Este lunes, el Ministerio de Justicia informó que detendrá el pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, mientras realiza una auditoría de las compensaciones otorgadas y pedidas. También se anunció que reclamarán la devolución de las sumas mal otorgadas.
La decisión surge “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
Esta medida lo dispuso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-, que determinó “la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”.
Según se informó oficialmente, decidió llevar a cabo la auditoria “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
En referencia a los pagos indebidos que estén en la causa penal, explicaron que “como la Secretaría de Derechos Humanos es querellante, pedirá la traba de medidas en la causa como inhibición de bienes o embargos”.
En esa línea, Cúneo Libarona difundió un comunicado del ministerio de Justicia, a través de su cuenta de X, y añadió un mensaje donde detalló: “Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”.
En el comunicado en el que informa su decisión, señala que “la Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, y que confirmó la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
Y continuó: “En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, remarcó: “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.
Y el comunicado concluyó: “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
