Con su condena por la tragedia de Once, al ex superministro se le prohíbe volver a la función pública que ejerció durante casi toda su vida, de quedar firme la pena. Boudou, en la misma situación. Sus adláteres Jaime y Schiavi ya no pueden volver. Felisa Miceli y Luis D’Elía, suspendidos por plazos. Por qué Moreno, condenado, igual anuncia candidatura.

 

El detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado por primera vez en base a delitos vinculados con la función pública nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. Además, si la pena por la tragedia del tren de Once queda firme, nunca más podrá acceder a un cargo en la administración pública.

El ex todopoderoso ministro pasó la mayor parte de su vida como funcionario público, en Santa Cruz primero y a nivel nacional después. La “inhabilitación especial perpetua” para la función pública fue parte de su condena a 5 años y 8 meses de prisión y lo sumó a un listado que amenaza con engrosarse cada vez más: los excluidos de volver a percibir un sueldo estatal al ser condenados por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles u otros delitos vinculados a corrupción.

También por la tragedia del tren de Once del 22 de febrero de 2012 fueron condenados en un primer juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Sus penas ya fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación y ambos están presos. Sólo les queda ir con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los dos quedaron inhabilitados de por vida para volver a la función pública.

De Vido, Jaime, Schiavi, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno son algunos de los casos. Sin importar la magnitud de la pena de prisión impuesta.

Schiavi y Jaime fueron condenados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y estrago culposo agravado por los 52 muertos y 789 heridos del tren de Once.

Por el momento, De Vido pareció correr mejor suerte: fue absuelto por el estrago culposo -responsabilidad en las muertes- y condenado como partícipe necesario de administración fraudulenta. Al igual que sus ex subordinados, si esa pena queda firme no podrá volver a la función pública.

De Vido está preso por la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, a la espera de otros juicios orales por corrupción con obra pública y Odebrecht y es investigado junto a su esposa y sus hijos por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía de este último caso analiza ahora informes llegados desde la AFIP vinculados a empresas y todos los imputados del caso. Un contador revisa además documentación secuestrada en allanamientos, antes de resolver si se lo intima a justificar sus bienes.

“Por arte de magia o de Macri, me metieron por  la ventana en la causa, dijo De Vido en sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó por Once. Su monólogo desde la cárcel de Marcos Paz estuvo plagado de citas al Evangelio y menciones a Poncio Pilato y Jesús.

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Boudou, por su parte, quedó preso apenas fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles en la venta de la ex Ciccone Calcográfica. Ese veredicto no está firme y debe ser revisado en la Cámara Federal de Casación. También incluyó la inhabilitación especial perpetua, que regirá si la pena se confirma.

Igual suerte corrieron sus consortes en esa causa Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Ambos recibieron condenas de ejecución condicional y tareas comunitarias pero, como contrapartida, se les impuso para siempre la prohibición de volver a ocupar cargos públicos.

“La aplicación de la inhabilitación especial perpetua sólo afecta una de las esferas de libertad del sujeto pasivo de esta sanción; esto es, la posibilidad de ejercer cargos

públicos hasta que se cumplan los plazos necesarios para obtener su rehabilitación”, sostuvo el Tribunal Oral Federal 4 en los fundamentos de la condena a Boudou en Ciccone.

Y remarcó que la fiscalía del caso advirtió “con lenguaje llano pero en forma elocuente, que lo que está en juego con la aplicación de esta clase de pena es ‘simplemente la imposibilidad de que un condenado por un hecho de corrupción administrativa, como es un caso de cohecho, o como es un caso de negociaciones incompatibles, no vuelva en el futuro a ocupar un cargo público’”.

Guillermo Moreno fue condenado el 30 de octubre de 2017 a 2 años y seis meses de prisión por presunto uso de fondos públicos para pagar merchandising contra el grupo Clarín. La pena es en suspenso pero incluyó la prohibición de volver a ocupar un cargo público. Como en los condenados por Ciccone, esto se hará efectivo recién cuando el veredicto quede confirmado en instancias de apelación. Por es que el ex secretario de Comercio Interior aún agita su ahora candidatura presidencial.

Otros ex funcionarios corrieron mejor suerte y sus condenas pusieron un plazo a su vuelta al ruedo de la administración pública: la ex ministra de Economía Felisa Miceli recibió tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por seis años en la causa por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho.

Luis D’Elía, actualmente excarcelado en la causa por la firma del Memorándum con Irán, fue condenado en noviembre del año pasado a cuatro años de cárcel por la toma de una comisaría en La Boca en 2004 e inhabilitación especial de ocho años.