El gobierno de Jujuy presentó un plan de recuperación del complejo Ingenio La Esperanza. El proyecto prevé que más de 600 operarios mantengan su trabajo. En quiebra desde el 2000, los habitantes de San Pedro piden que la actividad se recupere.
En su plena actividad fue el corazón del crecimiento de San Pedro, una localidad de 75.000 habitantes a unos 50 km de la capital provincial. Ingenio La Esperanza llegó a ser, también, uno de los centros azucareros más importantes de la región, pero desde el 2000 su camino ha sufrido muchos altibajos. Tras algunos intentos de rescates imperfectos durante el kirchnerismo, el gobierno jujeño apunta a recuperar la capacidad productora del complejo en base a un proyecto que nació en 2016.
“Estamos frente a la oportunidad histórica para reconstruir el complejo fabril y reposicionarlo entre los más promisorios de la región”, aseguró hace días Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, al ratificar el plan de recuperación integral que consta de búsqueda inversiones para el mantenimiento de la producción y distintos esquemas de pago o retiro para solucionar la situación de los trabajadores.
El 18 de mayo de 2016 el ministerio de Producción y Desarrollo Económico jujeño presentó un plan con posibles alternativas para los operarios del complejo. Con la idea fija de retomar la actividad azucarera, el proyecto prevé que al menos 600 trabajadores continúen en el Ingenio La Esperanza. Además, incluye una indemnización de 140 mil pesos para quienes están en condiciones de jubilarse; el pase a planta permanente junto a la indemnización de 140 mil pesos o un terreno con el Plan Mejor Vivir, para quienes estén interesados en trabajar en el Estado; y la indemnización plena para quienes resuelvan retirarse.
“Ningún trabajador quedará sin contención”, aseguró el titular de la cartera productiva, Juan Carlos Abud Robles, encargado de llevar adelante el plan de reconversión hacia un polo productivo integral. El gobierno jujeño considera que “las posibilidades productivas son inmensas” y para eso se necesita una transformación a fondo.
Las dimensiones y números del lugar dan cuenta de la importancia del complejo. Solo en tierras, La Esperanza cuenta con 9.000 hectáreas de caña de azúcar, que pueden extenderse a unas 20.000; 40.000 forestales; 9.000 para ganadería y más de 1.000 de cítricos. Además de estos espacios que ya podrían trabajarse, desde el ejecutivo jujeño consideran que otros negocios podrían sumarse a la lista: la producción de biodiesel y la generación de energía por biomasa figuran entre ellos.
Al ser consultados, los vecinos de San Pedro aseguran que “cada año que pasa sin resolverse el fondo de la cuestión, aumenta la decadencia del Ingenio y con ella se alejan las oportunidades de crecimiento económico de la zona”. Desde diciembre de 2015 el Gobierno provincial asume los costos operativos para la realización de productos básicos y desde 2016 el aporte provincial ya fue de más de mil millones de pesos. Los habitantes de la localidad consideran esencial que la actividad se recupere.
Desde que se decretó su quiebra en el 2000, la empresa ha pasado por distintos temporales, pero en los últimos años llegó a una etapa definitoria. El gobernador Morales firmó en noviembre un acuerdo con Nikoil Energy Corp, del grupo colombiano Omega Energy International, para la compraventa de la empresa. El monto abonado por la firma sería de U$S 85 millones de contado (o U$S 100 millones a cinco años), con compromisos de inversión por U$S 350 millones.
Directivos de la empresa aseguraron que la compra del complejo “busca aplicar un plan de inversiones que genere un impulso a la producción y ayuda a mantener la fuente de trabajo en la provincia”. A su turno el mismo ministro de Producción alertó: “Si el Ingenio no se vende, deberá rematarse y consecuentemente los trabajadores perderán sus derechos”. Por lo bajo imaginan que en un plazo a mediano plazo la planta de operarios podría aumentar.
A lo largo de estos 18 años de quiebra ya hubo otros intentos para recuperar a esta empresa privada que está intervenida por la provincia. En agosto de 2013, la ex presidenta y ahora senadora Cristina Fernández de Kirchner junto con el ex gobernador Eduardo Fellner destinaron cientos de millones de pesos de la Unidad de Cambio Rural. Este organismo debía aplicar un programa que finalmente nunca llegó a ejecutarse. También hubo anuncios de que distintos consorcios privados se harían cargo de la empresa. Pero su destino corrió la misma suerte: en diciembre de 2015 se anunció la desvinculación de los mismos con el proyecto.
