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Corrupción: La hora de recuperar lo robado

Corrupción: La hora de recuperar lo robado

La condena a Boudou o la investigación y detenciones que dispararon los “cuadernos de las coimas” pueden abrir puertas al recupero de enormes sumas robadas al Estado. Qué instrumentos existen y cuáles son las cuentas pendientes. El caso Lava Jato.

 

Por Alejandro Drucaroff Aguiar*

Cómo recuperar el dinero de la corrupción es la pregunta que resume la indignación y el reclamo de una sociedad cansada de confirmar, con cada nuevo escándalo, que tiene un problema demasiado grave, profundo y extendido y que ya es hora de reaccionar.

No son actos aislados, no se trata simplemente de personas que se apropian de nuestro dinero. Es claro que estamos ante un fenómeno sistémico, que somos víctimas de la Gran Corrupción, y que necesitamos mucho más que buenas intenciones.

La respuesta al interrogante del título la da un ejemplo muy cercano y conocido. La exitosa investigación judicial del Lava Jato brasileño no sólo permitió condenar a más de 120 personas -la mayoría con altos cargos políticos o importantes puestos en grandes empresas- a un total de más de 1.800 años de prisión, sino que logró recuperar miles de millones de dólares para el Estado. Lo hicieron Sergio Moro y el equipo de fiscales encabezados por Deltan Dallagnol y es un ejemplo que debemos mirar con atención.

Digámoslo con énfasis: recuperar el dinero, hacer que los corruptos devuelvan a los fondos públicos lo que se llevaron e indemnicen los daños que causaron, es posible.


Cómo recuperar lo robado

Tras el sí, se puede recuperar lo que se robaron, la pregunta se traslada entonces a cómo lograrlo y, también en este interrogante la experiencia de Brasil señala un camino factible y razonablemente directo.

En el país vecino, la mayor parte del recupero se logró en base a los acuerdos celebrados con los “arrepentidos”. Es decir, gracias o los autores o partícipes de los hechos criminales que colaboraron para esclarecerlos a cambio del beneficio de reducción de su condena, y siempre que esa colaboración fuera suficiente como para acreditar la responsabilidad de otros que estuvieran en el mismo rango que ellos o, preferentemente, en un nivel superior de la organización que perpetró los delitos.

Esa herramienta, fundamental para desarmar las complicidades mafiosas, el silencio y el ocultamiento, obliga también a quienes se “arrepienten” a devolver todo lo que se han apropiado como parte del acuerdo. Un ejemplo basta: a Odebrecht se lo obligó a devolver más de 2.300 millones de dólares sólo en Brasil como reparación por los perjuicios causados al Estado.


La ley del Arrepentido en Argentina

La actual saga de “los cuadernos del chofer”, el rol que podrá tener Alejandro Vandenbroele en la otra causa Ciccone y el acuerdo con la Jefatura de los Fiscales brasileños que habilita usar las pruebas del Lava Jato en la Argentina permiten pensar que también aquí se puede avanzar en la misma dirección. Veamos rápidamente las razones.

Las revelaciones de Centeno, prolijamente detalladas en sus cuadernos y respaldadas por numerosos datos adicionales confirmatorios (como cruces de llamadas de celulares o registro de la presencia de personas y vehículos en los lugares indicados) han generado en varios de los detenidos predisposición a colaborar, ya concretada en el caso de uno de los empresarios.

La situación que se disparó en Argentina a partir de los cuadernos del chofer puede abrir una verdadera “carrera” por los beneficios del arrepentimiento entre ex funcionarios y empresarios

Recordemos que es condición esencial que se aporten pruebas para demostrar los crímenes cometidos por “sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido” (artículo 3º segundo párrafo Ley 27.304). Vale decir que quien primero se arrepienta y obtenga beneficios dejará fuera de carrera a quienes tengan la misma responsabilidad que él. Ellos ya no podrán disfrutar de las “bondades” de la ley del arrepentido.

Esta es una muy buena noticia porque, hasta ahora, estábamos muy lejos de pensar en semejante competencia por “salvarse”. En un país donde las causas por corrupción duran 14 años promedio, en el que las investigaciones e incluso las sentencias judiciales se (des)califican acusándolas de “políticas”, y en el que los empresarios que pagan las coimas sienten que pueden ser inmunes a la acción de los jueces, la motivación para colaborar y beneficiarse de una reducción de condena era, hasta ahora, casi nula. Se abre, entonces, un capítulo que habilita la esperanza.

Para que esta esperanza llegue a buen puerto, necesitamos que algunas cosas cambien: la actuación rápida y eficaz de la Justicia será vital para lograr el objetivo de recuperar el dinero.


Instrumentos legales para recuperar lo robado

Puede ser que falten instrumentos legales y que haya, incluso, entre los existentes, mucho que mejorar, pero con las normas que tenemos en Argentina los jueces tienen a su alcance medidas que permiten recuperar el dinero de la corrupción. Existen los embargos y las inhibiciones para asegurar que los bienes de los corruptos no se “esfumen” y, también se puede recurrir, como se hizo por ejemplo con los cientos de propiedades y vehículos de Báez, a decomisarlos preventivamente.

Lo mismo cabe afirmar respecto de los procedimientos para obtener las pruebas complementarias necesarias. Aquí otro ejemplo claro y sencillo. Las coimas en la obra pública casi siempre son la contrapartida de sobreprecios cargados a las sumas que abona el Estado. Si el precio era de 100 será de 115 y la diferencia es la que se “distribuye” entre los beneficiarios, como bien explican los ya célebres cuadernos. Ahora bien: los 15 salen de la empresa en efectivo pero se debe justificar de algún modo su salida en la contabilidad, lo que obliga a recurrir a facturas “truchas” o remedios contables parecidos.

En síntesis, una adecuada investigación de la ruta del dinero es muy probable que arroje resultados positivos y, a veces, el sólo hecho de iniciarla es un invalorable estímulo para el arrepentimiento.

Las normas pendientes en la lucha contra la corrupción

El Congreso, por su parte, debe cumplir su función y sancionar las normas necesarias para acelerar los procedimientos. Ante todo, corresponde al Senado sancionar la tan postergada Extinción de Dominio, que aguarda allí hace dos años ser convertida en ley luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción, poco tiempo después de que José López arrojara sus bolsos al convento.


El rol de los empresarios en la corrupción

En estos días se plantean argumentos para suavizar la responsabilidad de los empresarios que van desde señalar que estaban casi obligados a participar del sistema corrupto como requisito para poder desarrollar su actividad, hasta alertar sobre las consecuencias que el temido equivalente criollo del Lava Jato puede causar a muchas empresas contratistas de la obra pública.

El primero de ellos podrá considerarse a la hora de graduar condenas y es ilustrativo de la dimensión del cambio cultural que necesitamos para ser un país con un mínimo de seguridad jurídica y normalidad institucional. Sin embargo, en nada puede afectar la obligación de las empresas de resarcir la totalidad de los daños causados al Estado.

El segundo cae por sí mismo. Las consecuencias derivadas de aplicar la ley a todos por igual siempre serán menores que las de aceptar que algunos, por su tamaño, su poder o por ambos factores conjugados, están al margen de la ley.

Una reflexión final: la investigación en curso involucra a varios de los más altos funcionarios de los dos gobiernos anteriores, comenzando por sus dos ex presidentes y a varias de las mayores empresas argentinas cuyas vinculaciones personales pueden comprender a esos gobiernos, a los que los precedieron y al actual. Nada de eso debe importar, a nuestros jueces y a la sociedad en su conjunto.

Hoy más que nunca resulta transparente que la corrupción no tiene ideología ni pertenencia partidaria y que no es posible seguir conviviendo con ella.

Estamos ante la gran oportunidad de enfrentar a la corrupción como sistema. Para ello será necesario demostrar, imprimir a fuego en la memoria nacional, que, de aquí en más, quienes se apropien de dineros públicos, además de ser juzgados y condenados en tiempo razonable, no podrán quedarse con lo robado y que quienes participen de cada maniobra deberán indemnizar hasta el último centavo los enormes daños causados.

Tenemos una enorme oportunidad. No la dejemos pasar.



*Alejandro Drucaroff Aguiar es abogado, especialista en ética pública. Publica sus textos en nuestro sitio amigo BuenaVibra.es.

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