La Corte Suprema de los Estados Unidos no dio lugar hoy a la apelación que la Argentina hizo del fallo del Juez Griesa. Ese fallo ordenó a nuestro país pagar el 100 por ciento de la deuda al 7% de los acreedores que no aceptaron ninguna de las dos refinanciaciones de deuda que realizó el Gobierno (en 2005 y 2010). En esto hay que ser muy claros y no caer en la politiquería barata: los holdouts, o fondos buitre, son la lacra del sistema financiero mundial. Contra ellos acabamos de perder este partido, en un resultado que no sólo afecta a la Argentina sino a todos los países emergentes del mundo. Ese 7% de tenedores de deuda pagaron menos de 50 millones de dólares y pretenden llevarse cerca de 1.300 millones. Cómo lo hacen es explicar lo más podrido de nuestro sistema capitalista. Vamos a ejemplificarlo: Paul Singer, un empresario norteamericano dueño del fondo de inversiones NML, pagó por cada dólar de deuda cesanteada (en 2001) cerca de 20 centavos. Gracias a no acogerse a la quita lograda por nuestro país, y a tener socios en la Justicia norteamericana, que perpetúa el poder financiero incluso por sobre la misma administración Obama, hoy no sólo pretende cobrar esa renta extraordinaria, sino que pone en riesgo el pago al 92% de los ahorristas que sí aceptaron la quita, que igual van a ganar plata con la Argentina, y que ahora observan cómo sus ilusiones se hacen trisas. Cristina habló en cadena nacional y dejó dos o tres frases para remarcar. “Estoy preocupada”, dijo CFK con el gesto más adusto que de costumbre. “Pero yo esperaba esto, no me tomó por sorpresa”, agregó. Y, quizá lo más importante, aseguró que instruyó al Ministerio de Economía para que encuentre la forma de pagarle a los acreedores. Esto deja una pista fundamental a corto y mediano plazo. Si la Argentina girase como debe hacerlo a fin de junio 900 millones de dólares a los acreedores, la porción que se cobra en EEUU será embargada por el fallo Griesa, y así los mismos que aceptaron el canje no cobrarán. Pero además, los fondos Buitre son tenedores de los seguros contra default, es decir que cuando la Argentina no pague, cobrarán esos mismos seguros, para luego recibir además el 100% del dinero. El negocio más fabuloso y miserable que hemos visto en los últimos años. “Esta es la demostración de la enfermedad del sistema financiero”, dijo el economista Aldo Ferrer. Y muchísimos colegas salieron a hablar en ese mismo sentido. Es de esperarse, claro, tal como lo hizo Hermes Binner, que algunos políticos aprovechen un fallo tan reprochable para criticar al Gobierno. El problema es que no es este el punto para machacar. Si hay algo en lo que todo economista serio coincide, es que refinanciar la deuda como se hizo en 2005 y 2010 con un quita del 67% fue una jugada más que aceptable, en línea con el muy buen acuerdo con el Club de París, que había colocado al país en una buena posición para tomar deuda a buenas tasas y en condiciones que no condicionen el crecimiento. ¿Qué pasará ahora? Es el gran tema de discusión. Pero se entiende que la Argentina podría caer en default técnico: es decir, que a pesar de la voluntad de pago, producto del embargo que podrían sufrir los giros de divisas al extranjero (donde tiene jurisdicción gran parte de esa deuda) al mejor estilo Fraga Libertad, nuestro país vuelva a esa posición marginal en la que las calificadoras de riesgo bajan la nota, se encarece el crédito, y por qué no, se dispara el dólar y caen las acciones. La preocupación de CFK tiene asidero. Un fallo que ha demostrado el poder que aún tienen los grandes centros de poder financiero, que incluso contradijo al presidente de la nación más poderosa de la Tierra, podría sentar el peligroso precedente de la imposibilidad de negociar la deuda cuando un país no puede pagar. E incluso cuando demuestra voluntad y seriedad para hacerlo. Un verdadero baldazo de agua helada que pondrá otra vez a los equipo de Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega al límite de su capacidad de manejo. La salida que se conversó el mismo día del fallo adverso es encontrar los vericuetos legales y técnicos para que los tenedores cobren en países que no estén bajo jurisdicción norteamericana, es decir que no tengan acuerdos entre sus sistemas judiciales y financieros. Es un camino complejo, y riesgoso. Pero por ahora parece ser la única salida a este callejón que aparenta no tenerla.