En su declaración jurada revela bienes totales por más de 44 millones de pesos. Era sabido su pasado como CEO de la petrolera, pero poseer títulos podría limitarlo en su accionar. Su respuesta ante posibles incompatibilidades.

La incorporación de Juan José Aranguren al gabinete de Mauricio Macri significó un salto arriesgado para uno de los pocos empresarios que, en los turbulentos años de kirchnerismo, se enfrentó públicamente a los desmanejos y aprietes de los sucesivos equipos económicos, con Guillermo Moreno, como símbolo más corrosivo. Los costos fueron altos, pero, así y todo, el ex CEO de la filial argentina de la petrolera Shell decidió exponerse en la arena política. En los últimos días, su perfil se elevó debido a la decisión de quitar subsidios a la electricidad e implementar cortes programados del servicio, en un intento de paliar la heredada crisis energética.

En paralelo, el diario Perfil, en una trabajada y trabajosa nota del periodista Gabriel Ziblat, dio cuenta por primera vez de los patrimonios de algunos de los ministros del nuevo gobierno. La nota, que pueden ver aquí, reveló fortunas considerables de varios de ellos y, a la vez, que son pocos aún los que han cumplido con la norma de presentar su declaración jurada al asumir el cargo. En teoría, los funcionarios de todos los rangos deberían haber presentado su documentación ante la DDJJ al cumplir un mes en sus cargos, aunque desde la Oficina Anticorrupción (OA) sostienen que algunos plazos se cumplirían en abril y otros al iniciar el ano tras la presentación de las liquidaciones de ganancias en mayo.

Como fuere, hay que darle crédito a Aranguren por haber decidido revelar su patrimonio ante la requisitoria de un medio, antes de siquiera hacerlo ante la OA. La presentación oficial de Aranguren estuvo disponible una semana después, para sumarse a un muy pequeño grupo de funcionarios debutantes en cargos que hicieron los deberes. (Otros funcionarios, incluido Macri, dejaron vigentes las DDJJ que hace poco debieron presentar por haber sido candidatos a cargos electivos o por haber sido legisladores, como acepta la OA).

Pero así como es valorable la disposición de Aranguren, también es necesario plantear las dudas que su presentación genera. Porque sabido era su pasado como CEO de Shell, lo que ya podría suponer la necesidad de autolimitarse en sus funciones en el área petrolera, como incluso habían anticipado desde su entorno al asumir. Pero lo que no era de conocimiento público era su condición de accionista de la petrolera de origen holandés. Aranguren revela en su presentación que, desde 2008, posee acciones Clase A de Royal Dutch Shell Plc (RDS) por la suma de 13.188.436,49 pesos, títulos que conserva en Holanda.

Que Aranguren sea accionista de la casa madre de Shell implica al menos, reglas claras en su accionar. ¿Es compatible? ¿Es suficiente delegar decisiones del área petrolera?
«Si debe resolverse una cuestión que involucra a Shell, el ministro de Energía [Juan José Aranguren, quien presidió la firma], debería abstenerse; pero en un tema como el del precio de los combustibles no existe el conflicto, porque se establece para todo el sector», sostenía Germán Emanuele, director de Justicia y Acción Ciudadana de la ONG Poder Ciudadano, ante La Nación, cuando el ministro fue designado. Aún no se sabía su calidad de accionista.

La ley 25.188 de Ética de la Función Pública sostiene, en su capítulo V, sobre incompatibilidades y conflictos de intereses:

ARTICULO 13.-  Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

ARTICULO 15.- En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.

Abstenerse de tomar intervención,  durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES ( 3 ) años o tenga participación societaria.

La ley es sumamente vaga. ¿Debería Aranguren vender su participación? #BORDER se comunicó con el ministro para saber si había tomado alguna decisión administrativa para autolimitarse o cuál sería su estrategia para salvaguardar esta situación, de plantearse una incompatibilidad. El ministro optó por escribirnos un mail, cuyos párrafos más destacados son los siguiente:

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  “Como es de público conocimiento antes de ser designado por el presidente Macri en la función pública a partir del 10 de diciembre de 2015, me desempeñé en el ámbito privado. Desde el 08/03/79 hasta el 30/06/15 trabajé en la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (SCAPSA), subsidiaria de Shell Petroleum NV (SPNV), la cual a su vez forma parte del Grupo Royal Dutch Shell (RDS)”.

• “En el ejercicio de mi tarea fui designado miembro del Directorio de SCAPSA en mayo del 1997 y posteriormente presidente de su directorio desde el 01/01/2003 hasta mi retiro el 30/06/15”.
• “Como parte de mi retribución anual, a partir de 1998, recibí una cantidad variable de opciones (no todas fueron ejercidas) y/o acciones de RDS, las cuales fueron declaradas anualmente ante la AFIP y se acrecentaron en función de los dividendos declarados por RDS hasta llegar al monto que manifesté al 31/12/14 (46451 acciones) y que será actualizado en los próximos meses en ocasión de la presentación de las Declaraciones Juradas del año 2015”.
• En relación con su consulta (sobre) la Ley 25188 de Ética en el ejercicio de la función pública (…) declaro que al momento de ser designado y al presente no me alcanzan ninguna de las incompatibilidades mencionadas en el Art. 13”.
• “Asimismo, es mi convencimiento que no tengo competencia funcional directa sobre una SA de la cual sea accionista, por cuanto RDS (nota: la empresa madre de Shell de la que es accionista) no se inscribe bajo mi carácter de autoridad de aplicación en Argentina”.
• “En consecuencia no me he planteado la necesidad de vender las acciones de RDS en mi poder”.
• “No obstante ello, ante la alternativa que se suscitara algún conflicto de interés en el ejercicio de mi responsabilidad como ministro de Energía y Minería por una norma de alcance particular (aclaro que, en los permisos de exploración y concesiones de explotación on-shore, la autoridad de aplicación son las provincias respectivas) por la naturaleza de mi anterior y único empleador me abstendré de tomar decisión alguna elevando las actuaciones a mi superior jerárquico (el Presidente de la República o a quien éste designe) previa consulta con la Oficina Anticorrupción”.    

Lo mismo intentamos hacer desde #BORDER: llamamos a la Oficina Anticorrupción, comandada por Laura Alonso, para tener su postura ante el caso, pero desde allí se excusaron de opinar, se limitaron a informar que la funcionaria estaba de viaje, y que el ministro Aranguren no había hecho presentaciones adicionales a su declaración jurada. Tarde o temprano, la OA deberá analizar la situación del ministro.

Hace dos semanas, ante la primera importación de crudo que se realizara en el gobierno de Macri, la petrolera Oil, de Cristóbal López, licitó la compra de un barco que traería un millón de barriles de petróleo, que llegaría al país a fines de febrero. En la compra del combustible -primera operación de este tipo en años- participaron otras petroleras con operación local, como Axion, Pan American Energy y la propia Shell. La licitación del barco la ganó otra subsidiaria internacional de la empresa anglo-holandesa, Shell Western. Cuando se anunció esta operación, desde la oficina de Aranguren aclaraban que el ministro no participaría en operatorias que involucren a dicha firma y “que las cuestiones ligadas a la venta de combustibles las resuelve Pablo Popik, subsecretario de Refinación y Comercialización”, segùn consignó Perfil.

Popik es un ex ejecutivo de Axxion, ex Esso, que también fue parte de la licitación. Ni él, ni su superior, el secretario de Combustibles José Luis Sureda, ex vicepresidente de Gas en Pan American Energy, la firma del grupo Bulgheroni, han presentado sus propias declaraciones juradas ni puesto aún en debate sus propias posibles incompatibilidades. Tal vez por ello sea que Aranguren ahora sostiene, que en un caso que evalúe incompatible, la firma sería de un superior, sea Macri o el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La fortuna de Aranguren

Además de las polémicas acciones, el patrimonio de Aranguren se elevaba en 2014 a una fortuna que supera los 44 millones de pesos. E incluye:

• Una casa en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires, adquirida en 1993, de 150 metros cuadrados y tasada en 131.832,48 pesos.
• Una mansión de 1.150 metros cuadrados en Acasusso, San Isidro, comprada en 1998 y cotizada en 2.198.176 pesos.

  

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  Tres quintas en San Pedro. Una de 30 hectáreas tasada en 1.780.999 pesos, adquirida en 2007. El 25 por ciento de otras 10 hectáreas, adquiridas un año después y valuadas en
  498.100,25 pesos. Y la tercera, de 40 hectáreas, incorporada en 2012 y cotizada en 2.786.439,80 pesos.

• Un Nissan Tiida 1.8 6MT Tekna, modelo 2009, valuado en 143.500 pesos.
• Una camioneta Hyundai Tucson 2.0 4WD, modelo 2013, a 520.000 pesos.
• 325 mil dólares en efectivo, tasados en 2.746.575 pesos.
• 199 mil euros en efectivo, tasados 2.042.655,40 pesos.
• Dos cajas de ahorro en el exterior. Una en el Citibank de Nueva York, con casi un millón de dólares (950 mil, cotizados a 8.159.686,26 pesos) y otra, en el ABN AMRO Bank, en Holanda, con 305 mil euros, cotizados en 3.131.812,71 pesos.
• Crèditos impositivos a su favor, cuentas locales y bienes de hogar por el resto.

La declaración jurada completa del ministro, se puede revisar a continuación.