Será el primer juicio por corrupción K en la obra pública del año y arranca en junio. Darán testimonio Aníbal F, capos de las organizaciones empresarias, monjas y hasta el pollero Jesús que encontró al ex segundo de De Vido in fraganti en el monasterio. El legislador que le advirtió a López que lo seguían. Tasarán relojes.
El ex presidente y actual vicepresidente 1ero de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak; el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; el pollero que llamó al 911 la madrugada del 14 de junio de 2016 asustado por movimientos raros en la puerta del monasterio «Nuestra Señora del Rosario de Fatima». Estos son algunos de los 200 convocados a declarar como testigos en el juicio oral al señor de los bolsos, José López.
También fueron citados el legislador correntino del Parlasur Alejandro Karlen, una supuesta ayudante del convento y gestora Ana Pronesti y el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández. Los nombrados son sólo algunos de los que desfilarán desde junio próximo por Comodoro Py 2002 en lo que se anticipa será uno de los juicios más mediáticos del 2018: el que sentará al banquillo no sólo al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López por enriquecimiento ilicito sino también por primera vez a empresarios de la construcción vinculados a la obra pública en ese gobierno.
Se trata de Eduardo Gutiérrez, del grupo Farallón, o de Carlos Gianni, de Turicentro, que llegan procesados como supuestos testaferros/prestanombres por distintas propiedades que se sospecha pertenecen en realidad al ex segundo de Julio De Vido en Planificación Federal.
Sin abogados particulares -lejos del tiempo en el que fue representado por la afamada abogada hot Fernanda Herrera-, asistido por una defensora oficial y a exactos dos años de prisión, López llega al banquillo con el secreto mejor guardado: de dónde sacó los 9 millones de dólares, más euros y relojes de alta gama que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez.
El Tribunal Oral Federal 1 citó a 200 testigos pedidos por la fiscalía y las defensas de los acusados. Chediak y Méndez deberán explicar a los jueces qué quisieron decir cuando vincularon el caso López a una presunta corrupción generalizada con la obra pública en el kirchnerismo y al supuesto pago de sobornos.
Karlen fue mencionado por López en una de sus declaraciones indagatorias cuando insinuó que fue el legislador -por entonces compañero de bloque en el Parlasur- quien le avisó que lo seguían y espiaban y eso derivó en la intempestiva salida de su casa de Dique Luján con los bolsos rumbo al monasterio.
Ya en relación directa con los hechos, uno de los testigos más esperados será Jesús Omar Ojeda, el repartidor de pollos que sin saberlo protagonizó la noticia al llamar al 911 a las 3.15 de la madrugada del 14 de junio de 2016 preocupado por la seguridad de las monjitas que, en ese momento, abrían la puerta a López y sus bolsos. Luego fue también testigo del procedimiento en el que se detuvo al ex funcionario.
En el juzgado de Daniel Rafecas, el pollero dijo que esa madrugada vio a López, se acercó, «carraspeó» para llamarle la atención y entonces el ahora detenido saltó la medianera para entrar al monasterio. Entonces llamó al 911 y esperó al patrullero.
Ana Pronesti, una gestora que desfiló por los medios de comunicación y se presentó como una colaboradora del monasterio también fue citada al juicio oral. La mujer declaró en la instrucción del caso que vio a López y De Vido en una misa en ese lugar en el 2014, cuando todavía vivía quién lo dirigía, el obispo Rubén Di Monte.
También se descuenta se le preguntará por el «Fatimóvil», en cuyo trámite de patentamiento habría tenido intervención la mujer, una camioneta Mercedes Benz Sprinter que en un principio se dijo fue donada pero luego se comprobó que había sido adquirida por el Ministerio de Desarrollo Social y entregada a Di Monte, de marcados vínculos con funcionarios del kirchnerismo.
Aníbal Fernández será testigo por haber dicho que en base a su «íntima convicción», sin pruebas al respecto, los millones debían provenir de «coimas». Paradójicamente, El ex jefe de Gabinete K y el ex segundo de De Vido comparten imputación actualmente en otra causa penal que investiga un supuesto desvío multimillonario de dinero que debía destinarse a remodelar el anfiteatro de la localidad cordobesa de Villa María y a la construcción de un puente. En esta investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Ramiro González están imputados Fernández, López y De Vido, entre otros ex funcionarios. Aníbal F deberá ahora declarar bajo juramento de verdad como testigo en el juicio a López.
El extenso listado de testigos incluye además a Mariana Giselle Soulés, una de las hijas de López que vivió en un departamento de Recoleta como inquilina pero que -también- para la Justicia era del ex funcionario. Otros que pasarán por las audiencias serán los arquitectos que intervinieron en la remodelación de la casa de Dique Luján donde vivieron López y su esposa María Amalia Díaz. Ella será una de las juzgadas como supuesta testaferro.
Uno de los citados es el arquitecto Federico Curcio: en la investigación sostuvo que pese a que la vivienda era supuestamente propiedad de otro de los ahora juzgados, el constructor Andrés Galera, las reformas las habló primero con Díaz y luego con López y que ellos lo instruyeron sobre terminaciones, piso, colores, pinturas, quincho y fachada de la casa con muelle valuada en 680 mil dólares donde estuvo escondido el dinero hasta ser llevado al monasterio.
También declarará el abogado Ricardo Monner Sans, autor original de la denuncia contra López presentada en el 2008 y que recién se activó cuando se lo pescó in fraganti con sus bolsos.
Los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega harán también una «inspección ocular» al monasterio, como parte de una batería de nuevas pruebas previas que ordenaron antes del juicio. También se tasarán seis relojes de alta gama que López tenía en cajas dentro de una bolsa negra que logró llevar hasta la cocina del Monasterio antes de caer preso. Se ordenó establecer en un plazo de diez días el valor de dos Rolex, uno modelo Oyster Perpetual y otro Spid Master Automatic; otro Swiss Made modelo 1506, un Tommy Hilfiger, un Aviator y un Hamilton Automatic.
Y a pedido del fiscal de juicio Miguel Ángel Osorio se tasará además todos los «bienes de valor» encontrados dentro de la casa de Dique Luján durante los allanamientos.
Pero el Tribunal también espera tener en sus manos informes patrimoniales y bancarios de los procesados junto a López como presuntos testaferros y por ello ordenaron medidas en torno al grupo Farallón del constructor acusado Eduardo Gutiérrez.
Entre otras cosas pidieron informes a la AFIP y a la Cámara de la Construcción. Gutiérrez está procesado porque se consideró que simuló ser el propietario de la casa de Dique Luján con contratos de alquiler ficticios firmados con López, para actuar como testaferro del funcionario que no podía justificar esa compra en base a sus ingresos.
Todas las medidas se sumaron al operativo en el ex banco Finansur a raíz de un informe de Estados Unidos que sindicaría que parte de los millones de López podrían haber llegado en un envío «puerta a puerta» a esa entidad en el 2011, en base a la identificación del termosellado de uno de los fajos secuestrados al ex funcionario.
Otros dos acusados como supuestos testaferros por el departamento que ocupó como supuesta inquilina una de las hijas de López, Carlos Gianni y Marcos Marconi, de «Marketing y Eventos», pidieron y lograron que se haga una pericia contable en la Corte Suprema de Justicia sobre esa firma y «Turicentro SA».
Y en lo referido a López y al alquiler de la casa del Tigre que para Rafecas era suya, su defensa intentará probar que intentó obtener un crédito hipotecario para comprarla entre 2012 y 2013 y no lo logró.
La hermana Celia Inés Aparicio, la que abrió la puerta del monasterio esa madrugada, llegara al juicio por encubrimiento con la misma defensa oficial que la esposa de López, María Amalia Díaz. Sobre la religiosa el Tribunal pidió a la curia de Avellaneda y a la diócesis de Mercedes-Luján un informe sobre «la naturaleza de la congregación de Aparicio dentro de la orden religiosa, como así también cuáles son sus condiciones dentro de la vida monástica, cuáles son las reglas a las que debe acogerse (celibato, obediencia, castidad, etc.)»
Este será el primer juicio oral por hechos relacionados a supuesta corrupción con la obra pública en el kirchnerismo que se iniciará en los tribunales de Retiro.
La exclusividad no durará mucho: para octubre -en un pronóstico optimista- el Tribunal Oral Federal 4 planea sentar en el banquillo a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros 20 acusados en la llamada “ruta del dinero K”.
