Nadie puede estar contento con la decisión de la Corte Suprema estadounidense de no tomar el reclamo argentino y dejar firme el fallo del juez Thomas Griesa, que obliga a pagar el 100% de la deuda a los holdouts.
Y (por ahora) ningún político de las grandes ligas sacó provecho del mal paso del país en EE.UU. Es difícil criticar la política de pago que encaró la Argentina, mal que le pese a Pino Solanas, que poco a poco se parece cada vez más a una caricatura de sí mismo.
Los equipos de economía, tras el default de 2001, han transitado un largo y serio camino para regularizar la deuda externa, quizá EL tema que atraviesa a todos los gobiernos desde la Dictadura a esta parte. Y las dos refinanciaciones realizadas en 2005 y 2010 lograron lo que nunca antes: una quita de 67% y un nivel de acuerdo que alcanzó a cerca del 93% de los acreedores.
Todo este gran lío es por ese 7% que quedó afuera, porque no aceptó la quita. Pero hay que aclararlo, y ésto no lo dijimos en nuestra columna anterior: ésos no son ahorristas que invirtieron en la Argentina y luego terminaron desahuciados. Son los poderosos del mundo, que compraron por centavos los títulos de deuda defaulteados (pagando menos de 50 millones de dólares) y hoy gracias al fallo del juez Griesa reclaman cerca de 1500 millones de dólares, cerca de un 1.600% de rentabilidad. El negocio financiero más fabuloso de la historia moderna.
Entonces, se entiende por qué la posición argentina genera unanimidad en todo el arco político: se trata de no ceder ante inescrupulosos que explican gran parte de la podredumbre del sistema capitalista.
Y tal como adelantó #Borderperiodismo el lunes, la Argentina buscará cambiar la sede de pago (esa porción de deuda tiene jurisdicción norteamericana, por eso la Justicia de ese país intervino). Buenos Aires es una opción, pero no la única. Tampoco tiene ser todo en una misma sede. El trabajo de los técnicos de Economía es encontrar la forma de pagar sin que sean embargados esos fondos. Lo explicamos: el 30 de junio vence deuda por 900 millones de dólares, que el Gobierno va a pagar.
Pero la sentencia de Griessa obliga a pagar primero a los Buitres, por lo que la Argentina entraría en cesación de pagos con aquellos tenedores con quienes ya acordó. Y detrás de ese pago del 100% se viene una lluvia de reclamos, que ese mismo 93% podría realizar, para cobrar el total y no lo acordado en 2005 y 2010.
«No pasarán», dijo en voz alta Axel Kicillof en su conferencia de prensa de ayer, tras una larga explicación técnica del problema, y adelantó que ya dio la orden de negociar con el Juez norteamericano.
Esa es la otra pata del asunto. El Gobierno entiende que por más que levante la voz y patalee, la única vía que le queda para no entrar en ese llamado «default técnico» es negociar. Sentarse con Griessa, conversar con empresario como Paul Singer, y tratar de llegar a algún otro acuerdo. La administración Obama respalda esas conversaciones, tal como lo hicieron semanas atrás los ministros de Economía de las potencias europeas y del Japón, en el acuerdo logrado con el Club de París.
De concretarse la jugada de los holdouts, el país podría enfrentar pagos por 120 millones de dólares, cuatro veces las reservas del Banco Central. Esa es la magnitud del problema que de está discutiendo, En buena hora los políticos comprenden la importancia de poner el bien común por sobre los intereses personales y partidarios.
Como diría Mendieta, «¡Negociemos, Don Inodoro!»
