La causa contra dirigentes piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes avanzó en las últimas horas con la presentación en la Justicia de algunos de los acusados. En su declaración, Jeremías Cantero, el número 2 del Polo Obrero, reconoció que se les cobraba dinero a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, aunque aseguró que esos aportes eran voluntarios.
Sobre la coacción, Cantero dijo que el aporte que se pide es voluntario para solventar gastos. También señaló que el Polo Obrero no puede dar de baja a planes sociales y que la política de la organización es defender que no haya bajas y que este año presentaron un amparo para personas que les retiraron el plan.
Inclusive, según pudo saber el medio TN, remarcó que muchas personas con planes se pasaron al Polo Obrero porque no tiene un manejo con los estilos de los punteros. El dirigente coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran “Rivadavia 1″; La Carbonilla y Mariano Ferreryra y está acusado de tomar decisiones respecto de “las exigencias coactivas y extorsiones a las víctimas”.
Ese aporte, que en la causa se describe como cápitas, se utilizaba para “el sostenimiento de los comedores”, es decir, cubrir alquileres, fletes y depósitos, entre otros gastos operativos de los comedores.
En su presentación, Cantero negó además la existencia de un sistema de multas para quienes no participaran de marchas y piquetes, argumentando que el Polo Obrero no tiene la capacidad de dar de baja un plan Potenciar Trabajo.
El expediente
Allí se encuentran chats, conversaciones y escuchas que para el fiscal Gerardo Pollicita prueban la extorsión de estos dirigentes a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Luego el juez federal Sebastián Casanello le dio un giro a la causa y comenzó a investigar a Eduardo Belliboni por supuesta defraudación millonaria al Estado nacional al desviar parte de la plata del Potenciar Trabajo a empresas investigadas por hacer facturas truchas.
De las cuatro dirigentes del Polo Obrero que debían declarar la semana pasada, solo una aceptó responder preguntas: se trata de Elizabeth Galindo Mamani, que cumplía el rol de “delegada” en uno de los comedores que manejaba la organización.
La mujer reconoció que les exigía a los beneficiarios un porcentaje de lo que cobraban del Potenciar Trabajo.
Mamani cumplía tareas en el comedor “Rivadavia 1″ y tenía una misión asignada: cobrar las cápitas. Así lo muestra una de las capturas de mensajes expuestas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita: “Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las capitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día”.
En otras palabras, su función era cobrar una suma de dinero que se usaba para “sostener” al comedor. Lo cierto es que el destino final de esa plata es por ahora un misterio.
