Escribe Silvina Martínez*

Hoy fuimos testigos de una nueva detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Digo nueva, porque ya ingresó y salió varias veces en pocos meses. Vergüenza nos da.

Amado Boudou es el ícono de la corrupción kirchnerista. Tan groseros e impunes fueron los delitos que cometió que hasta causan gracia. Truchar los papeles del auto para perjudicar a una ex esposa, dar domicilios falsos en un médano, quedarse con la máquina de fabricar billetes. Pero lo que no es gracioso es que fue el vicepresidente de la Nación y que muestra lo que vivimos durante años.

La corrupción viola los derechos humanos de aquellos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables. Aquellos que cometen actos de corrupción intentarán protegerse para no ser detectados y para mantener sus posiciones de poder. Al hacerlo, es posible que opriman más a los grupos vulnerables.

En el caso de los delitos de corrupción, su prevención y su sanción no debiera tener mayores dificultades ya que es fácil saber dónde puede producirse, se conoce quién puede ser la víctima y quién, el transgresor.

Pero en la Argentina se confunden los roles. Los transgresores se enmascaran como víctimas mientras disfrutan de los millones que se robaron.

La Argentina viene de muchos años de deterioro en la calidad institucional, con organismos de control prácticamente inexistentes. Uno de los organismos de control que conozco bien es la IGJ. Fue utilizado por el gobierno anterior como un arma de persecución a opositores, quienes no adherían al proyecto y era un instrumento de encubrimiento a las prácticas delictivas de socios, testaferros y funcionarios públicos enriquecidos. Se desnaturalizo el rol del Registro encargado de dar a publicidad los actos de las empresas y entidades civiles que se inscribían. Se caracterizó por ser un organismo opaco, altamente burocrático y discrecional, que solo favorecía a unos determinados actores generando un régimen de impunidad.

Y fue utilizado, como todo el Estado, para encubrir los delitos del vicepresidente. Hoy ese poder fue una de las causas por la cual la Justicia decidió que Boudou no puede permanecer en libertad.

Mas allá de los Boudou, es necesario que las personas tomemos conciencia del daño que la corrupción causa a los intereses públicos e individuales y que este daño lo puede ocasionar hasta la menor forma de corrupción. Es necesario apoyar las campañas y los programas para prevenir la corrupción. Y también a denunciar. Y exigir respuestas de la justicia.

 

*Fue funcionaria de carrera en la IGJ. Dirige la ONG “Bajo la lupa”, de lucha contra la corrupción.