Es un plan entre la OA, de Laura Alonso, y Modernización. Agregarían datos como antecedentes laborales y valores de mercado a las propiedades. Por eso se demorarán los plazos para las presentaciones 2017, hasta agosto.
El Gobierno ultima detalles para un cambio en el sistema de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales que podría comenzar a estar vigente entre fines de julio y agosto cuando casi 51 mil funcionarios deban actualizar sus datos, correspondientes al período 2017, ante la web de la Oficina Anticorrupción.
En estos días se lleva adelante un “testeo” al nuevo módulo que es elaborado en simultáneo por la OA, a cargo de Laura Alonso, y el Ministerio de Modernización, que puso a disposición a Eduardo Martelli, secretario de Modernización Administrativa, un estrecho colaborador del ministro Andrés Ibarra.
El nuevo esquema promete un mayor nivel de detalle de los bienes; por ejemplo en la actualidad se presenta el valor de inicio de una propiedad -esto es del momento en que fue adquirido- y con el nuevo esquema ese monto se actualiza para ir hacia el “valor real” del inmueble.
También este formato exigirá una redefinición de los antecedentes laborales para, así, evitar nuevos episodios de conflictos de intereses entre integrantes de lo que se denomina la alta administración pública.
Desde el escándalo por la deuda del Correo Argentino con el Estado, que involucraba a familiares del presidente Mauricio Macri, los conflictos de intereses ganaron agenda y obligaron al Ejecutivo a publicar sendos decretos para regular esta problemática. En estos 2 años decenas de funcionarios fueron investigados por haber figurado en directorios o ser accionistas de empresas proveedoras del Estado, aparecer vinculados a compañías y cuentas offshore.
En la presentación de su plan de acción a comienzos de año, la OA anticipó el «diseño del procedimiento de análisis de conflictos de intereses previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía». Ante el escándalo por el cobro de un bono de $500 mil de Luis Miguel Etchevehere de parte de la Sociedad Rural, horas antes de asumir como ministro de Agroindustria, la OA tuvo que intervenir y enviarle una dura recomendación para que devolviera ese dinero. La presión de la Jefatura de Gabinete también fue fundamental para el rápido reintegro de esos recursos a la entidad agropecuaria.
Una situación similar reveló la periodista @maiajastre con una investigación sobre el segundo de Caputo, Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, quien habría cobrado bonos en 2016 y 2017 por 100 mil euros del Deutsche Bank, su anterior empleador, además de acciones del mismo banco que es uno de los más importantes colocadores de deuda argentina. Si bien Bausili alegó haberse abstenido de intervenir en asuntos que incluyeran al banco para el que trabajó, lo cierto es que fue el funcionario argentino que más representantes del Deustche Bank recibió, de acuerdo a su registro de audiencias.
Lo cierto es que esta reestructuración al régimen de DDJJ se llevaría adelante mediante una resolución del ministerio de Justicia, de quien depende formalmente el organismo.
Empero, hay una propuesta más ambiciosa en esta enmienda que será parte del proyecto de reforma a la ley de Ética Pública e involucra a los anexos reservados de las declaraciones de los funcionarios. La propuesta prevé que los técnicos de la OA puedan acceder a estos contenidos privados en caso que quieran realizar investigaciones preliminares ante la sospecha de alguna irregularidad.
Al analizar esos apartados, hoy disponibles en papel y que con la reforma serían digitalizados, los investigadores podrían acceder a los consumos de tarjeta de crédito o movimientos de cuentas bancarias con fin de detectar alguna operación extraña. Con la actual legislación, se requiere autorización para acceder a esos datos personales, por caso, de un ministro. En la OA, con todo, destacan que actualmente tiene potestades investigativas como las de la UIF (Unidad de Información Financiera) pero requieren de esta herramienta legal para avanzar en este sentido.
Luego de que un borrador de la iniciativa haya sido puesto on line (a través de la web argentina.gob.ar) para una consulta pública, en breve el anteproyecto sería girado al parlamento para su discusión. Cerca de Alonso confían que el mismo podría obtener al menos la media sanción en 2019.
Empero, los primeros cambios previstos en la resolución ministerial podrían comenzar a implementarse antes de agosto próximo. “La idea es tener disponible este formato entre julio y agosto. Y si está disponible, depende del desarrollo tecnológico en marcha, los funcionarios deberían declarar en el nuevo sistema”, contó a #BORDER una calificada fuente gubernamental consultada.
En este contexto, en breve se podría anunciar una prórroga al período de presentación de las DDJJ. En 2017 se concedió la misma posibilidad y los plazos se extendieron al 31 de julio pero por una cuestión del sistema estuvieron on line varios días después.
La OA también trabaja en un protocolo de “post employment”, es decir, en mejorar el ordenamiento actual que prohíbe a los funcionarios salientes realizar trámites, gestiones o proyectos con el área que tenían a su cargo. Esta semana podrían llegar las recomendaciones al ex titular de la Afip, Alberto Abad, que dejó su cargo el 31 de marzo, y a Cecilia Loccisano, esposa de Jorge Triaca, que tuvo que renunciar como subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud a causa del decreto anti-nepotismo de enero pasado devenido, ciertamente, del escándalo del titular de la cartera laboral con la empleada doméstica Sandra Heredia.
