Los pocos jueces federales que caminaron hoy los pasillos de Comodoro Py 2002, en uno de los días más agobiantes del receso de enero, no recibieron con beneplácito el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre la implementación, por decreto, de la extinción de dominio en la Justicia Civil para casos de corrupción, narcotráfico o trata de personas.

“Tiene aire de año electoral”, “es inconstitucional, van a llover los planteos”, “hay dos proyectos de ley en el Congreso, no hay necesidad ni urgencia”. En la segunda quincena de enero están en sus despachos algunos de los magistrados que llevan los más resonantes casos de corrupción de los últimos años: Cuadernos, Hotesur, Los Sauces, Báez, Ciccone, José López y su revoleo de bolsos con dólares en un convento. También muchos de quienes revisan sus decisiones.

Se trata de causas que aún no tienen condena firme y por ello se está lejos del recupero de bienes y dinero de los delitos. Sí hay decomisos anticipados por sumas multimillonarias en maquinarias, vehículos y propiedades que administra el Estado. También millones de dólares almacenados en tesoros de bancos y cajas de seguridad franjadas.

El decomiso es una medida cautelar provisoria, sujeta al dictado de una condena que tiene que quedar firme. Mientras tanto el Estado sólo puede usar o administrar los bienes y asumir gastos de mantenimiento para que no se desvaloricen.

El año pasado, de hecho, se impulsó el remate de dos aviones secuestrados en la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez porque hacía falta más de 300 mil dólares para reparar uno de ellos y ese dinero debía ponerlo el Estado. El Tribunal Oral Federal 4 que ahora juzga a Báez ordenó que lo obtenido del remate se deposite en una cuenta del Banco Nación a la espera de un veredicto. Recién cuando una eventual condena, en caso de existir, quede firme esa suma podrá ser usada.

Si prospera el DNU anunciado que habilita a la Justicia Civil a determinar la licitud del origen de bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares en el ámbito penal y, si se concreta su retroactividad, el efecto se sentiría en muchas causas para las que aún no hay veredicto.

En la causa por los cuadernos de la corrupción, hay secuestrados autos de alta gama, obras de arte, embargos a propiedades y cuentas bancarias de ex funcionarios y empresarios.

Al confirmar su procesamiento como presunta jefa de una asocación ilícita que recaudó sobornos entre empresarios de obra pública, la Cámara Federal le fijó a Cristina Kirchner un embargo de 1.500.000.000 pesos y redujo el importe inicial que había ordenado el juez del caso, Claudio Bonadio, cuatro mil millones de pesos.

Lo mismo hizo el Tribunal de Apelaciones para con otros procesados y hay bienes que se podrían afectar a esos embargos.

Sólo en la investigación por lavado de activos a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados el Estado recibió 144 máquinarias viales y un total de 2.734.711.50 pesos en bienes cautelados para su futuro decomiso y retorno a las arcas estatales, en caso de condena firme.

El Estado es “depositario judicial” de esos bienes y el cuidado y preservación está a cargo de Vialidad Nacional.

También se embargaron 80 propiedades.

Otro caso es el del detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito y ahora procesado y arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción K: en el tesoro del Banco Central están los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez y además hay embargos sobre su casa de Dique Luján.

Los también detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli -además de su ex empleada Nélida Caballero- tienen propiedades, vehículos y dinero embargado como medida cautelar en la causa que investiga su supuesto enriquecimiento ilícito.

Sobre los bienes de los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a punto de ser juzgados por evasión en Oil Combustibles, hay pedidos de afectación a embargo de 70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves” entre bienes de ellos dos y de otros procesados que están libres como el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Pero los alcances del decreto si prospera, no sólo llegarán a las investigaciones por corrupción: los casos de trata de personas y narcotráfico también están en la mira.

Por ejemplo, en Mar del Plata el juez federal Santiago Inchausti secuestró con fines de decomiso 158 vehículos de alta gama en una causa por narcotráfico y lavado de dinero en una investigación con 25 acusados que incluyó el hallazgo de 150 kilos de cocaína y 3 toneladas de marihuana.

Entre los rodados hay 54 camionetas 0 kilómetro y 20 camiones que eran parte de las maniobras de lavado de dinero de la banda.

El juez federal Sergio Torres embargó por 20 millones de pesos a su par de Corrientes Carlos Soto Dávila, al procesarlo como supuesto jefe de una asociación ilícita que protegía a narcotraficantes. Un caso que también sería alcanzado por el DNU anunciado desde el Gobierno Nacional.