Marcelo Griffi, veedor judicial y ex funcionario de Prat Gay, apuntó contra Patricio Farcuh, el empresario que vinculan con el sindicalista. Desvío de aportes laborales, empresas no identificadas y cheques de terceros en una trama judicial que puede complicar a Pablo Moyano y jaquear al correo privado más grande del país.
Mientras Hugo Moyano presenta este jueves la multisectorial 21F en un acto en Atlanta con la cual pretende disputar poder con la CGT y convertirse en la pata sindical del armado opositor K al Gobierno, otro foco de conflicto se enciende en torno al líder camionero: renunció el co-administrador del concurso judicial de OCA, la empresa postal a la que se vincula al titular de Independiente, denunciando irregularidades. “No veo ninguna otra salida que OCA vaya a la quiebra”, admitió un importante funcionario al conocerse las maniobras atribuidas a Patricio Farcuh, gerente de la firma y a quien la UIF denuncia haber realizado operaciones millonarias cruzadas con el sindicato de Camioneros.
OCA terminó en un concurso de acreedores por una deuda de casi $5 mil millones con la AFIP y un desmanejo administrativo y financiero. La denominada causa “ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA s/ Concurso Preventivo” (Expediente 103429) se sustancia en el juzgado civil y comercial nº 10 de Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Tejada.
En paralelo, Farcuh es investigado por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart por retención indebida de aportes de la seguridad social. Moyano niega toda vinculación con el gerente imputado y dice que se preocupa por la firma postal por la continuidad laboral de sus 7 mil trabajadores.
A fines de abril, Moyano había convocado a un paro con movilización en las puertas del Enacom cuando el organismo analizaba cancelar la licencia de OCA. Pero esa medida de fuerza se suspendió cuando llegó la convocatoria del juez Tejada para que las partes se avengan a una audiencia y acuerden un mecanismo de salvataje de la empresa.
Ese procedimiento que derivó en el concurso de acreedores llegó luego que el Enacom accediera a darle un permiso precario -hasta el 30 de septiembre- a la vencida licencia postal de la empresa. Así, en mayo pasado, se firmó un acta acuerdo entre funcionarios, OCA, el gremio de Camioneros y la justicia, para garantizar la continuidad del principal correo privado del país. Como resultante, Marcelo Griffi, un ex funcionario de la gestión de Alfonso Prat Gay en el Ministerio de Hacienda, asumió como veedor judicial transformándose en los hechos en el nuevo co-administrador de la firma.
Pero a comienzos de agosto renunció a su cargo en un documento dirigido al juez del concurso. En el expediente, Griffi denunció que se han realizado pagos de la concursada sin autorización y la emisión de cheques a terceros, un mecanismo vedado.
“Tal como se informara en autos los primeros días de julio del corriente la concursada solicitó autorización a la coadministración para la aplicación de fondos para la atención de la nómina salarial de las empresas Servicio Privado de Transporte S.A. (Seprit S.A.), Iron Security S.A. y Universal Facility S.A. Advirtiendo que por tratarse de obligaciones de estas empresas y no de la concursada no correspondía la utilización de fondos afectados a las prioridades definidas, se denegó expresamente la autorización requerida. No obstante el rechazo de la autorización la concursada procedió el día 11 de julio a abonar los salarios de los trabajadores de las tres empresas, mediante acreditaciones directas en las cuentas individuales en el caso de Seprit S.A. y con detalle de los beneficiarios en las órdenes de pago en el caso de las otras dos empresas”, informó.
El especialista advirtió que los pagos no tenían “acreditación siquiera sumaria, con eventuales vínculos (comerciales, profesionales y/o societarios) entre la concursada y las empresas beneficiadas”. Y agregó que “casi en simultáneo -pero no necesariamente en relación con lo anterior- la concursada decidió dejar de abonar los aportes y contribuciones correspondientes a los sueldos y sueldos anuales complementarios del personal de la empresa y los importes que corresponden al Régimen de Retenciones y Percepciones de IVA, ganancias y seguridad social así como los de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos de diferentes jurisdicciones, vencidos en esos días”.
En la misma resolución, el renunciante indicó que “de esta tarea de revisión resultó que parte de los gastos la concursada los atiende mediante la entrega de cheques de terceros y con fondos provenientes del descuento de facturas (contrato suscripto con la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRED LIMITADA que instrumentó la cesión de facturas por servicios prestados a CENCOSUD S.A.), modalidad sobre la que también se informó en autos”.
Ante estas irregularidades, Griffi sostuvo que “la situación descripta importa un quebrantamiento frontal y masivo de las disposiciones adoptadas por V.S. en relación a la Cuenta Recaudadora y a la gestión de la co administración”. Y remarcó que “el resultado más contundente de este procedimiento anormal es la masiva falta de pago de cargas sociales y fiscales del último período mensual (como ya informamos, por más de $ 234 millones). Esta situación inaceptable consideramos que, fatalmente, se va a reiterar en los meses venideros”. En las aclaratorias, mencionó “gastos que no están computados -conforme las mismas aclaraciones que lo preceden- y un pronunciado déficit mensual que no tiene forma de financiación imaginable en la situación de la concursada”.
Por último, concluyó que “en este escenario la actividad de la co administración resulta totalmente estéril, limitada a la recepción a veces demorada y siempre incompleta de movimientos de fondos en la Cuenta Recaudadora y a extra muros de ella, una vez que tuvieron lugar”.
Luego, según se puede apreciar en el expediente, el juez Tejada se dirigió a su colega López Biscayart en el que le informa lo mencionado por Griffi “pudiendo importar la actitud denunciada la posible comisión de un delito, remito copias certificadas de las presentaciones realizadas por el mismo” y al mismo tiempo lo anoticia que los letrados de Farcuh pidieron autorización para que pueda salir del país dado los viajes que tiene programados a Los Ángeles, entre el 20 de agosto y el 25 de agosto de 2018, y a Barcelona, el 12 de septiembre.
Asimismo, el juez Tejada resolvió intimar a la sindicatura a cargo del proceso “a fin de que en el término de diez días se expida expresamente respecto a las observaciones señaladas y precisiones requeridas en la presente, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda”. Es que el magistrado no manifestó conformidad con uno de los últimos informes: “Debo decir también que, si de un proceso de investigación se trata, resulta a mi criterio una endeblez informativa que sobre los actos económico-financieros de la empresa no se haya enfocado en ninguna operación que mereciera una revisión más profunda; situación contextualizada por un pasivo como el verificado en estas actuaciones. No se trata de enarbolar prejuicios sino de agudizar el buen sentido. Por supuesto, la mención genérica e imprecisa de que existen denuncias penales vinculadas a conflictos societarios internos no releva al órgano de su deber de indagar seriamente en la economía de la empresa y en la eventual existencia de algún egreso irregular que deba ser conocido por la jurisdicción. Es un tanto singular que ningún indicio siquiera de alguna patología económico-financiara haya llamado la atención de la sindicatura ante una situación de la gravedad que evidencia la concursada”.
Y, en este sentido, el magistrado le reclamó que “tampoco aclara la sindicatura las posibilidades de la empresa de cara a un reordenamiento de gastos, costos y adecuación a la realidad tecnológica global, aplicada en lo específico al rubro de la empresa. Especialmente, no detecto adecuada consistencia entre el plan mencionado en el informe y las fuentes concretas para su financiamiento”.
Más allá del proceso judicial en torno a OCA, en el Gobierno saben que el devenir del mayor correo privado del país resulta un nuevo foco de conflicto con el moyanismo. “Griffi era un técnico muy serio, había sido secretario legal y técnico de Hacienda. Y renunció y lo denunció (a Farcuh) por no haber cumplido el mandato judicial”, alertó la misma alta fuente gubernamental citada.
En otras áreas de Gobierno, no obstante, sostienen que no está definido qué resolución adoptará el Enacom a fines del mes próximo. “Se tiene que expedir la Justicia para ver qué resuelve el Enacom. Sabemos que no se puede controlar a Farcuh, es muy compleja la situación. Igual la decisión me parece que excede al organismo”, contó, a su turno, otra fuente oficial consultada, apuntando hacia lo más alto del Ejecutivo.
Con todo, en Casa Rosada reafirman que no van a pactar más con Moyano. A las multas aplicadas a Camioneros por incumplir la conciliación obligatoria, las antecedió un frustrado intento para modificar el convenio de logística para bajar los costos de la actividad. Empero, en el oficialismo exponen cierto optimismo al considerar que el cambio “se está produciendo de hecho”. Por “fuera” de este modelo sindical han surgido alternativas al monopolio camionero: aseguran que hay muchas actividades que comienzan a distribuir productos, por ejemplo, del comercio digital o la aparición de aplicaciones que se meten de lleno en la actividad, del tipo “package”, o la tensión entre camioneros y fleteros que se percibe en algunos rubros. Recientemente el Ministerio de Trabajo publicó una resolución que autoriza a los kioscos de diarios y revistas a entregar paquetería y correo.
En el Gobierno sostienen que Hugo Moyano presiona porque su hijo Pablo -que sufrió una descompensación y su aparición en el acto en Atlanta se puso en dudas- está complicado judicialmente pero reiteran que la decisión del presidente Mauricio Macri es “que no haya impunidad” para nadie. En el medio, una de las empresas más grandes del sector postal tiene un futuro incierto.
