El escándalo que se desató luego de conocida la noticia de un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa de la familia Macri agarró mal parado al equipo comunicacional oficial. Primero minimizaron el problema, después criticaron la lectura que se estaba tomando, siguieron responsabilizando al kirchnerismo y terminaron pidiendo una solución integral, con intervención de la AGN. Ahora se sumó la instrucción de Macri de volver todo «a foja cero».

Primero intentó minimizar el conflicto. Después apuntó contra la responsabilidad del kirchnerismo. Y ahora abrió la puerta a una “solución integral” del problema que probablemente sea el que más dolores de cabeza le generó al Gobierno desde que asumió el poder: el acuerdo con una empresa de la familia presidencial para el pago de una deuda.

El Gobierno va a seguir defendiendo que el fondo de la cuestión en el #CorreoGate fue manejado siempre dentro del marco de la Justicia y acorde a lo que marcan las leyes. Sin embargo, va a tener que seguir ajustando la estrategia para que el golpe político deje la menor cantidad de heridas. Es que la imagen de Macri ayudando a la familia Macri ya quedó instalada. Por eso los propios oficialistas ya reconocen de que hubo un error político al minimizar, en el mejor de los casos, el impacto que podía tener la difusión del acuerdo.
#BORDER analizó la reacción oficial ante la polémica y detectó cómo fueron evolucionando las respuestas gubernamentales. Al punto tal de que en apenas una semana hubo ocho cambios de discurso. Y la novela promete seguir.

«Se hizo todo bien».
La primera reacción oficial, apenas conocida la noticia el miércoles 8 de febrero, fue minimizarla. No salió ningún funcionario de peso a hablar, pero sí hubo respuestas en el tradicional off the record. El objetivo fue intentar explicar la discusión como una controversia técnica, aclarando que había que buscarle una solución al conflicto y que el acuerdo alcanzado era el mejor posible.

“Un disparate”.

Al día siguiente, mientras el conflicto escalaba posiciones en la opinión pública, las voces del Gobierno apuntaron sus misiles al dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que fue quien permitió que se desencadenara el escándalo, al asegurar que se trataba de un acuerdo “abusivo” para con los intereses del Estado. “Es uno de los más grandes disparates que hemos visto”, se escuchó por los pasillos de la Casa Rosada, según informó el diario La Nación. “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”, afirmó Juan Mocoroa, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, el hombre designado por Oscar Aguad para negociar con la empresa Correo Argentino S.A., de la familia presidencial.

Convocatoria a la oposición.
El mismo jueves, no obstante, en la Casa de Gobierno se decidió empezar a darle una respuesta más política al tema y se anticipó que el ministro Aguad convocaría a los referentes de la oposición que quisieran interiorizarse en los detalles de la negociación y posterior acuerdo con la empresa. El argumento oficial seguía siendo que la firma pagaría el 100% de lo adeudado (casi 300 millones de pesos) más intereses que llevarían el total a unos 600 millones. Todo a pagarse en 15 cuotas hasta 2033.

La convocatoria a la oposición, no obstante, cambió de rumbo y fue la oposición la que convocó al ministro de Comunicaciones al Congreso para que diera todas las respuestas. Aguad ya tuvo su primer examen el martes por la tarde, en una cumbre con los diputados del intebloque Cambiemos. El martes próximo, en tanto, deberá presentarse en un plenario de comisión, convocado por la oposición. Junto a Macri y Marcos Peña, en tanto, se salvaron de ser interpelados en el recinto, votación que fracasó ayer en la Cámara de Diputados.

«La culpa es de los K»
Recién el viernes sale a hablar en los medios Aguad. Mantiene una defensa cerrada de los hecho por su ministerio, pero agrega un concepto más a la defensa oficial: que la verdadera responsabilidad fue del kirchnerismo. «Hay un perjuicio al Estado y ya está hecho, pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba», argumentó. Ese concepto empezó a proliferar entre los dirigentes del oficialismo, cambiando el eje del discurso.

Macri no sabía nada (pero) Macri sabía lo técnico.
En esa misma declaración, el ministro Aguad aclaró que “nunca” habló con Macri sobre el tema y que si lo hubiera hecho, el Presidente le habría dicho “andá a defender los intereses del Estado”. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, también salió a despegar al mandatario: “En ninguna de las reuniones que tratamos diariamente los temas de todas las áreas nunca se habló de este tema”, expresó. Ese aspecto es clave para desligar al Presidente del delito de conflicto de intereses. Si tomó decisiones sobre el tema puede estar complicado judicialmente, sino, según especialistas en la ley de Ética Pública, quedaría salvado. Es algo por lo que ya fue imputado con el fiscal Zoni junto a Aguad.

Sin embargo, unos días después, tanto Aguad como Peña lo involucraron en el tema. En la conferencia de prensa conjunta que dieron el martes desde Olivos. El cordobés afirmó que Macri le pidió que resuelva el problema “con la participación de los tres poderes del Estado”. Peña, a su lado, aclaró que “no se metió en el fondo de la cuestión, sino en la manera técnica de resolverlo”.

La Procuración y la OA se meten

Empezada esta semana, dos organismos gubernamentales que miraban la película desde afuera terminaron interviniendo, demostrando que su participación en el diferendo hubiese sido necesaria desde un principio. El procurado del Tesoro, Carlos Balbín (jefe de los abogados del Estado), decidió armar una auditoría interna que analice en detalle la negociación entre el Estado y la empresa de la familia Macri.
Por su parte, el ente que conduce Laura Alonso también decidió abrir un expediente. En declaraciones radiales anticipó que su actuación era “más que obvia” ya que había “un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una violación de la ley de Ética Pública”. Pero hasta ese momento no había habido ningún movimiento oficial en ese sentido.

Una solución integral, con la Justicia y la AGN.
Con el escándalo cada vez más incontrolable, Marcos Peña asumió la defensa comunicacional del Gobierno el martes por la mañana, en la conferencia de prensa junto a Aguad. Al día siguiente, además, fue entrevistado por Jorge Lanata por Radio Mitre. Así, comenzó a conocerse la nueva estrategia: pedirle a la Justicia que frene el acuerdo y que incorpore a la negociación las causas que tiene la empresa contra el Estado. Además, pidió que la AGN también analice técnicamente el acuerdo. La primera reacción desde ese organismo fue de rechazo, ya que su titular, Oscar Lamberto, aclaró que el Ejecutivo no tenía facultades para pedir una auditoría. De todas formas, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso se reuniría la semana próxima y pediría que se avance en ese sentido.

«Foja cero».

En el último cambio (hasta el momento), Macri anunció en conferencia de prensa que instruyó a Aguad para que “vuelva todo a foja cero”. No está muy claro cómo se podrá llevar eso a cabo, pero por lo menos se entiende que el acuerdo que inicialmente se había alcanzado con la empresa de la familia del Presidente será frenado. De todas formas, siguió con la misma línea iniciada por Marcos Peña el martes, afirmando que el objetivo es que «la Justicia y la AGN podrán determinar cuál es la mejor manera de resolverlo sin perjudicar al Estado».

Bonus track: El enfoque de Elisa Carrió

La diputada de la Coalición Cívica hizo un alto a sus vacaciones el miércoles para estar en el Congreso en la votación de la ley de ART. Sin embargo, todas las expectativas estaban puestas en la postura que iba a tomar respecto al CorreoGate. Pero Lilita desvió la atención. A través de un comunicado de la Coalición Cívica dijo que siguen analizando el acuerdo del Gobierno con la empresa presidencial, pero apuntó a todo el proceso de estatización de empresas que se dio durante el período kirchnerista. “Es un tema que implica otros casos y otras causas en trámite referidas a estatizaciones que son consecuencias del «patrimonialismo corrupto» instalado por los gobiernos de los Kirchner, los que llevaron adelante procesos llamados de nacionalización realizados en forma irregular y que en doce años no fueron resueltos», afirmó la CC-ARI.