Aunque aún restan detalles organizativos para poner en funcionamiento el decreto de extinción de dominio firmado por Mauricio Macri a comienzos de año, el gobierno avanzó en la subasta de los dos aviones incautados al empresario detenido Lázaro Báez por orden judicial: la semana próxima finalizaría la convocatoria a subasta para de un Rockwell Commander, modelo 690, matrícula LV-MBY cuyo precio base será 110 mil dólares, casi la mitad de la tasación realizada un año antes por los que los técnicos de la ex Onabe, a cargo del operativo, advierten que cuanto más se demore la enajenación de los bienes recuperados de la corrupción mayor será la pérdida para el estado por el deterioro de los mismos.

En marzo pasado el Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la subasta pública e inmediata de dos aviones de la empresa Top Air SA, del empresario Lázaro Báez detenido desde abril de 2016 en la denominada causa «la ruta del dinero K» y que está sospechado en otros expedientes por su vinculaciòn patrimonial con la ex presidenta Cristina Kirchner. Un informe técnico del organismo, al que tuvo acceso #BORDER, da cuenta del avance en las compulsas por estos bienes incautados.

Como ya hizo con bienes del estado, como terrenos ferroviarios, embajadas o guarniciones militares, el organismo tendrá a su cargo la subasta pública online de los activos para evitar gastos operativos de los mismos. Y el dinero recaudado será depositado en una caja de ahorros en dólares en el Banco Nación denominada «Causa Báez», bajo tutela judicial. Como en el caso de las valijas del empresaio venezolano Guido Antonini Wilson, la justicia podría destinar esos fondos para construir obras, como los citados centros de primera infancia en Tucumán y Misiones.

En el gobierno recuerdan que cuando ambas aeronaves fueron decomisadas, se destinaron al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de policías para allanamientos urgentes o para detenidos pero la cartera de Patricia Bullrich solicitó a la Justicia devolver los aviones porque su puesta en funcionamiento y mantenimiento significaba un costo muy alto. Por esto, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso la subasta de los aviones: hoy se encuentran en el aeropuerto de San Fernando sin poder operar por problemas técnicos, a la intemperie y expuestos a factores de riesgo que podrìan disminuir aún más su valuación.

Las aeronaves incautadas son propiedad de la firma Top Air SA del empresario detenido: una Learjet, modelo 35A, número 418 (matrícula LV-BPL), que fue valuada en U$D 575.000, y una Gulfstream Commander-Rockwell, modelo 690-B, número de serie 11.412 (patente LV-MBY), valuada en U$D 211.300. El detalle es que estas valuaciones habían sido realizadas en junio de 2018 y, ahora, para las compulsas en marcha fueron retasadas observándose una importante disminución en su cotización.

De acuerdo a los datos recabados, en primera instancia, «la AABE subastará por cuenta y orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, en el marco de la causa judicial N° 2.627 (Expte. N° 3.017/13) caratulada `BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ encubrimiento y otros`, la aeronave con Matrícula LV – MBY (Modelo: 690 – B, Marca: ROCKWELL COMMANDER)» y la convocatoria a subasta sería la primera semana de julio. «La aeronave estará disponible para ser exhibida en la plataforma de la empresa Aviación Atlántico Sur S.A. (AASSA). Quienes quieran inspeccionarla deberán comunicarse con la AABE para coordinar la visita.

Precio Base: DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO DIEZ MIL (USD 110.000)», detalla la presentación del organismo. Como quedó dicho, hace un año el valor de la unidad era de 211.300 dólares. «Cuando no se utiliza, pierde el valor la aeronave y en última instancia, es una pérdida para el estado», comentaron voceros gubernamentales.

De acuerdo al informe técnico citado, el último vuelo registrado por el Rockwell Commander fue el 16 de enero 2016. Y en el mismo se certificaron «5900 horas voladas y dos motores turbohélices, inspección de 150 hs y rehabilitación Anual Vencidas, servicio de lubricación 12 meses vencido; corrosión en algunos remaches, bulonería y estructura, pintura exterior levantada y ambas hélices vencidas». También se evaluaron el «blower fuera de servicio por no cortar, inspección y testeo del regulador de oxigeno vencido, peso vacío y centro de gravedad de la aeronave vencido», entre otros inconvenientes generados por el desuso.

«Los interesados deberán presentar Declaraciones Juradas de vinculación con las autoridades nacionales de rango Ministro o superior y de los funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el acto. Asimismo, con relación a los Integrantes del Tribunal y de los imputados en la causa. Por otra parte presentaran Declaraciones Juradas de Habilidad y Elegibilidad para contratar con el Estado Nacional y del Origen Lícito de los Fondos, entre otros requisitos», se consignó en la presentación detallando los condicionamientos que deberán sortear los interesados.

El otro avión en cuestión fue el utilizado por Báez cuando fue detenido el 5 de abril de 2016 en la aeroestación de San Fernando: está menos deteriorado que el anterior y hace un año valía 575 mil dólares. Es el Learjet matrícula LV-BPL cuya «convocatoria a subasta vendrá en una etapa posterior», se informó desde el organismo a cargo de Ramón Lanús.

Acerca de las demoras en la creación de las fiscalías especializadas que anunciaba el decreto de Macri, este medio pudo averiguar que «la Procuración General de la Nación hizo un pedido de ampliación presupuestaria a JGM (Jefatura de Gabinete) para conformar la procuraduría de extinción de dominio. Con el visto bueno del ministerio de Justicia, eso está para ser resuelto. Sin embargo, se estaría trabajando en la Procuración General, con intervención de fiscales de diferentes áreas (penales, civiles y de la propia Procuración General), para avanzar con la primera demanda de extinción de dominio. En paralelo, se está trabajando coordinadamente entre diferentes organismo públicos (AABE, MS, MJyDH, AFIP, UIF), para conformar un registro unificado de bienes secuestrados bajo la custodia de dichos organismos».