El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó esta semana que, junto a otros ex funcionarios, asesora a empresas y entes gubernamentales en cuestiones energéticas. Pero una recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA) -para evitar eventuales “influencias indebidas”- enviada 3 meses antes de la creación de la consultora, le prohíbe hacer uso de información no pública, a la que tuvo acceso durante su función, entre otras restricciones, lo que dispara una polémica por su rol actual. 

Desde el entorno del ex CEO de Shell rechazaron las suspicacias y aseguraron que la consultora Energy Consilium -que fundó a fines de septiembre pasado con ex colaboradores del Palacio de Hacienda- “no trabaja para el Estado y la información que utiliza es la pública, la que se hizo oficial, abierta y se actualiza a partir de su gestión”.

En declaraciones a LN+ del último lunes, Aranguren detalló que con su nueva empresa asesora en eficiencia energética a distintas entidades gubernamentales y privadas. “Lo hacemos atacando los mismos temas que atacábamos mientras estábamos en el ministerio de Energía y Minería. Los clientes son gobiernos provinciales, grandes empresas, algunos bancos que quieren darle una herramienta a sus clientes pymes para que -por ejemplo- puedan ahorrar energía o ser más eficientes en su uso”, reveló.

En este marco, la OA le había enviado el 2 de julio de 2018 -casi un mes después de su salida del Ejecutivo- una recomendación para evitar casos de conflictos de interés o lobbys cuestionables. Se trata de las notas que forman parte del protocolo de “post employment” diseñado por el organismo que conduce Laura Alonso y que también había sido utilizado en los casos de las salidas del gobierno del ex titular de la Afip, Alberto Abad, y de Cecilia Loccisano, esposa de Jorge Triaca, que tuvo que renunciar como subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud a causa del decreto anti-nepotismo de enero de 2018.

El origen de este protocolo es transparentar el regreso de ex funcionarios al ámbito privado para evitar “influencias indebidas”. En los últimos años la bandera de la transparencia de Cambiemos se ha visto afectada por los casos de conflictos de interés de funcionarios -como el que envolvió al propio Mauricio Macri con el caso de la deuda del Correo SA que era propiedad de su familia- por vinculaciones con empresas, lo que motivó la publicación de sendos decretos. Las recomendaciones a ex funcionarios buscarían, en esta misma línea, evitar eventuales favores a privados por las ventajas de haber pasado previamente por la función pública.

Con todo, la recomendación a Aranguren, a la que tuvo acceso Border, establece un período de carencia para realizar trámites relacionados con su anterior función en el estado. “El funcionario no debe, durante su empleo y hasta UN (1) año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado”, sostiene.

Al fundamentar la normativa, la OA explica que se busca por un lado garantizar la imparcialidad, objetividad e igualdad de trato en la toma de decisiones públicas “evitando eventuales condicionamientos o influencias indebidas por parte de ex funcionarios sobre los actuales decisores”. También tiene por objeto impedir “que cualquier tercero ajeno a la Administración Pública Nacional pueda explotar, en provecho propio y en detrimento del interés público, las relaciones y la información que el ex funcionario haya adquirido en razón del desempeño de un cargo público -más allá de aquella de acceso público para cualquier ciudadano-, garantizando además los deberes de reserva y confidencialidad
que correspondan en el caso”.

La recomendación, con todo, se basa en el artículo 46 del Decreto 41/99. Aunque desde la consultora del ex funcionario negaron que vayan a realizar gestiones ante Energía a nombre de terceros, hay un punto en cuestión del protocolo que sí dispara la polémica: el acceso que ha tenido Aranguren a información sensible de este sector, regulada por la normativa. Es decir, datos y “know how” (saber cómo, en inglés) que pudo aprehender durante su paso por el Palacio de Hacienda desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018.

“Asimismo, tiene prohibido difundir y/o usar en provecho propio o de terceros ajenos al Estado Nacional, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea de dominio público. Ello además del deber de confidencialidad o secreto que corresponda en razón del cargo que ha desempeñado”, añade la recomendación enviada al ex funcionario.

Un ex colaborador de Aranguren, en tanto, remarcó que el asesoramiento de la consultora no incluye ningún trámite frente a oficinas públicas donde han trabajaron los integrantes de la firma. Y respecto a las limitaciones al uso de la información adquirida durante la gestión, remarcaron que durante su administración en Energía se “transparentaron datos como las compras de gas en barco, tanto en oferentes como en montos de los pagos, la compra de combustibles líquidos de Cammesa, por caso. Esos datos disponibles para todos son los que se utilizan” en Energy Consilium.
La OA en 2016 ya había intimado a Aranguren para que vendiera sus acciones en Shell dado que esa tenencia resultaba incompatible con la función que cumplía en el estado. El resultado de esa operación comercial fue informado en la DDJJ del ex funcionario.