Conocé hasta dónde los «arrepentidos» podrían ayudarnos a recuperar algo de lo que se llevaron. El caso de Brasil como emblema.

Por Alejandro Drucaroff Aguiar (*)

Los primeros “arrepentidos” –término poco feliz de nuestra legislación para nominar a los partícipes de delitos que ofrecen su colaboración para aclararlos a cambio de una reducción de sus penas- intentaron evitar la cárcel reconociendo haber hecho “aportes compulsivos”, obviamente ilícitos, a las campañas electorales de los gobiernos anteriores.

Sabiendo que cada dato de los cuadernos de Centeno podía probarse, los empresarios pretendieron justificar sus encuentros con los “recaudadores” y las entregas de bolsos repletos de billetes con un relato inconsistente que buscaba construir una segunda línea de defensa para seguir ocultando la esencia del sistema delictivo.

Los ex funcionarios, salvo alguna admisión parcial como la de Abal Medina, siguieron con la misión imposible de tapar el sol con las manos.

La declaración de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, uno de los empresarios favoritos de los anteriores gobiernos y uno de los personajes claves del sistema, terminó de un sólo golpe con cualquier estrategia defensiva.

Wagner admite que el acuerdo con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se basaba en establecer de antemano quién participaba y ganaba cada licitación, fijar “anticipos” para que las empresas pagaran con él coimas de entre el 10 y el 20% del contrato y asegurarles diferir el pago del IVA para, con ese dinero, iniciar las obras.

Queda así a la vista la magnitud de la organización criminal denunciada que, obviamente y al igual que en Brasil, incluye fijar sobreprecios:  es impensable –y económicamente insostenible- que las coimas se pagaran del bolsillo de las empresas.

Al sincericidio de Wagner y la profusión de pruebas acopiadas en la investigación, se agregan las concluyentes pruebas del Lava Jato brasileño, incorporadas gracias al acuerdo entre las Procuraciones de ambos países, que refuerzan y amplían estas conclusiones, todavía iniciales.

Dos aspectos pasan a ser cruciales:

• la valoración de los arrepentimientos y
• el recupero para el Estado de las enormes sumas que le fueron robadas, así como la indemnización de los daños causados

La figura del arrepentido tiene como fin el esclarecimiento de los delitos y la prueba de la responsabilidad de los máximos líderes de organizaciones criminales. No puede usarse para beneficiar a quienes no dicen toda la verdad ni aportan pruebas útiles para demostrarla. Más aún, la Ley no tolera arrepentidos que mientan maliciosamente y considera tal conducta como un nuevo delito (artículo 276 bis del Código Penal) y lo sanciona con una pena autónoma de 4 a 10 años de prisión.

Los arrepentidos deberían, con urgencia, ampliar sus declaraciones y colaborar con seriedad y genuino compromiso para probar todo lo realmente ocurrido, de lo contrario sus acuerdos pueden quedar sin efecto y su conducta podría encuadrar en un nuevo delito, como queda planteado.

La otra faceta decisiva, la que reclama hace tiempo la sociedad, es la económica. Que se devuelvan los dineros públicos defalcados al Estado y se indemnicen los perjuicios, que estimaciones fundadas calculan en miles de millones de dólares

Funcionarios y empresarios son responsables de los daños.

Debe seguirse la ruta del dinero, establecerse la magnitud de los sobreprecios, el modo en que se extrajeron las coimas de las empresas, las consecuencias en materia de evasión fiscal, el destino final del dinero y el modo en que se distribuyó.

En paralelo, cada ex funcionario involucrado debe responder por cada centavo de incremento patrimonial propio y de su entorno.

Quienes se acogen a la figura del arrepentido deben hacerse cargo de los daños causados por los delitos de los que participaron. La Ley permite reducirles la condena penal pero no liberarlos de su obligación económica

En el Lava Jato brasileño lograron recuperar más de 3.000 millones de dólares y se sigue trabajando en esa dirección. En el incipiente Lava Jato argentino de eso casi no se habla.

Más que nunca queda clara la importancia de contar con las mejores herramientas jurídicas para combatir al delito organizado. El Senado de la Nación debe sancionar la extinción de dominio, esa norma que duerme en sus cajones hace más de dos años.

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