El juez intentó separar de los cuadernos la pata de la financiación de campaña que involucraba a Máximo Kirchner, pero Abal Medina quedó pegado en la trama principal porque no podía desconocer el origen clandestino del dinero. Argumentos judiciales que complican al ex jefe de Gabinete K.

 

El juez federal Claudio Bonadio envió a otro juzgado la investigación a Máximo Kirchner y referentes de La Cámpora por financiación electoral con plata proveniente de presunto pago de sobornos. Pero todavía no está todo dicho. La Cámara Federal le ordenó resolver si todos ellos formaron parte de la asociación ilícita que se investiga en la causa cuadernos. O, caso contrario, dictar el sobreseimiento por este delito.

Poco después de intentar desprenderse de esta parte del caso, Bonadio ubicó dentro de esa asociación ilícita central a Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete del kirchnerismo desde 2011 al 2013 y recaudador electoral. El funcionario que repartía esos mismos fondos.

Los fiscales federales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli pidieron a la Cámara Federal que le dicte la prisión preventiva y que se agrave la acusación en su contra.

¿Por qué la diferencia?

“Corresponde señalar que durante el año 2013 era el destinatario del dinero entregado por los funcionarios del ex Ministerio de  Planificación Federal a ‘Martín de Presidencia’”, remarcó Bonadio en alusión al ex secretario de Abal Medina, Martín Larraburu, procesado también en el caso.

Bonadio diferenció el rol de Abal Medina del que pudieron tener los destinatarios de la recaudación para “la política”: Máximo, José Ottavis, el “Cuervo” Larroque, los entonces intendentes de Vicente López, Enrique García; de San Martín, Ricardo Ivoskus, o el empresario y excandidato en Tigre, Sergio Szpolski.

Si bien el ex funcionario dijo que recibió de parte del detenido Roberto Baratta “aportes voluntarios” para la campaña de 2013, Bonadio lo marcó como “destinatario de parte del dinero recolectado ilegalmente por los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, no pudiendo desconocer el origen ilegal de estos fondos dada la forma en la que eran entregados a su dependiente” en total “clandestinidad”.

Según los cuadernos del remisero Oscar Centeno, el ex secretario de Abal Medina aparecía con frecuencia en el entramado de reparto de fondos.

“Al respecto, resulta de utilidad la nota correspondiente al día 22 de octubre de 2013, de la cual se desprende que ‘lo lleve a Nelson al Edificio Bs As Plaza (Manuela Saenz 351, previo de llegar habló con Liliana Alonso quien le dijo que lo estaban esperando, subió a retirar US$1.200.000 (un millón doscientos mil dólares) y a la vuelta del lugar nos esperaba Martín de Presidencia en una Partner MNI 588 a quien le entregó el dinero para que se lo lleva a Presidencia para el Jefe de Gabinete Abal Medina, especifica el juez.

También la nota del 5 de septiembre de 2013: “Lo llevo a Nelson a Maipú 741 ‘ISOLUX’, nos esperaba Martín y entraron juntos a retirar dinero para llevárselo a Abal Medina con el conocimiento de la Sra Presidenta de la Nación Argentina, según Nelson”.

“Algo que no puede dejar de mencionarse al momento de valorar la responsabilidad del nombrado es la informalidad con la cual se entregaban los fondos a su colaborador y sin ningún tipo de documentación que respalde la entrega de los mismos, y de la misma manera, este dinero habría sido utilizado para el desenvolvimiento de la campaña electoral llevada a cabo en el año 2013″, fundamentó Bonadio al respecto.

Las entregas se hacían en la “vía pública” y sin preguntas sobre la “procedencia” del dinero, “circunstancia que da cuenta de la clandestinidad con la cual se manejaban los funcionarios”.

Abal Medina sostuvo que nunca tuvo “competencia directa” en el Ministerio de Planificación, ni en la Secretaría de Energía ni en ninguna de sus dependencias. Pero eso “no lo exime de responsabilidad” porque no podía “desconocer el origen ilegal de estos fondos”, retruca el juez.

En su declaración indagatoria en la causa central, Szpolski dijo que sus arreglos fueron con Abal Medina. Con el entonces funcionario pactó cantidad de boletas a imprimir, costo y forma de pago por seis millones de pesos a entregarse “en la imprenta”.

El devenido arrepentido ex secretario de Obras Públicas, José López, tampoco favoreció al recaudador K. De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamó así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulté a la Presidenta y me dijo ‘hay que poner todo para ganarle a ese traidor’ refiriéndose a Sergio Massa”.

“Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del ‘Japonés’ García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cuál era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013, declaró López.

“En las elecciones del año 2013 parte de dicho dinero se lo habría entregado Hugo Martín Larraburu y Juan Manuel Abal Medina a Juan Carlos Mazzon -el ya fallecido Coordinador General de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidencia-, y José López le habría entregado dinero a diferentes agrupaciones, dándole a Ricardo Ivoskus cinco millones de pesos ($ 5.000.000) dinero que le fue solicitado en una reunión en la casa de Enrique García para organizar el apoyo en la campaña”, según la reconstrucción que se hizo en la investigación.

En base a estos elementos, Bonadio dejó al ex jefe de Gabinete procesado en la causa central junto a Cristina, De Vido, Baratta, López y empresarios como Paolo Rocca y Ángelo Calcaterra.

La acusación lo colocó como partícipe necesario de la asociación ilícita y diez hechos de admisión de dádiva y uno de cohecho.

Pero los fiscales van por más ante la Cámara: “La intervención de Abal Medina y Larraburu (su secretario) por ellos mismos reconocida que consistía básicamente en recibir y trasladar parte del dinero ilícitamente obtenido por quienes oficiaran como recaudadores para luego proceder a su posterior reconducción, no puede ser interpretada de otra manera que bajo las reglas de una participación necesaria en el delito de cohecho pasivo, en cada uno de los casos.