El tironeo por quién pagará el mentado equilibrio fiscal entre el Gobierno y las provincias se cruza con la carrera electoral y los salpicones de los cuadernos de la corrupción. Las provincias que hicieron los deberes y el gesto final para que todos puedan gobernar un país con cuentas en orden.

 

Una de las principales preocupaciones para el Gobierno, luego de retomada cierta calma en el mercado cambiario, es poder aprobar el Presupuesto 2019 que cristalice el recorte en los gastos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo ofrezca una señal de consenso político.

Es en este último punto donde radica el mayor obstáculo. La temprana reformulación del acuerdo firmado en abril de este año ha decantado en un ambicioso objetivo de equilibrio fiscal primario para el año que viene. Esto representa un ajuste del 2,6% del PBI, cuya distribución se encuentra en el núcleo de la discusión con las provincias.

Éstas argumentan con razón que, al cierre del primer semestre de 2018, sólo 2 provincias mostraban déficit fiscal primario (Corrientes y Jujuy) y que el avance con respecto al año 2017 es significativo, cuando eran 14 las jurisdicciones que mostraban un resultado primario en rojo.

Destacan también que la versión final del proyecto no ha sido circulada y que hasta el momento solo han podido acceder a borradores parciales de la ley. El escepticismo y la cautela se manifiestan en virtud del fallido presupuesto votado el año último: allí se preveía para este 2018 un crecimiento de la economía del 3,5%, un dólar a 19,3 pesos y una inflación del 15,7% promedio.

La discusión de fondo tiene que ver con el rumbo de la política económica. Mientras que desde el Ejecutivo apuestan a que logrando el equilibrio fiscal se recompondrá la desconfianza que han mostrado los mercados últimamente y con ello el acceso al crédito, no son pocos los analistas que pronostican una recesión duradera, en el marco de una retracción del consumo y la inversión.

Al cierre del primer semestre de 2018, sólo 2 provincias mostraban déficit fiscal primario: Corrientes y Jujuy.

Además, en un año electoral, el arreglo de cómo se repartirá la obra pública es fundamental. Del ajuste propuesto, un 0,7% del PBI corresponde a la baja en gastos de capital, lo que representa una merma del 27% con respecto a lo presupuestado para el año en curso.

Parte de esta disminución pretendía ser compensada con los Programas de Participación Público Privada (PPP), pero desde el estallido del escándalo de coimas y cartelización de la obra pública, junto al incremento del costo financiero para las empresas, el mismo se encuentra en stand by a la espera de soluciones alternativas.

Desde el Ministerio de Transporte se promueve la creación de un fideicomiso que actúe como puente entre las empresas y los bancos, de manera de darle continuidad al esquema, pero lo cierto que más allá del riesgo patrimonial, quienes estaban dispuestos a financiar las obras licitadas, hoy se exponen al riesgo reputacional de quedar “salpicados” en un entramado judicial del cual todavía no se conoce el desenlace.

Otro de los puntos álgidos de la discusión del Presupuesto, será cómo se repartirá la reducción de 0.5% del PBI en subsidios económicos. Días atrás, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el traspaso de los subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica, en un “gesto” hacia las provincias, pero el tema parece lejos de estar superado.

Es en este contexto que el Gobierno nacional invita a los gobernadores a suscribir un acuerdo político que garantice el equilibrio fiscal primario para el año próximo. Sin embargo, los mandatarios provinciales bien saben que, sin dejar de reconocer las bondades de una administración ordenada, la austeridad no cautiva voluntades a la hora de las urnas.

El Gobierno nacional invita a los gobernadores a suscribir un acuerdo político pero la austeridad no cautiva voluntades a la hora de las urnas.

A pesar de ello y de cara a una elección presidencial que se vislumbra más pareja, aquellos interesados en dar la pelea es probable que se entusiasmen con recibir eventualmente un Estado con las cuentas saneadas, más allá del creciente peso del endeudamiento, que para el año entrante se llevará un 3,2% del producto en concepto de intereses.

En definitiva, es probable que asistamos a un escenario de ambigüedad, con una oposición reclamando decisiones políticas dirigidas a proteger a los que más están sufriendo el actual estancamiento económico, pero que en definitiva termine acompañando -con modificaciones- el proyecto enviado por el Ejecutivo.