Le allanaron su departamento en Mar del Plata y después quedó detenido en el aeropuerto de Ezeiza al volver de Estados Unidos. Apenas pisó la cárcel en noviembre pidió ser arrepentido y le dijeron que no. Pero después agregó algo que convenció a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli y el 3 de diciembre pasado obtuvo un sí.

Osvaldo Parolari es un bróker marplatense vinculado a maniobras de lavado de dinero del entorno del fallecido secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz. Este último apareció como el encargado del transporte de bolsos con dinero desde Buenos Aires a Santa Cruz en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Parolari firmó el acta y creyó que la excarcelación estaba cerca, pero, acusado y fiscales se toparon con un obstáculo infranqueable: el 14 de diciembre último, el juez Claudio Bonadio se negó a homologar el acuerdo.

Los fiscales apelaron y el del bróker inmobiliario pasó a ser un “leading case” para el Tribunal de Apelaciones que revisa la investigación.

Los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi tienen que resolver -por primera vez desde que comenzó a aplicarse la ley del arrepentido- si obligan a Bonadio a homologar el acuerdo con Parolari, lo rechazan o se niegan a intervenir en el asunto

Sin este paso fundamental, lo aportado carece de valor probatorio.

Todo esto ocurre en los tribunales federales de Retiro mientras el juez demora una decisión sobre si acepta o no a otro arrepentido, el ex ministro de Economía de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, Juan Manuel Campillo.

También en días en los que el fiscal que quedó trabajando en la feria judicial de enero, Carlos Rivolo, recibió a otro candidato a imputado colaborador, el primo de la detenida viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, Carlos Gellert.

 “Parolari ha efectuado un aporte que puede ser útil y conducente para la pesquisa, novedoso en cuanto a sus aristas y alcances”, advirtió Stornelli en la apelación a la que tuvo acceso Border.

“Podemos entonces plantear el asunto como un conflicto de poderes” entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. “Se ha avanzado sin más sobre las facultades del primero en la celebración de actos que por ley le resultan inherentes y exclusivos, máxime cuando éstos reúnen a todas luces los recaudos procedimentales de rigor”, acusó Stornelli.

El juez “avanzó de manera improcedente y también apresurada” y sobre las facultades que la ley le da a los fiscales “de manera exclusiva y excluyente”.

Bonadio rechazó el acuerdo porque Parolari “en ningún momento reconoció la imputación que se dirigió en su contra, en tanto sólo se involucró en ella aceptando haber participado de unas pocas operaciones inmobiliarias sobre las que meramente señaló haber actuado de buena fe como un operador del mercado inmobiliario”, argumentó.

De hecho, el detenido fue careado con uno de los arrepentidos en esta parte del caso, el también marplatense Sergio Todisco,  por discrepancias entre ambos y se mantuvo en su postura.

Todisco es el ex marido de Elizabeth Ortiz Muñicoy. El es mencionado como supuesto testaferro de Muñoz y ella como artífice de algunas de las operaciones inmobiliarias en Estados Unidos para el ex secretario privado de Kirchner.

Ambos recuperaron la libertad como arrepentidos, dieron detalles sobre operaciones inmobiliarias del dúo Muñoz – Pochetti y aludieron a Parolari.

El juez dijo además que no surgieron nuevos datos para “esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos”, que Parolari no aportó nada “valioso” ni  reveló identidades de “otros autores” o datos para un “significativo” avance.

En la vereda contraria, Stornelli sostuvo que “los fundamentos que llevan a la no homologación del  acuerdo, además de no ajustarse a las prescripciones legales” de la ley del  arrepentido 27304 “afectan el ámbito de actuación y autonomía del Ministerio Público Fiscal que represento, ello en una suerte de exceso jurisdiccional”.

Además, advirtió que la fiscalía disiente “férreamente” en lo vinculado a los aportes del bróker dedicado a venta de propiedades de lujo en Argentina, Estados Unidos y Dubai.

Parolari “no ha negado su presencia e intervención en la secuencia” de los hechos que se investigan sino que les dio otro alcance y “la Ley no exige taxativamente que el imputado colaborador asuma necesariamente aquella postura”.

“Sí le exige -y no es lo mismo- que brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Stornelli remarcó que el acuerdo firmado el 3 de diciembre se concretó porque el detenido aportó datos que “prima facie se exhibían precisos, comprobables y verosímiles sobre aspectos novedosos” que deben ser luego corroborados con prueba independiente, para lo cual el artículo 13 de la Ley del Arrepentido da un año de plazo.

Para los fiscales Bonadio “avanzó sobre valoraciones meramente especulativas sobre la eventual utilidad del aporte, incluso confrontándolo con otras diligencias procesales practicadas pese a aún no hallarse homologado el acuerdo y cercenando de esta manera la posibilidad legal de corroborar -o bien descartar- la verosimilitud y utilidad” de lo dicho por Parolari.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi comenzaron esta semana sus vacaciones. Su decisión quedará para la vuelta.