Para la agrupación feminista MuMaLá, el ajuste en el área será de un 18% respecto a la inflación y se asignarán poco más de $11 por cada mujer. Desde el instituto oficial, el INAM que conduce Fabiana Túnez, la cifra será 25 veces mayor. Cifras inquietantes de femicidios en lo que va del año.

 

La aprobación del Presupuesto 2019 tiene su coletazo en materia de políticas de género. MuMaLá es una agrupación cuya sigla significa Mujeres de la Matria Latinoamericana que lucha por el empoderamiento y los derechos de las mujeres.

Desde este colectivo denuncian una preocupante tendencia basada en números: se destinarán 234,3 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Con la inflación proyectada, implica una retracción del 18% con respecto al de este año en curso.

Para graficar el impacto de esta merma en la ley de leyes del año que viene, lo que hacen las militantes es desglosar la cifra global y dividirla por cada mujer que habita el país según el último censo, efectuado en 2010. Ahí la cifra preocupa, porque resulta que se asignan tan sólo $11,36 por mujer.

También revelan que los fondos destinados al monitoreo del Plan Nacional de Acción disminuyó un 17% de un año a otro: pasó de 50 millones en 2018 a 32 millones en 2019. Ese programa tuvo el respaldo del propio presidente Mauricio Macri, que fue presentado entonces como “el feminista menos pensado”, por Fabiana Túnez, la directora del Instituto desde su creación, en septiembre del 2017. Discusiones y miradas al margen, ese apoyo no se reflejaría en los números fríos.

Los fondos para el INAM pasan de $211,5 millones a $234,3 millones, pero con la inflación proyectada para el año venidero, este Presupuesto implica una retracción del 18% con respecto al actual. “Es insuficiente para las tareas de capacitación, contención, hogares y todo lo que tiene que ver en políticas estatales de género, observa Victoria Aguirre, coordinadora de Ciudad de Buenos de esta agrupación.

Carla Majdalani, directora de Comunicación del INAM, tiene una opinión distinta. “Es una mirada un tanto sesgada la que plantea ese informe, porque el Instituto es un organismo que funciona como rectoría de políticas públicas, pero no de aplicación en sí misma”.

Y explica: “Acá trabajan 200 personas, pero hay que sumar las partidas presupuestarias que se asignan desde otros ministerios. Por ejemplo, las tobilleras electrónicas se implementan desde el Ministerio de Justicia, y es desde allí donde se asigna el dinero”.

Desde el INAM se identificaron más de $5.500 millones en actividades que se realizan desde los distintos ministerios. Esto equivaldría a $276,43 por mujer.

Aunque reconocen que se trata de una cifra aún baja, explican que están estudiando el Presupuesto en forma transversal para poder evaluarlo con perspectiva de género, una práctica novedosa y necesaria en materia de políticas públicas. De todos modos, la cuenta que se hace desde este organismo oficial arroja un número 25 veces mayor al que brindan las MuMaLá.

“Salud Integral en la Adolescencia”, “Apoyo a reproducción médicamente asistida” son actividades que dependen del Ministerio de Salud. Entre las dos se llevan casi $8.500.000 de presupuesto; el ítem “Acciones por Equidad de Género” se repite en Policía Federal, en la Secretaría de Niñez, en la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, en Gendarmería, en Prefectura. Esta actividad costará en total $59.051.488. Sin entrar en detalle de qué es cada cosa y de cómo se implementan, desde el INAM lo suman a su cuenta de logros.

Más allá de la polémica en torno al recorte presupuestario y a cuánto significa esto en términos económicos per cápita, hay un número que no decrece, y es el de mujeres muertas.

Según datos del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio “MuMaLá”, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2018 se produjeron en nuestro país 216 asesinatos de mujeres en contexto de violencia machista. “Baja el presupuesto pero las muertes no bajan”, analiza Analía Kelly, coordinara de MuMaLá en la provincia de Buenos Aires.

La metodología de trabajo que se utiliza es relevar los casos consignados en los medios gráficos. El desglose que se realiza es que, del total, 191 corresponden a femicidios de mujeres, mientras que hubo 21 femicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas y niños, y 4 trans/travesticidios.

Se habla de “femicidios vinculados” cuando hay una relación preexistente entre la víctima y el agresor. Y de ahí se desprenden más datos:

  • El 39% de los asesinatos son cometidos por la pareja, el 22% por la ex pareja, el 14% por un conocido, el 18% por otro familiar, el 4 % por un desconocido y un 3% sin datos.
  • El 22% de esas mujeres había efectuado una denuncia previa y que 12% había logrado medidas de protección, como una exclusión o una tobillera electrónica. Es decir que el 34%, 1 de cada 3, acudió a los mecanismos disponibles que el Estado brinda.

Desde el observatorio se especifica la metodología empleada y el lugar donde se cometieron los asesinatos.

  • El 28% de las mujeres fueron asesinadas con arma blanca, el 23,5% con arma de fuego, el 19% fue asesinada a golpes y el 17%, por asfixia. El 6,5% fueron quemadas.
  • El 67% fue en el hogar de la víctima, el 11% en vía pública, el 6% en un descampado, el 6% en otra propiedad privada, el 4% en la vivienda del agresor, el 2% en el trabajo, el 1,5% en un hotel y hay un 1,5% sin datos.

“El corte que hicimos desde el observatorio fue el 10 de noviembre; el 11 se produjeron dos femicidios más en Salta, los dos el mismo día, así que no sabemos a cuánto ascenderá esta cifra para fin de año”, evalúa Aguirre.

Números que siguen aterrando.