La Justicia se lo ordenó a la Bolsa de Comercio. Es un reclamo de empresas contratadas por Enarsa en tiempos de De Vido y denunciadas por la OA por un perjuicio de 20 millones de dólares. De resultar absueltas en esa causa, seguiría el trámite frenado. Reto de la Cámara al juez Torres.
La Justicia ordenó al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio frenar el trámite de una multimillonaria demanda en dólares contra el Estado Nacional presentada por dos empresas beneficiadas en el 2012 con un contrato de la ex Enarsa para almacenar combustible.
Este contrato -que se remonta a la época en que Enarsa dependía del ex Ministerio de Planificación Federal a cargo del detenido Julio De Vido– se firmó para disponer de espacio de almacenamiento para el combustible, pero nunca se usó y recién se canceló en mayo de 2015.
Las empresas investigadas junto a ex funcionarios a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción presentada en el 2016, iniciaron los reclamos de indemnización, en trámites que ahora suspendió la Cámara Federal. Lo ocurrido supuso un perjuicio al Estado que, según la denuncia, se calcula en 20 millones de dólares.
Pese a la investigación judicial de estos contratos, dos empresas beneficiadas –“Chenyi SA” y “Generación Mediterránea”– demandaron al Estado en reclamo de la deuda. El Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py ordenó frenar los juicios mientras esté abierta la causa penal, según el fallo al que accedió #BORDER.
“En las actuaciones principales se investigan presuntas irregularidades que rodearon los convenios suscriptos durante el año 2012 entre la empresa pública ENARSA y sociedades privadas, por un servicio que jamás se utilizó y que habría generado un detrimento patrimonial al erario estatal”, argumentaron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.
Ambos hicieron lugar a un planteo de “prohibición de innovar” presentado por el abogado de la ex Enarsa (hoy Energía Argentina SA), Juan Pablo Vigliero, también aceptado como querellante en el caso. En la investigación penal “hay datos objetivos que tornan verosímil la hipótesis investigada, a los efectos aquí debatidos, la que abarca hechos de corrupción que involucran la intervención de organismos de la Administración y donde se habrían afectado fondos de manejo público”, sostiene el fallo.
“Ante ello, se considera que el peligro en la demora que la situación presenta es una derivación natural de lo desarrollado”, advirtieron. El juez de la causa, Sergio Torres, había rechazado esta pretensión pero sus superiores revocaron la decisión, frenaron las demandas y le ordenaron que “sobre la base de los datos colectados, se avance decididamente en el sumario”.
Los reclamos se plasmaron en los expedientes 1155 y 1161 iniciados en el 2017, un año después de la denuncia penal que presentó la Oficina Anticorrupción en el fuero federal.
Las empresas demandaron a Enarsa por “incumplimiento de contrato más daños y perjuicios”. En el 2016, en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación, la OA cuestionó lo ocurrido y advirtió que podría estarse ante un incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta agravada.
Los depósitos de las empresas nunca se usaron y Enarsa acumuló deuda en una “inexplicable maniobra”, según consideró la Sigen.
“De la compulsa de dichos expedientes se desprende que las circunstancias que allí se ventilan guardan íntima vinculación con los sucesos investigados en este proceso penal y lleva al Tribunal a receptar, al menos de momento, la petición formulada”, concluyeron los camaristas que ordenaron frenar las demandas.
Irurzun y Bruglia ponderaron “la índole del reclamo millonario a favor de las empresas” en las demandas ante el Tribunal de Arbitraje.
“Será el propio devenir de la instrucción el que permita establecer con mayor precisión las responsabilidades y en su caso reexaminar lo aquí decidido”, advirtieron.
Torres había rechazado ordenar la suspensión de los juicios en demanda de dinero por parte de las empresas argumentando “la ausencia de una plataforma sólida que, a esta altura del proceso, permita concretizar una imputación precisa”.
La Cámara no compartió su postura. “La entidad de los sucesos denunciados, donde se investigan hechos de corrupción cuya ‘inexplicable maniobra -en los términos de la SIGEN-…habría llevado a ENARSA a la situación de asumir una deuda acumulada de varios años por un servicio que jamás se prestó’ y por un monto aproximado de veinte millones de dólares”, advirtió.
A ello se sumó el tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda penal el 21 de junio de 2016, ante lo cual se “impone encomendar” al juez del caso que “concrete los cursos de acción pendientes -con la celeridad en su instrumentación propia del caso- y, sobre la base de los datos colectados, se avance decididamente en el sumario”.
La historia de los contratos por los que ahora el Estado nacional está demandado se remonta al 2011 cuando la Secretaría de Energía a cargo de Daniel Cameron y que dependía de Planificación Federal autorizó a Enarsa a buscar depósitos para combustible líquido.
Un año después el organismo firmó contratos para almacenar con tres empresas Chenyi SA (Entre Rios, una firma del empresario Gustavo Elías, muy cercano a Hugo Moyano), Generación Mediterránea (por entonces Generación Independencia, en Tucumán) y Probater SA (Campana). El contrato estuvo vigente hasta mayo de 2015 pero durante todos esos años allí nunca se almacenó nada. Y ahora las empresas reclaman el pago.
En los primeros meses de 2012, Enarsa emitió “cartas de oferta de locación de servicios” para almacenaje y despacho de combustible líquido y luego se firmaron los contratos. Pero esa contratación debía realizarse luego de la firma de un acuerdo operativo entre Enarsa y Cammesa, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA, que quedaría a cargo del pago.
Los contratos requerían un acuerdo con Cammesa que nunca se concretó. Una de las empresas que reclama es de un allegado de Moyano.
Los contratos se firmaron antes, el acuerdo con Cammesa nunca se concretó y en una “inexplicable maniobra” Enarsa se endeudó por varios años por la contratación de un servicio jamás usado, como denunció en su momento la OA.
