Son los mismos exfuncionarios y allegados investigados por robo de información confidencial relacionado al blanqueo. La Cámara ordenó que vuelvan a la cárcel. Escuchas maniobra para esconder las pruebas. Cuánto se pagaba la información.
Ofrecieron desde la base de datos de más de cien mil graduados de la Universidad Tecnológica Nacional hasta el padrón de la tarjeta de socios de uno de los principales diarios del país. La Justicia determinó que la banda que robaba información confidencial de la AFIP no se dedicaba sólo a eso, sino que su alcance era mucho mayor. Se trata de la investigación abierta a raíz de la filtración de datos de adhesión al sinceramiento fiscal de familiares del presidente Mauricio Macri en agosto del año pasado.
Ante las nuevas evidencias, la Cámara Federal porteña ordenó la vuelta a prisión del responsable de la firma “Reportes Online”, Leandro Rodríguez, ex funcionarios de AFIP y otros acusados, según revelaron fuentes judiciales a #BORDER.
Todos están procesados por asociación ilícita y estaban excarcelados por decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Ahora los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron que vayan a la cárcel y reimplantaron sus prisiones preventivas.
Lo hicieron en base a nuevas revelaciones sobre cómo actuaba la banda que cayó por denuncia de la AFIP y la salida a la luz de un complejo entramado para sacar del país millonarias sumas obtenidas con el ilícito que se investiga.
Entre otros indicios, hay escuchas telefónicas recientes, posteriores a la excarcelación de los procesados, “que muestran novedosas actividades tendientes a eliminar rastros de los ilícitos. Se lograron apreciar conversaciones entre los distintos miembros de la banda que contienen claras instrucciones relativas a la información que debía erradicarse y al modo en que ello debía hacerse”, advirtieron los camaristas.
Y también información de inminentes allanamientos. En septiembre pasado, por ejemplo uno de los ahora procesados, Juan Pablo Bustos Thames. anticipó a una mujer que sería su pareja uno de esos procedimientos.
– “Totalmente, mi chiquita. Y yo, mañana, a las ocho tengo que estar en el estudio, porque… para que no me hagan mierda la puerta ¿me entendés?… no hagamos más quilombo. Cuando mañana entra esta gente, vamos a decir que son por las pericias del robo ¿me entendés?”
-“Al teléfono mío lo vas a tener que tener vos, mañana a la mañana llevátelo…porque está ordenado el secuestro del teléfono…” El allanamiento se hizo, dio negativo y las cuatro computadoras que se buscaban no estaban: habían sido denunciadas como robadas días antes.
El padrón de graduados de la Universidad Tecnológica Nacional, con 100.678 egresados o la base de datos de una tarjeta de socios de uno de los principales diarios del país con 347.826 registros. Estas fueron algunas de las ofertas que Butsos Thames hizo Rodríguez, dueño de Reportes Online.
En base a esta evidencia obtenida del análisis de correos electrónicos en la causa y otras pruebas se comprobó que no sólo de la AFIP se nutría la organización. Un informe incorporado a la investigación reveló que Bustos Thames “proveía datos -presuntamente obtenidos de ANSES, AFIP, Registros Públicos, Universidades Públicas, entidades financieras y distintas empresas privadas- a la firma “ADS” a cambio de sumas de dinero”, remarcaron Irurzun y Bruglia.
Además de bases de datos proveían otra información sensible y hasta podían informar la fecha de alta de alguna empleada doméstica, titulares de cuentas bancarias o porcentajes de titularidad de importaciones y exportaciones, además de datos amparados por el secreto fiscal, como la compra de dólares para ahorro.
Entre otras ofertas, estuvo la de una base de datos con 22.298.796 registros de números de CUIT de empleadores, CUIL de trabajadores, salarios brutos, montos no remunerativos.
Un email que Thames mandó a Rodríguez para ofrecer el padrón de graduados de la UTN, fue respondido al día siguiente por el dueño de Reportes Online de la siguiente manera: “¿Se podrá actualizar cada 6 meses? ¿Se podría hacer un convenio con la universidad y obtener esta info legalmente?”. “Imposible. A esa info la conseguí x estar metido ahí. No sé cada cuanto la podría obtener. Tal vez anualmente” , respondió el oferente.
Además hubo operaciones de transferencia de datos contenidos en la “base de ANSES” por $20.000; “Bases Asignación Universal por Hijo y Procrear”; “Facturas de empresas entre septiembre y diciembre/17”; “Fallecidos entre septiembre y diciembre /17”, entre otras.
Los exfuncionarios Sebastián Karamanian, Martín Del Cuadro, Alejandro Adduci, Daniel Courmanian, Pablo Degano y Marcelo Vecchio volverán a la cárcel y también quedarán opesos Guillermo Rodríguez, como jefe u organizador del grupo junto a su hermano Leandro Rodríguez y Bustos Thames, cuyos procesamientos fueron confirmados y se les impuso la prisión preventiva.
Aducci era jefe de Sección en la AFIP y Del Cuadro tenía ese puesto en el Departamento de Desarrollo de Informática de Fiscalización. Karamanian era jefe de la División de Desarrollo de Sistemas de Selección y Seguimiento de Fiscalización.
Dentro de la AFIP según se probó en la investigación, tenían implementado un “punto de menú no homologado” dentro del sistema web oficial del organismo “que cuenta con privilegios de consulta, actualización, inserción y eliminación en las diferentes tablas del entorno de producción del servidor de informática de fiscalización”.
Por esta “puerta trasera” accedieron a la base de datos de sinceramiento fiscal de donde se sustrajo la información.
Ese tráfico de información secreta se vendía a las empresas “Ad Solutions SA”, “Advanced Development Solutions SRL” y “Advanced Development Systems SRL” que operaban bajo la marca “Reportes Online” con la venta de información patrimonial, comercial, crediticia y de cumplimiento de obligaciones.
Sólo entre abril de 2016 y septiembre de 2017, Rodríguez facturó casi 30 millones de pesos a una de las sociedades implicadas y los extrajo en efectivo de una cuenta bancaria. Ese dinero se asocia ahora a la parte de la investigación de los pagos que hacía a funcionarios públicos a cambio de la información reservada. En esas cuentas bancarias tenía 6 millones de dólares. Y un millón cash se le secuestró en el allanamiento a sus oficinas.
