Por Javier Álvarez (@JaviAlvaBa)
“Paraguay produce 9 millones de toneladas de soja, pero exporta 12”, se ufanó, sin sonrojarse, un diplomático de ese país. Se había sentado minutos antes a la mesa de un exclusivo restaurante de Puerto Madero junto a una importadora connacional y a un empresario argentino.
El contrabando es una realidad brutal que se desarrolla en varios puntos de los 1.699 kilómetros de frontera que separan a ambos países. Por tierra y por agua, los porotos de la oleaginosa se van de la Argentina vía Paraguay y también Uruguay y Brasil.
En las oficinas centrales de la AFIP frente hay investigaciones secretas con números alarmantes, a las que pudo acceder #BorderPeriodismo: el mercado negro de la oleaginosa logró evadir al menos 1.200 millones de dólares en 2014. Son unos 10.000 millones de pesos que no entraron al fisco.
Es el equivalente al 5,04 por ciento de los 23.779 millones de dólares que el sector agroexportador argentino liquidó legalmente entre el 1 de enero y el 23 de diciembre del año pasado, cifra por demás alarmante si se tiene en cuenta la fuerte necesidad de divisas de la Argentina para sostener su tipo de cambio, pagar importaciones y afrontar su deuda.
Esos mismos documentos oficiales indican que se fueron de la Argentina vía contrabando poco más de 9,1 millones de toneladas de soja, por unos 3.420 millones de dólares. Sí, el 18,7 por ciento de los 48,5 millones de toneladas cosechadas en la campaña 2013/2014 fue comercializado en forma ilegal.
¿Cómo es la operatoria? Hay varias modalidades. La soja se produce en las provincias y es cargada en camiones con acoplado que llegan a la frontera con sobrepeso. Y los transportistas sólo declaran la caja del camión, el sobrepeso y el acoplado entero pasan sin registro alguno.
En los organismos de control aseguran que no es así, aunque reconocen que el contrabando es un hecho. Y sólo resumen el delito a la falsificación de documentación declaratoria que, a veces, no es detectada o a otras maniobras como el robo de claves fiscales.
Empresas fantasmas y productores truchos o impostores también falsean los datos de las cartas de porte y el Código de Trazabilidad de Granos (CTG). Sólo en noviembre último, unos 200 camiones con destino a Brasil fueron implicados en una mega apuesta evasora en Misiones.
Se trató de unas 6.000 toneladas de soja producida en Córdoba, Buenos Aires, Chaco y Misiones, con un valor de mercado de 22,5 millones de dólares. Cayó entonces parte de una banda con “presta nombres” de la costa del río Uruguay, y ahora la AFIP sigue las pistas para desarticular la red.
La Dirección General de Rentas de Misiones frenó el 23 de diciembre tres camiones cargados en el Chaco con más de 30.000 kilos de soja cada uno. En todos los casos sólo se habían declarado unos 20.000 kilos.
Pero la corrupción juega su partido. Existen fuertes sospechas internas sobre agentes de la Aduana, la Gendarmería y la Prefectura por la presunta admisión de coimas para dejar pasar los cargamentos. Y de vez en cuando, atrapan a algún chacarero que se arriesga al contrabando para cobrar un mejor precio.
Otra maniobra es la de las barcazas declaradas ante el Estado argentino como buques extractores de arena. Cruzan de un lado al otro de los ríos Paraná y Uruguay cargados con porotos de soja en zonas libres del control de Prefectura. También hay precarias barcazas con bandera paraguaya.
Pero los grandes barones del contrabando no caen, se sientan detrás de escritorios en sus oficinas de Puerto Madero y en la calle Palma, en el centro financiero de Asunción. El Gobierno tiene en la mira a un reconocido empresario del transporte de pasajeros con negocios diversificados en Buenos Aires.
Una vez que la soja está en territorio paraguayo es comercializada a una empresa local y esta se la revende a los grandes pooles de siembra y exportación como ADM, Cargill, LDC y Bunge, trasnacionales que controlan el mercado agroexportador legal paraguayo.
“La soja no tiene código de barras. Qué sabe la exportadora dónde se cosechó. Ellos compran y venden, no preguntan”, le dijo a #Border el diplomático de aquella polémica admisión en un restaurante porteño. Los contrabandistas consiguen documentación paraguaya que da fe que esa soja fue producida en ese país.
Los dólares que cobran los contrabandistas son depositados en cuentas bancarias del exterior y parte de ellos ingresan a la Argentina por rutas ilegales utilizadas también por el narcotráfico. Esos billetes alimentan, en gran medida, las cuevas financieras que operan el polémico dólar blue.
Si la operación ilegal sale redonda, el negocio cierra a todos: el contrabandista percibe el precio de mercado internacional, sin la quita del 35% de las retenciones que aplica la AFIP en el circuito formal. Los funcionarios que prestan connivencia con el delito se llevan jugosas sumas por sobornos.
Cuando el Gobierno argentino detiene a un perejil le aplica la Ley Penal Tributaria, porque el delito en cuestión es el del “contrabando”, que prevé penas de prisión para quien lo lleva a cabo. Y cuando no, pierde miles de millones de pesos por impuestos no cobrados.
El diplomático cuyo nombre no será revelado para preservar la fuente de información asegura que este negocio negro creció fuerte desde 2008, pero se disparó a partir de 2011 con el cepo cambiario en la Argentina, y se anima a apuntar contra algunos altos funcionarios provinciales de los cuales por ahora no da nombres.
