Por Mariana Szulman

En la actualidad, millones de datos personales circulan libremente por internet almacenados en motores de búsqueda. Internet los procesa y acumula, permitiéndonos tener acceso a diversos sucesos o actos realizados por una persona, a través de los años, con sólo teclear su nombre.

La ley de “Derecho al olvido”, concepto también conocido como ‘Habeas data’, nace como protección de nuestra información personal y como un derecho que tiene un ciudadano para borrar, bloquear o suprimir un dato personal difundido a través de internet, que de alguna manera afecte su derecho a la intimidad, al honor o a su propia imagen, o se considere un dato obsoleto que después de mucho tiempo carece de sentido.

Si bien este derecho no procede en los casos en que está en juego el interés público, preserva nuestra identidad de los gigantes cibernéticos y de su futura distribución.

¿Cómo surge este derecho?

El derecho al olvido nace en España en 2014, a raíz de que el abogado y calígrafo Mario Costeja denunció a Google por publicar una información sobre él que había quedado obsoleta, en este caso un embargo por una deuda que fue pagada hace años.

Tras una larga pelea, pudo lograr un fallo favorable de la Corte de Justicia y desde ese entonces, “el derecho al olvido” está vigente en la Unión Europea.

A partir de esta ley, los buscadores tienen una nueva obligación que es también proteger información sobre estafas financieras, historial criminal y penal, afiliaciones políticas u organizacionales, negligencia profesional, entre otros, para “equilibrar los derechos de privacidad cibernética con el derecho público a conocer y distribuir información”.

El derecho al olvido en Argentina

Si bien en Argentina todavía no se expresa como “Ley de derecho al olvido”, en los derechos Arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición) amparados por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, en el artículo 43 de la Constitución, tras la reforma del 94, se incorpora el Habeas Data, en donde se reconoce legalmente que el usuario pueda pedir corrección o eliminación de datos y se basa en el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda información que se relacione con su persona y que se recopile o almacene en centrales de información.

Google aceptó el derecho al olvido en la Unión Europea, pero aunque como tal no existe para Latinoamérica, se puede iniciar una acción judicial para remover un contenido.

La falta de un marco legal más específico y la necesidad de cada Tribunal de estudiar los distintos casos por separado, provocó que el derecho al olvido aúne a tantos defensores como detractores.

Los primeros ven en la sentencia un paso más hacia la privacidad total en internet para aquellos que así lo deseen limitando la puerta de entrada a imágenes, documentos o publicaciones que vulneren sus derechos, pero el resto ven en esta ratificación una forma más de censura.

Según estos últimos, la eliminación de los enlaces provocará que un organismo externo decida qué es relevante para el usuario y convertirá la red en un sistema en el que la información dejará de tener la misma validez. Al fin y al cabo, seguirá habiendo noticias erróneas o conflictivas y, aquél que lo desee, podrá acceder a ellas sin enlaces de por medio.

Si bien los motores de búsqueda y las redes sociales no son generadores de información, son los principales vehículos de la misma, permitiendo su difusión masiva. En este sentido, en la red existen contenidos que pueden aparecer en los resultados de una búsqueda en estos espacios que pueden resultar perjudiciales o discriminatorios para la persona implicada. A partir de este derecho, es posible solicitar la supresión, bloqueo o desindexación de la información publicada.

 Cómo ejercer la protección de datos personales

Cualquier usuario puede mandar una intimación (carta documento) al banco de datos, sitio o buscador que posee la información donde solicita que se borre tal dato fundado en el derecho a supresión en un plazo determinado. Si no se hace, se habilita la acción de Habeas Data. Primero está la intimación privada y luego se recurre a la Justicia.

Para solicitar que se quite un contenido se debe apelar primero a expedir una solicitud al buscador, pero no hay un mecanismo que garantice que el mero pedido vaya a implicar que se bloquee o borre la información.

El usuario debe considerar ese contenido perjudicial para sí mismo y, además, obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo.

En el país, la responsabilidad de los buscadores surge cuando no eliminan la información ni bien son intimados a hacerlo por medio de una orden judicial.

Se estima que hay unos 50 casos en el país en los que los buscadores fueron hallados responsables por la Justicia.

En la actualidad hay un proyecto de ley sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet que tiene media sanción del Senado. Allí se describen como intermediarios o proveedores de Internet a los buscadores, los sitios, los proveedores de conectividad y servicio de almacenamiento.

Según se destaca en el proyecto de ley, los proveedores de Internet no serán responsables por los contenidos de terceros, excepto cuando habiendo sido notificados por medio de una orden judicial sobre una remoción o bloqueo, no cumplan con ese pedido.

Tener una ley de derecho al olvido nos permite decidir sobre nuestra información personal y proteger nuestra intimidad. Es importante conocer esta ley y cómo se aplica en Europa y otros países para poder ejercerla en Argentina, avanzando hacia un futuro que resguarde nuestra identidad y nos permita herramientas para defendernos.