El chofer de los cuadernos es investigado como presunto testaferro de Baratta. Calcaterra, Roggio y Wagner, en la mira por obras vinculadas a Oderbrecht. Los presos también tienen más problemas y se quejan por las cucarachas. Ferreyra habría pagado un tercio de las coimas calculadas por Bonadio. La movida de CFK.

Los empresarios Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero son dos de los imputados colaboradores que permanecen en libertad en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La Cámara Federal acaba de exhortar a otro juez, el que investiga el presunto pago de sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento, a acelerar la investigación que involucra en ese escándalo al primo del presidente Mauricio Macri y a su ex ejecutivo por parte de IECSA, junto a las demás empresas adjudicatarias de las obras, entre ellas Odebrecht .

También el camarista Martín Irurzun instó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a ordenar “medidas sobre las personas físicas y jurídicas involucradas” y resolver sus situaciones procesales sin esperar el final de una extensa ronda de declaraciones indagatorias previstas hasta octubre. Además evaluó que la investigación debería abarcar “todos los tramos” temporales de los hechos denunciados, desde el 2005.

La Cámara Federal acaba de exhortar al juez de la causa de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento a acelerar la investigación sobre Calcaterra.

Y le sugirió pedir a su par Claudio Bonadio “las anotaciones cuya autoría se le atribuye a Oscar Centeno” para un intercambio “ágil y eficaz” que agregue elementos a la causa por el soterramiento del Sarmiento. Sánchez Caballero y Calcaterra ya fueron indagados en esta investigación, entre muchos otros imputados citados. Rechazaron las acusaciones. Su arrepentimiento no es válido en esta pesquisa.

El propio remisero Centeno, por más imputado colaborador que sea en la causa de sus cuadernos, sufre desde el 10 de agosto pasado la inhibición de todos sus bienes en otra causa, la de supuesto enriquecimiento ilícito que lo liga a su ex jefe detenido Roberto Baratta, a cargo del juez federal Sergio Torres.

Centeno sufre la inhibición de todos sus bienes desde el 10 de agosto pasado. Lo investigan como testaferro de Baratta.

Este último juez ya le pidió a Bonadio copia de las pericias hechas a equipos electrónicos secuestrados en allanamientos y vinculados a Centeno y Baratta. Además ordenó informes sobre once propiedades en su investigación que apunta al ex funcionario kirchnerista, su esposa y al chofer como supuesto testaferro.

Otros imputados colaboradores en la causa de los cuadernos, como Aldo Roggio y Carlos Wagner, ya están procesados sin prisión preventiva en la causa por adjudicación de plantas potabilizadoras por parte de la estatal AYSA, otro escándalo vinculado a Odebrecht y el Lava Jato brasileño. Al momento de ser indagados rechazaron las acusaciones sin arrepentirse de nada.

El arrepentimiento “puede ser pan para hoy y hambre para mañana”, grafica una fuente judicial y explica: “se confiesa el delito y no exime de futura condena”. Tampoco de penas de prisión efectiva en otras causas judiciales. En el mejor de los casos puede aspirarse a una condena en suspenso en un juicio oral que deberá afrontarse o a la suspensión del juicio a prueba, la “probation”, a cambio de pago de multas y tareas comunitarias.

Todo podría cambiar si se descubren delitos que se les haya olvidado confesar, se comprueba una mentira o si sus dichos no pudieran corroborarse con prueba independiente.

“Confiesan que hubo plata negra y con eso alcanza, no importa para qué era”, explicaron a #BORDER investigadores del caso, en relación a que los primeros empresarios arrepentidos aludieron a dinero exigido por los ex funcionarios para campañas políticas.

La situación de los arrepentidos podría cambiar si se descubren delitos que se les haya olvidado confesar.

Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, pateó el tablero y apuntó a un presunto esquema de corrupción armado desde el ex Ministerio de Planificación en el kirchnerismo con la obra pública. Por lo pronto en la investigación de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli los dichos de todos quienes fueron aceptados como imputados colaboradores, entre ellos el señor de los bolsos José López, alcanzan para mantenerlos con ese beneficio, en algunos casos, presumiblemente transitorio.

“Debe tenerse en cuenta que varios imputados ya se han acogido a la figura prevista en el art. 41 ter del Código Penal de la Nación, no pudiéndose descartar la posibilidad de que otros se sumen a este supuesto, pudiendo desprenderse de sus respectivos aportes la necesidad de llevar a cabo diligencias vitales para la investigación», dejaron abierta la puerta a nuevos arrepentidos los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun en los fallos en los que rechazaron excarcelar a empresarios y ex funcionarios.

Los empresarios presos se quejan de las cucarachas en sus celdas y aluden a crisis psicológicas y familiares.

En la vereda de enfrente, empresarios y ex funcionarios no arrepentidos del caso cuadernos siguen presos. Se quejan de las cucarachas en sus celdas, aluden a crisis psicológicas y familiares. Al menos eso contaron al borde del colapso en las audiencias que mantuvieron para intentar sin éxito quedar libres.

Al negarse a excarcelar al dueño y vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, la Cámara remarcó: “Debe repararse que uno de los aspectos cuyo avance resulta prioritario se encuentra centrado en conocer el destino dado a los fondos involucrados y lograr su recupero”.

Sobre el total de 35 millones de dólares que Bonadio estima se pagó por sobornos en la obra pública en base a los cuadernos de Centeno, “la entrega de poco más de diez millones de dólares ha sido atribuida a Ferreyra”, remarcó el Tribunal de Apelaciones.

Bonadío estima que, sólo en base a los cuadernos, se pagaron 35 millones de dólares por sobornos. A Ferreyra le atribuyen haber entregado 10 millones.

Y en otro de los fallos, el que dejó preso al empresario Carlos Mundin, también el juez Irurzun advirtió que el “posible origen público” de ese dinero “no está de modo alguno descartado”.

“Se atribuye a Mundin haberse reunido en diversas oportunidades y fuera de las oficinas en que ejercían sus cargos con algunos de los funcionarios sindicados como intermediarios y haber entregado dinero en representación de la empresa BTU SA”, recordó.

“El camino hacia la eventual determinación de los montos que involucrarían a su asistido también forma parte de la investigación en curso, y su debida dilucidación no está vinculada a la mayor o menor eficacia de la investigación sino a la complejidad derivada de la gravedad, extensión y magnitud de las maniobras cuyo desarrollo sostenido en el tiempo presupone la existencia de una extendida cadena de complicidades a fin de brindar cobertura y garantizar su éxito, y en las cuales habrían tenido un rol preponderante diversos funcionarios públicos que ejercían las más
altas funciones en el Estado Nacional”, advirtió la Cámara.

Otro empresario detenido no arrepentido, el ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Lascurain, de la empresa Fainser SA ,tampoco fue beneficiado con la excarcelación por la Cámara porque aparece nombrado como uno de quienes fuera de su oficina entregó “un paquete conteniendo dinero” a un funcionario público.

En la causa, un nuevo frente de tormenta se abrió en torno a la ex presidenta Cristina Kirchner: ya indagada y con sus domicilios allanados, se espera una ardua batalla legal para intentar correr a Bonadio del caso.

El camarista Bruglia tiene que resolver una recusación que presentó la defensa de la senadora contra el juez y otra por parte del supuesto operador judicial y auditor Javier Fernández.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, denunció además a Bonadio por echarlo del allanamiento al departamento del quinto piso de Uruguay 1306. Según la denuncia que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, el operativo comenzó sin inconvenientes con Beraldi en el interior hasta que el policía a cargo recibió un llamado con una orden: sacar al letrado del lugar.

El abogado de CFK denunció a Bonadio. La causa cayó en Casanello, que podría ser obligado a llamar a la ex Presidenta a indagatoria.

Pero esta no es la única causa en la que Cristina tendrá novedades: en el mismo segundo piso del Tribunal de Apelaciones se debate en estos días si se ordena o no al juez federal Casanello citarla a declaración indagatoria en la llamada “ruta del dinero K”, que ya tiene enviados a juicio oral al preso Lázaro Báez y a sus cuatro hijos.