Tres casos -conocidos- en verano: un policía de civil saca un arma en la línea 79 en Quilmes y desata el pánico; un taxista es noqueado en Buenos Aires por un hombre que, luego se sabe, es policía; un grupo se pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche y los vecinos aseguran que entre ellos hubo varios policías de civil ¿Qué pasa cuando policías fuera del horario de servicio protagonizan incidentes? ¿Cómo deben responder? ¿Hay estadísticas?
“Abrile la puerta, que se le va a escapar un tiro”. El 27 de febrero, en Quilmes, un chofer de la línea 79 discute con un pasajero y lo obliga a bajarse. Un policía de civil que viaja en ese colectivo se acerca para increparlo, discuten y saca un arma. Un pasajero lo filma. La imagen es temblorosa. Se escuchan gritos de terror por un posible disparo. Luego, lo que no se ve en el video: llega la policía municipal y lo arrestan. Más tarde se sabe que Asuntos Internos de la Policía Bonaerense decidió separarlo de la fuerza.
Colón y la costa. Mar del Plata. Seis de la mañana del jueves 23 de febrero. Un grupo de policías de civil se enfrenta a un grupo de jóvenes. Lo informa así el medio 10 Ahora, que detalla que entre ellos hay uno de la policía local y otro de Operativo Sol. Asuntos Internos de la policía investiga el caso pero predomina la poca información. Un concejal del municipio de General Pueyrredón, Balut Tarifa Arenas, presenta un pedido de informe desde el Concejo Deliberante para solicitar imágenes de cámaras de la vía pública y para que se inicie una investigación. “Aparentemente, fueron policías que habían salido a bailar y se trenzaron con otros jóvenes. Una persona terminó en el hospital. Estamos tratando de rastrearla. No hay ninguna denuncia en las comisarías”, dice Tarifa y agrega: “Esto está resultando habitual y queremos que se aclare. Los vecinos fueron los que nos avisaron. Si no fueron policías, queremos aclararles eso. Si fueron, queremos informarles que fueron castigados”.
Enero en Buenos Aires. Las cámaras de la vía pública muestran cómo Natalio Kowal se derrumba sobre el cordón de la vereda, noqueado por un conductor con el que tiene una discusión de tránsito. Kowal pasa varios días internado. Recibe un mensaje de Facebook del agresor. A esa altura su abogada averiguó que es policía y se llama Marcelo Carlos Díaz. Desde #BORDER averiguamos que en efecto, se trata de un agente de la Federal. Nadie responde oficialmente sobre más datos sobre qué sucedió con él, si es que alguna medida se tomó.
Dos meses después de aquello, Kowal le dice a #BORDER que no tiene ganas de seguir la denuncia ni de hablar ya del tema: “Esto queda en la nada, como siempre. Estoy muy expuesto. No me sirve. Tengo mareos, problemas de presión, pánico de salir a la calle. Estoy tratando de salir de esta situación”.
http://www.youtube.com/watch?v=Em7TgXRPVok
El accionar de los policías cuando están fuera de servicio es una gran nebulosa. Manuel Trufó, Coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS, dice que las estadísticas que manejan son rastreadas en medios periodísticos. De ellas se desprende que en 2016, por ejemplo, hubo 21 particulares muertos por acción de integrantes de la PFA fuera de servicio y 6 en servicio. Por las fuerzas de seguridad en general, en el mismo periodo, en CABA y GBA hubo 55 muertos por agentes fuera de servicio y 43 en servicio.
Trufó señala: “El Estado no produce información sobre patrones de violencia policial que implicarían muertos de la fuerza policial y por la fuerza policial, heridos, detalle de la situación: si en servicio o fuera de servicio, y detenciones. No se produce a nivel de Provincia de Buenos Aires, ni de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel federal estaba el Programa de Uso Racional de la Fuerza, que visibilizaba el problema, pero es sólo para la fuerza federal y desde la nueva gestión no han entregado información al CELS”. El Programa de Uso Racional de la Fuerza indica que todo accionar “tiene que adecuarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”. ¿Cuáles son las cifras oficiales? ¿Qué hace el Estado frente a este tema? Desde #BORDER intentamos obtener declaraciones del Ministerio de Seguridad de la Nación durante dos semanas, pero al momento de cierre de esta nota no nos habían proporcionado respuestas.
Desde Correpi, en tanto, informan: “En los casos de fusilamientos de gatillo fácil una buena parte son cometidos por policías, u otros miembros de las fuerzas de seguridad, durante sus francos de servicio. En los femicidios cometidos por funcionarios del aparato represivo (20% del total de femicidios) generalmente están de franco”. Sobre el cauce que siguen las investigaciones, ellos afirman: “En general la diferencia la hace la intervención de la familia como querellante o particular damnificado, independientemente de que el efectivo estuviera o no de uniforme. Cuando el impulso de la acción penal queda sólo en manos del fiscal, es más frecuente que se archive o sobresea de entrada”. Según Trufó, “muchas veces, la única fuente es la misma policía y las situaciones quedan enmarcadas como si hubiesen sido asaltos. La policía sabe que tiene que decir ese relato”.
¿Qué ocurre con las armas de los policías cuando termina el horario laboral? Trufó destaca que desde 2012 la portación se convirtió en derecho y dejó de ser obligación. De todos modos, por lo general eligen llevarla cuando están fuera de servicio. “Hay una cuestión de tradición que hace que ser policía implique llevar armas – dice-. Tienen distintos argumentos: identitaria (un policía lo es las 24 horas por lo que debería llevar su arma las 24 horas) y de seguridad (la mayoría de los policías vive en el conurbano donde son presa fácil si no están armados)”. Esta situación, para él, aporta al clima de conflictividad que va en aumento: “El uso particular de la fuerza tiene que ver con una combinación de fenómenos. Hay un aumento exponencial de policías, en los diez últimos años se duplicó el número, y altos niveles de violencia y conflictividad en los barrios. El Estado, al aumentar la circulación de policías y por lo tanto de las armas, contribuye alimentando esa conflictividad. La violencia policial de este tipo no existe separada de la violencia social. No es solamente ver qué pasa con la policía sino ver qué está pasando en los barrios”.
Mariana Lorenz, integrante del Grupo de Estudio sobre Policías y Fuerzas de Seguridad y del Programa de Estudios del Control Social (P.E.CO.S) aclara: “Los policías son civiles que trabajan de ser policías”. Claro que se trata de trabajadores armados, y esa facultad de portar armas que, dice, es una característica que consideran que define su quehacer profesional distinguiéndolos del resto de los civiles, es uno de los grandes temas a abordar: “Los policías significan el arma como una variable de intervención prioritaria. Frente al amplio abanico de posibles respuestas que pueden ofrecer ante una situación de su competencia (dar aviso al Comando Radioeléctrico y pedir refuerzos, utilizar la comunicación verbal para disuadir, recabar información para colaborar en la investigación luego), una opción que aparece principalmente es la del uso de su poder de fuego, la alternativa que mayores implicancias posee, ya que sus consecuencias son irreversibles.” “De todos modos no es posible generalizar – sigue-, existen otras intervenciones que no son armadas. Tenemos, por ejemplo, el caso de una agente de la policía local de La Matanza que logró entablar diálogo con un grupo de jóvenes que causaban disturbios en el marco de un evento de rap, precisamente rapeando”.
https://www.youtube.com/watch?v=iIF0Lepixmw
Trufó refuerza esa idea de identidad como trabajadores: “Las fuerzas policiales son fuerzas civiles, pero ellos se ven como parte de la corporación federal. Falta mucho para que la policía se conciba a sí misma como trabajadores. Esa es una discusión que hay que dar”.
