El ex titular de la AFIP busca revertir las medidas judiciales que lo alejaron de la AGN. Los nombres que suenan como posibles reemplazos. La megacausa por evasión que podría caer.
Ricardo Echegaray advierte que va a resistir hasta el final. El desplazado titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) presentó ayer dos apelaciones judiciales ante el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio y el amparo que lo alejó del organismo por 90 días firmado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal. La tormenta proveniente de los tribunales se acrecentó por un nuevo impulso que el juez Sebastián Casanello le dio a la causa donde se investiga si existió un encubrimiento al empresario Lázaro Báez.
Bonadio procesó al ex titular de la AFIP en una causa iniciada por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con dos figuras: violación de secreto, por haber realizado una denuncia penal y notas periodísticas a partir de la información que Francia proveyó al país con el nombre de 4040 cuentas en el HSBC de Suiza con posibles evasores. La segunda figura es instigación al falso testimonio, ya que el juez entiende que los subordinados de Echegaray tenían elementos para no incluir a Prat Gay en la denuncia pero los ignoraron intencionalmente.
Por su parte, la defensa del ex recaudador sospecha de la ordenada sucesión de acontecimientos que terminaron con su salida: primero, la encendida pelea de la diputada Elisa Carrió con la vicepresidenta, Gabriela Michetti, donde le reclamó haber firmado la designación de Echegaray en la AGN. Un día después, llegó el procesamiento dictado por el juez Bonadio que justificó el apartamiento firmado por Michetti y el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó. La semana terminó con una cautelar que lo alejó de la AGN por 90 días, que había sido pedida por Carrió. Desde el macrismo responden que la candidatura siempre fue endeble porque el ex titular de la AFIP tenía causas pendientes en la Justicia.
La AGN y el PJ
La presidencia del organismo que controla las cuentas del sector público pertenece al principal partido de la oposición. Si bien las versiones más fuertes apuntaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la responsable de la designación, en el partido hay quienes señalan al intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, como el principal sostén de Echegaray, a pesar de los chispazos que existieron entre ambos cuando integraban el Gabinete kirchnerista. En el Partido Justicialista prometen que no se nombrará a un reemplazante hasta que se agoten todas las instancias judiciales de defensa.
La danza de posibles reemplazos comenzó ni bien se conoció el alejamiento del ex titular de la AFIP. El ex diputado Julián Domínguez y el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner fueron los que sonaron más fuerte. Desde el PJ repiten que la decisión institucional es no debatir nombres hasta que la Justicia no confirme el destino final de Echegaray, aunque admiten que es imposible evitar la especulación política de los interesados en ocupar ese espacio.
La auditoría quedó en manos del influyente Javier Fernández y la decisión del resto del cuerpo compuesto por representantes del PJ, UCR y massismo fue continuar con el funcionamiento del organismo ya que el quórum necesario lo permite. Desde el entorno de Echegaray, afirman que respetará las decisiones judiciales y se mantendrá al margen de las deliberaciones y apoyará las determinaciones del resto de los auditores. La AGN intentó mostrarse activa y ya tuvo su primera reunión esta semana.
Riesgo en la megacausa por evasión
La lista Falciani es conocida a nivel global luego de que un técnico informático que trabajaba para el HSBC llamado Hervé Falciani filtró datos sensibles de clientes de esa entidad, presuntamente evasores, de distintos países. Francia le dio valor a los datos y le permitió quedarse en suelo francés a pesar del pedido de captura internacional emitido por Suiza. Además, transfirió la información hallada a algunos de sus pares de Europa. En 2014, la AFIP pidió acceder a la información y obtuvo los datos de 4040 contribuyentes argentinos con cuentas en el exterior.
Bonadio interpretó en su fallo que -debido al convenio firmado entre ambos países- la información que envió Francia debe considerarse secreta y no podría destinarse a fines distintos a los fiscales. De confirmarse ese criterio en la apelación ante la Cámara, correría riesgo la causa que tramita el Juzgado Penal Económico Nº 11, de la jueza María Verónica Straccia contra los contribuyentes que se habrían beneficiado de la plataforma provista por el HSBC para evadir impuestos que debían pagar en el país.
