La Auditoría General responsabilizó al Congreso por la falta de auditorías sobre la UBA

El titular de la Auditoría General de la Nación explicó el mecanismo necesario para revisar las cuentas de la UBA y señaló que no es una potestad del Ejecutivo. Además, destacó el impacto de la marcha: “La educación es un límite”, sostuvo.
Por: #BorderPeriodismo

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, aseguró hoy en conversación con Eduardo Feinmann para Radio Mitre, que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo, sino que las debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso, integrada por diputados y senadores.

En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla”, explicó Olmos.

“La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditoría internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”, agregó. 

“El control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario. La UBA requeriría un equipo especial por el volumen y no sabría decirle por qué el Congreso no lo determinó”, puntualizó Olmos. 

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El ex jefe de asesores del ex presidente, Alberto Fernández, el control “es la base de una gestión eficiente”. En otro momento de la entrevista, destacó la masiva marcha universitaria que se desarrolló ayer en diversos puntos del país: “la educación es un límite, un valor de la sociedad y está dispuesto a defenderlo”, sentenció Olmos.

“Creo que (el presidente Javier Milei) está realizando un ajuste del gasto público sin mirar qué está recortando, sin hacer una priorización de qué gasto puede ser suprimido y cuál no. En esa brutalidad, hace un desparramo que afecta a todos los sectores, a la educación pública, a las universidades, también le tocó y provocó la rección de la sociedad”, consideró. 

Ayer, mientras sucedía la masiva movilización contra los recortes del presupuesto en educación universitaria, en la Casa Rosada advirtieron que no hay ninguna auditoría en marcha, ni planes de avanzar con un plan en ese sentido en el corto plazo, como habían anunciado la semana pasada, a través de un anuncio del ministerio de Capital Humano que después fue ratificado desde la Secretaría de Educación que maneja Carlos Torrendell.

En aquel momento, además de informar sobre una suba en el presupuesto -el cual, como señalaron desde la UBA, resultó insuficiente para avanzar en un acuerdo-, el ministerio dijo oficialmente que habían pactado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar “en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes”.

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Luego, el subsecretario de Políticas Universitarias, Carlos Álvarez, realizó un “aviso importante” a través de su cuenta de X: “Pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”, manifestó. 

Este anuncio fue mal recibido por las universidades. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, denunciaron que esto sería “inconstitucional” ya que resultaría en una “violación de la autonomía universitaria”. 

“A las universidades nacionales las audita la AGN, que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis, las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, destalló Moriñigo.

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Frente a la consulta del medio Infobae sobre los planes concretos, en la Casa Rosada admitieron que por ahora el anuncio fue sólo eso, y que se hizo únicamente para “instalar” el tema en la agenda pública. “Que se hable de eso no es poca cosa”, sostuvieron, según el medio. 

También reconocieron que la tarea de auditar a las casas de altos estudios le corresponde a la AGN, que está presidida por el dirigente del PJ porteño y ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos y consideraron que las condiciones políticas para que la AGN avance con auditorías son adversas. “Hace diez años que no se hace una auditoría universitaria”, aseguraron desde Casa Rosada, según reconstruyó Infobae. 

Uno de los planes de relativa urgencia para Milei desde que asumió es ubicar en la AGN al abogado Santiago Viola (que trabaja codo a codo con su hermana Karina y el dúo Martín-Lule Menem), pero hasta ahora el gobierno no lo ha conseguido. 

La AGN está a cargo de siete miembros, de los cuales tres son elegidos por Diputados, tres por Senadores. El mandato dura ocho años. 

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