En el Gobierno consideraron “inentendible” la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, en los hechos, demora el inicio del juicio por irregularidades en contratos de Vialidad Nacional y tiene entre sus acusados a la ex presidenta Cristina Kirchner, observaron un “mensaje” de la denominada “mayoría automática peronista” de esa institución y como respuesta podrían enviar un proyecto para ampliar el número de ministros del máximo tribunal.

En el anochecer del último martes sorprendió la decisión de la Corte de retrasar el inicio del proceso contra las supuestas maniobras de corrupción que tienen a la ex Presidenta y al detenido empresario Lázaro Baéz como principales acusados. Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco -aunque a esta última jueza en el Ejecutivo no la consideran del todo dentro de la “nueva mayoría automática”-, la Corte pidió el cuerpo principal de la causa «Vialidad» al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis.

Atendiendo a una serie de reclamos procesales de los imputados, en especial, del abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. en los hechos, esto demoraría el inicio del proceso, previsto para el martes 21 de mayo, por lo que Cristina, en caso de confirmar su candidatura, podría comenzar su campaña electoral sin desfilar por los estrados judiciales.

Este martes Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionaron la resolución indirectamente, sin nombrar al máximo tribunal. Desde Corrientes, donde visitó el Parque Ecoturístico Iberá, el jefe de Estado declaró que “vinimos a crecer, a desarrollar nuestro país. Es lo que todos queremos: progresar, poner nuestro granito de arena. Y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad”.

Menos institucionalistas, hay espadas del oficialismo que han expresado su descontento por un fallo que pone en carrera a Cristina, que expresa “un mensaje” y que no encuentra antecedentes. Al ser consultado sobre si se analizaba una respuesta política a dicha resolución, una calificada fuente oficial dijo que “podríamos enviar un proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. Es claro que estos tres jueces dieron un mensaje y “no descarto que sea en este año” pese a la escasa actividad parlamentaria que suelen tener los períodos electorales.

Y para ello deberían consolidar lazos con al menos gran parte del peronismo no kirchnerista. «Es poco probable que algo así pueda darse en los seis últimos meses de un mandato», dejó trascender una voz fuerte del espacio del PJ alternativo.

Cuando este medio quiso saber a qué número aspiraba llegar el Ejecutivo, la fuente dijo que podrían ser a 7 o a 9. Hoy son 5 pero creemos que con un número mayor se mejoraría el funcionamientode la institución.  

Desde que en 2018 Carlos Rozenkrantz, uno de los magistrados propuestos por el macrismo junto a Horacio Rosatti, asumió la presidencia del máximo tribunal desplazando a Lorenzetti, en el Gobierno observan que se han registrado una serie de fallos desfavorables a los intereses de la Casa Rosada. Y que los mismos podrían continuar.

Otro funcionario consultado no observó “plafón político” para avanzar en una iniciativa de esa envergadura pero que un tiempo atrás “se había analizado que el número ideal de miembros de la Corte, técnicamente, era 7”. En este sentido, amplió que “devolverle la pelota a la Corte también iría en contra de nuestro discurso. Este tipo de fallos lo veo más como una pelea entre peronistas, un mensaje hacia una parte del peronismo que quiere disputar poder a la ex presidenta.

En la reunión del PJ a la que se sumó Cristina, su titular José Luis Gioja dejó en claro que su espacio impulsará no aprobar los pliegos de jueces propuestos por el oficialismo, a raíz de un pedido de la propia CFK, que ve en el cumplimiento de esa medida institucional un intento de colonización por parte del macrismo.

Imposibilitado de mostrar logros económicos, la bandera de la transparencia iba a ser uno de los ejes del oficialismo en la campaña electoral. A comienzos de año, la Casa Rosada había sorprendido con un decreto de extinción de dominio. Con la excusa de que el proyecto se encontraba empantanado en el Congreso, el Ejecutivo resolvió recomendar a la Procuración la creación de fiscalías especializadas para poder dar curso a los procesos y delegar en la Agencia de Administración de Bienes del Estado –de Jefatura de Gabinete-, el registro y la guarda de las propiedades incautadas para luego ser destinado a financiar políticas o mejorar las fuerzas de seguridad. Con todo, se pudo saber de fuentes oficiales que no se implementó tal registro en dicho organismo.

Para Alejandro Drucaroff Aguiar, especialista en ética pública, no hubo voluntad política del Gobierno en avanzar en el recupero de activos de la corrupción. “Nunca hubo determinación de la corporación política para avanzar con el dinero (mal habido) con las acciones civiles. En Brasil el ex juez Sergio Moro decomisó 3.500 millones de dólares del (escándalo de coimas)  LavaJato”.

Aunque admitió que el decreto de extinción de dominio está cuestionado, el abogado insistió en que “pasaron más de tres meses desde la publicación y no pasó nada. La Procuración del Tesoro tampoco tuvo ninguna acción en este sentido. Más allá de las máquinas viales incautadas (de la empresa de Lázaro Báez), se supone que hay más bienes sino miremos las propiedades que se atribuyen a (el ex secretario kirchnerista) Daniel Muñoz”.

Al referirse a la resolución de la Corte Suprema, el experto sostuvo que es un escrito técnico, procesal, pero con efectos concretos. En sí misma no suspende el trámite pero una antigua costumbre de la Justicia es que todo lo que se suspende es bienvenido, el tirar la pelota afuera. Pero no ha pasado nunca es que en un juicio oral en inicio, la Corte haya pedido el expediente. Nadie puede afirmar que esto sea político pero a nadie se le ocurre que no lo sea.