Son datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El 60 por ciento de los detenidos no tiene condena. “Inflación carcelaria”, cuchetas y menos torturas.

 

Es un hecho. Las cárceles federales tienen cada vez más presos. Según un relevamiento realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en los últimos tres años (período 2015-2018) la cantidad de personas privadas de su libertad se incrementó en un 18 por ciento.

En el primer trimestre de 2015 eran 10.621 los alojados en prisiones federales; en el tercer trimestre de 2018 (última medición) esa cifra había crecido a 12.552. Un aumento significativo.

Desde la Procuración hablan de “inflación penitenciaria” y adjudican esta tendencia a diversos factores. Enumeran el uso sistemático de la prisión preventiva, la escasa utilización de medidas alternativas a la cárcel (monitoreo electrónico o prisión domiciliaria), la reducida aplicación de institutos de egresos anticipados y una constante y creciente presión de la opinión pública en los debates en materia de (in)seguridad.

Este crecimiento en el número de personas presas coincide con un fenómeno que preocupa a las autoridades de la Procuración: la cantidad de personas alojadas en cárceles sin una condena firme.

Según este relevamiento, casi el 60 por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal se encuentra bajo prisión preventiva. O dicho de otro modo: sólo 4 de cada 10 presos están condenados por la Justicia. La última medición arrojó que son 7.282 los procesados y 5.265 los condenados.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación difundieron un informe correspondiente al año 2017 en el que se asevera que la cantidad de condenados supera a la de procesados, pero el relevamiento de la Procuración contradice esta información.

La explicación es que en la cartera que conduce Germán Garavano tomaron como medida a todas las cárceles del país, mientras que desde este organismo se centran únicamente en las federales, donde se mantiene una constante que no varía desde el año 2009: en las cárceles hay más personas sin condena firme que condenados.

Otra preocupación de las autoridades es la sobrepoblación carcelaria. Mientras que en el primer trimestre de 2017 los presos alojados por encima del cupo disponible eran 103, un año más tarde esa cifra se multiplicó hasta llegar a un incremento del 150 por ciento: son 263.

Eso sí, en el tercer trimestre de 2017 la sobrepoblación carcelaria se había disparado a 696 personas. En ese período se inauguraron nuevos pabellones en distintas cárceles y se terminó de completar el complejo penitenciario Senillosa, en la provincia de Neuquén. Estas medidas de infraestructura desagotaron la presión edilicia en las cárceles federales.

Una preocupación adicional se ha generado en el último trimestre del año que acaba de terminar. Como el relevamiento no alcanza a este último período no ingresó en el informe, pero desde la Procuración han detectado que en algunos penales agrandan la capacidad de forma indebida: ingresan camas cuchetas a celdas unipersonales.

Es decir, duplican la cantidad de presos en el mismo espacio físico. Si se lee de otra manera, reducen a la mitad el espacio vital de los internos. Desde el organismo advierten que interpusieron hábeas corpus para impedirlo. También están a la espera de la inauguración de una nueva cárcel federal en la provincia de Mendoza que debería normalizar esta situación.  

Una herramienta a considerar para aliviar la ocupación carcelaria podría ser –decisión judicial mediante- concederle arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o con hijos. Según el informe, hay 37 mamás alojadas con sus hijos pequeños y 8 embarazadas en cárceles federales.


Entre los efectos más graves del encarcelamiento puede encuadrarse la tortura, que disminuyó casi un 25 por ciento desde 2014. Ese año hubo 823 denuncias de golpes, agresiones físicas y/o amenazas; en 2017 (último año contabilizado completo) fueron 615. Entre enero y septiembre del año pasado hubo 442 casos de tortura y 145 denuncias penales presentadas con voluntad expresa de  las víctimas.

Sobrepoblación, casos de tortura, menos condenados que procesados y más personas presas en cárceles federales: el debate en materia de seguridad debiera contemplar estas variables.