricio Macri había prometido en la campaña y que cayó herido después de dar sus primeros pasos, le cobra factura al Presidente a cada vuelta de la esquina.
Esta semana en particular el Gobierno se topó de frente con sus mayores derrotas judiciales, que a la postre siempre se terminan convirtiendo en fracasos (cuando no escándalos) políticos.
Recién apagados los últimos fuegos del desfile del 25 de mayo, en el PRO confirmaban sus peores sospechas de que Jorge Candis (representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura) no los iba a acompañar en su intento de destituir el camarista Eduardo Freiler, responsable de archivar dos veces la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el Pacto con Irán y muy cuestionado por su patrimonio (17 millones de veces cuestionado, si hablamos en pesos, para ser exactos).
El mismo día confirmaban que la Justicia brasileña le enviaría toda la información sobre la versión local del Lava Jato, las coimas de al menos 35 millones de pesos que la propia empresa Odebrecht reconoció que pagó en la Argentina, a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a la que consideran su archienemiga desde que asumieron en el poder.
El intento del ministro de Justicia, Germán Garavano, de asegurarse él también de recibir esa información había fallado -la justicia brasileña es mucho más apegada a las formas que la vernácula- y supieron que la Procuradora tendría el paquete de datos completo, que estará plagado de nombres kirchneristas pero también tendría gente cercana al Presidente, para distribuirlo entre los fiscales cuándo y cómo quiera.
Estos traspiés, tan peligrosos en un año electoral, se originaron en dos derrotas previas que el Gobierno está pagando a cada paso.
La primera fue su mesura o su imposibilidad, porque nunca tuvo los números, para modificar el Consejo de la Magistratura. Con la postura de Candis el Gobierno acaba de comprender que así las cosas hoy no podría remover ni al juez Norberto Oyarbide, paradigma extremo del mal desempeño, que para fortuna oficial ya renunció solo.
Ese malestar lo puso en palabras el representante de los abogados en el Consejo, Miguel Piedecasas, que acaba de pedir públicamente una reforma que permita «modificar la composición, neutralizando el poder del estamento político a través de la participación ciudadana a través de más académicos, no uno sólo, y más abogados» en las decisiones del cuerpo. Es sabido que después de cada reforma el Consejo queda más político y menos “jurídico”, pero la familia judicial ya está harta de no poder tocar ni a sus hijos más vergonzantes.
#BORDER pudo saber, de una alta fuente judicial, que a instancias de eso el Gobierno trabaja en un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura que enviará al Congreso a fin de este año o principios del próximo, y que buscará consensuar con la familia judicial y la oposición no kirchnerista.
Su otra gran derrota, de la que nunca van a arrepentirse lo suficiente, fue su fracaso para desplazar a Gils Carbó como jefa de los fiscales. El acuerdo que habían alcanzado el año pasado con el peronismo en el Congreso para removerla debió abortarse por exigencias de Elisa Carrió, que reclamó guardar las formas y ceñirse a la Constitución.
Con un peronismo envalentonado y en campaña electoral, esa posibilidad ya no está abierta, y el Gobierno apuesta todas sus fichas a la causa judicial que la tiene en la mira por la adquisición de la nueva sede de la Procuraduría por $44 millones, y el pago de casi $8 millones de generosa intermediación, en una trama que involucra a un funcionario de máxima confianza de la Procuradora y a su ex marido.
«Si la procesan se puede buscar su salida en un nuevo acuerdo en el Congreso o por un decreto«, confiaron a #BORDER desde el Gobierno. Pero nadie puede asegurar qué pasará con esa investigación. Lo único que sabe el macrismo es que ya no debe subestimar el poder de daño de Gils Carbó. “Tiene una acreditada trayectoria de favorecer a los amigos del kirchnerismo y perseguir a sus adversarios, no quisiéramos que eso ocurriera en esa investigación de Odebrecht”, acaba de declarar Pablo Tonelli, diputado de PRO y miembro del Consejo de la Magistratura. El propio ministro Garavano dijo que estaba “preocupado” por el tema y le pidió públicamente a la jefa de los fiscales que difundiera la información que le envíen de Brasil.
Ya se sabe que el oficialismo acusa a Gils Carbó de perseguir al fiscal José María Campagnoli por investigar a los K, de favorecer al empresario Lázaro Báez y a Cristina Kirchner, de frenar los concursos vacantes y de colocar a fiscales filokirchneristas en todos los lugares que pudo. Creyeron que la habían domesticado pero su ingenuidad estalló por los aires cuando desde un área que manejaba la Procuradora se difundió el polémico acuerdo por la deuda del Correo Argentino que el Gobierno pretendía sellar en reserva.
El Poder Ejecutivo no va a volver a pecar de ingenuo, pero queda por ver cuánto poder de fuego tendrá de ahora en más. Antes de las elecciones se niega a hacer ningún movimiento arriesgado. Y después de las elecciones deberá contar sus porotos y seguramente volver a buscar aliados de ocasión. De su talento y su suerte para conseguirlo dependerá el futuro del por ahora interrumpido «mani pulite» judicial.
