Tercerizaciones oscuras, contratos fantasma de empleados que viven en Buenos Aires, compras de insumos y equipos que no aparecen, dinero de cuentas especiales que se evapora en la cuenta oficial de gastos ordinarios.
La oposición santacruceña hace rato que denuncia que la plata de su provincia va a parar a la campaña electoral de Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense, pero la actual crisis financiera del territorio K pone de manifiesto como nunca antes el sangrado de las arcas fiscales hacia otros destinos, en montos que van de menor a mayor.
Así, sin que la Justicia santacruceña le preste demasiada atención, una seguidilla de denuncias se acumulan en Tribunales y los pedidos de informe se amontonan en la Legislatura provincial.
En abril se presentaron en la Justicia dos denuncias vinculadas a Salud, la cartera que dirige Rocío García, esposa de Máximo Kirchner. La primera fue por haber triangulado la contratación de personal para el Hospital Fernando Peliche a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Santa Cruz, en un procedimiento similar al que llevó a la Justicia a investigar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por la triangulación con la UTN y el yacimiento de Río Turbio.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas provincial detectó que en 2016 se triangularon $ 36 millones a través de la UTN (una universidad que en la provincia no tiene carreras médicas ni afines) para contratar personal médico y administrativo bajo la categoría de monotributistas sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.
Según la denuncia se «violó el régimen de contrataciones y configuró un presunto desvío de poder al utilizar mecanismos de contratación y excepciones al mismo», agravado porque se constató que no había legajo alguno del personal, donde se pudieran confirmar las tareas que realizaba, si asistía y qué capacitación tenía para hacerlo.
El personal era contratado y sus facturas de monotributistas abonadas a través de la UTN Santa Cruz, que cobraba un 10% del total por la intermediación.
La investigación también determinó que con la triangulación de contratos se generó «una delegación formal de competencias del Ministerio de Salud y el renunciamiento a los mecanismos de control que le son propios», incluido «el control de los servicios de salud en todos sus aspectos y del personal que prestaba servicios en el hospital». Los auditores consideraron que además hubo precarización laboral, delegación y ausencia de control en los servicios de salud, y desvío de fondos hacia la UTN. La denuncia completa a la que accedió #BORDER puede verse aquí (Denuncia UTN).
En el mismo mes se presentó otra denuncia, esta vez por un contrato de casi 40 millones de pesos para el mantenimiento de los hospitales provinciales.
Se trata de Panel Tech, una sociedad anónima sin antecedentes ni empleados a la fecha de contratación y no inscripta en el Registro de Proveedores del Estado provincial al momento de la contratación.
La empresa cotizó un presupuesto mensual de $790.000 por el mantenimiento de once dependencias del Ministerio, entre ellas el hospital de Río Gallegos, ocho centros de salud, el hospital geriátrico y el centro de rehabilitación, mientras que para el mantenimiento del hospital de Las Heras el costo era de $760.000, es decir, apenas $30.000 menos por un solo hospital.
En total, el contrato anual le costó a la provincia de Santa Cruz $39.8 millones (40 millones era el tope para este tipo de contrataciones), que incluía mantenimiento preventivo y predictivo, ($27.8 millones) más el mantenimiento correctivo (12 millones extras).
La denuncia dice que «se desconoció el procedimiento de licitación pública exigido” que establece que cualquier contratación superior a los $ 400.000 obliga a un llamado a licitación pública, entre otras irregularidades administrativas.
El funcionario que firmó el contrato es el abogado Marcelo Bersanelli, muy cerca de ser designado juez por la gobernadora Alicia Kirchner. Como ya te contamos en #BORDER Bersanelli es cuñado de Rocío García, y esposo de Candela García, su hermana, quien hoy subroga un cargo de jueza criminal en Río Gallegos. En este link está la denuncia por la contratación de Panel Tech SA.
En materia educativa, Santa Cruz es la única provincia del país donde las clases no empezaron. Y allí también hay denuncias. La mayor también proviene del Tribunal de Cuentas e involucra al Consejo de Educación provincial por la compra de estufas y equipos de calefacción para las escuelas de la provincia por cerca de 2 millones de pesos.
Las estufas no aparecieron, pero tampoco las facturas ni la plata.
También en educación la oposición ha hecho pedidos de informes -todavía no hay una denuncia presentada- para conocer el destino de los fondos que establece la ley de Financiamiento Educativo. La misma obliga a la Nación a enviar 70 millones de pesos mensuales a Santa Cruz, depositados en una cuenta que llevaría acumulado ya unos 500 millones de pesos hasta la actualidad. En los registros oficiales no figura que se haya utilizado ese dinero, pero la plata no llega a los docentes -todavía sin acordar su paritaria- y la provincia no responde sobre el destino de esos fondos.
La oposición además apunta a las contrataciones de la gobernadora, y al uso “militante” de los subsidios. La diputada provincial Roxana Reyes, de las filas del radical y ex candidato a gobernador Eduardo Costa, hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer el estado de cuenta del Fondo Fiduciario Unirse, una partida destinada emprendimientos productivos y formada con aportes de mineras, para saber qué proyectos financió y por qué montos.
Llamativamente, no se conoció el último informe semestral que debió haber detallado el dinero depositado ni se formó la Comisión de Control que debió haber auditado los usos de ese dinero.
Fuentes de las mineras radicadas en la provincia denunciaron a #BORDER que la plata se usa para subsidios individuales de unos 5.000 pesos mensuales que reparte el gremio de la construcción entre sus obreros para pagar una “fuerza de choque” con la que cuenta Alicia Kirchner, y que moviliza cada vez que las protestas sociales la amenazan.
Para Reyes “hay una absoluta opacidad en el manejo de los fondos, los organismo de control están devastados y los fondos se desvían desde todos lados hacia la política”, según sus declaraciones a #BORDER.
En la misma línea se expresó Costa. “Desde que asumió Alicia Kirchner la planta de trabajadores provinciales creció en 3.000 personas, muchas de las cuales trabajan en el conurbano para ellos, al mando de Máximo Kirchner”, aseguró.
Su afirmación se basa en casos que pudieron revisar individualmente, con domicilios en lugares como Hurlingham, Moreno y La Matanza. En realidad, el actual diputado reclama desde el año pasado al Ejecutivo provincial la nómina de nuevas contrataciones, y después de la negativa oficial se presentó en la Justicia. Hoy ese reclamo está en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Santa Cruz.
Costa recordó que, por ejemplo, Santa Cruz se desempeñan como “asesores letrados” con sueldo provincial, los abogados Eduardo Barcesat y Graciana Peñafort, ambos integrantes de la defensa de Cristina Kirchner en Tribunales porteños. Y objetó los argumentos de la gobernación de «falta de dinero» para justificar la crisis provincial, que mantiene movilizados por falta de cobro a jubilados, judiciales docentes y personal de salud.
«Si el problema es de recursos, no subís de 35.000 a 38.500 la planta de personal ni contratás a Barcesat y Peñafort», sostuvo. Costa fue más allá y señaló que toda la plata que sale de lo que llamó “cajas K de la provincia” va hacia la campaña de Cristina Kirchner, “como fondos directos” o como pago a “militantes que ayudan en el conurbano”.
Hola @mauriciomacri… Capaz que para vos es nada… Pero para mi es muchísimo dinero. pic.twitter.com/QZEwam9wcg
— Graciana Peñafort (@gracepenafort) August 1, 2017
Peñafort y una queja por las tarifas, en Buenos Aires.
Par el diputado “no les importa que se les incendie la provincia. Su único objetivo es ganar la elección para presionar a la Justicia y zafar de la cárcel”.
