Actualmente, las pensiones salen por dos ventanillas: Anses paga un promedio de $20 mil pesos a ex detenidos por la última dictadura y el Ministerio de Justicia se encarga de definir los resarcimientos puntuales a las víctimas de la represión ilegal. Pero todavía se analiza el pendiente de “reparar” a los familiares de los caídos por los operativos de los grupos guerrilleros.
Mientras el gobierno decidió ampliar las indemnizaciones a las víctimas de la AMIA en ocasión del 25ª aniversario del atentado a la mutual judía, todos los meses paga más de 5 mil pensiones graciables a los presos políticos de la Dictadura militar y, por otro lado, busca impulsar un proyecto de ley en el Parlamento para resarcir a los familiares de los soldados caídos en el ataque de la agrupación Montoneros a un cuartel de Formosa, en 1975. En el Ejecutivo resaltan que hoy no existen beneficios para familiares de víctimas del accionar de la guerrilla.
El último miércoles Presidencia publicó el decreto que establece un nuevo plazo de 180 días hábiles para presentar el pedido de indemnizaciones, en el ámbito del ministerio de Justicia, a personas afectadas por la voladura de la mutual judía: viene a complementar un decreto de Cristina Kirchner, de poco antes de dejar su cargo en diciembre de 2015, y está focalizado en 12 empleados sobrevivientes.
Con todo, hoy el gobierno quiere saldar lo que considera una “injusticia” y pagar resarcimientos a familiares de los caídos por un ataque emblemático de la guerrilla en los `70: el 15 de octubre de 1975, un comando armado de Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y, como resultado del hecho, 13 atacantes perecieron y entre quienes defendían la unidad murieron 10 conscriptos, un suboficial, un oficial del Ejército Argentino, un policía mientras que decenas resultaron heridos. Hubo otros ataques subversivos, como la detonación de una bomba en el Cuartel General de Policía Federal de avenida Belgrano o la muerte de civiles en operativos de la guerrilla, que por ahora no son tenidos en cuenta. Pero los fallecidos en el denominado “Operación Primicia” fueron tomados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, como un hecho para poner el foco sobre el resarcimiento a las familiares de las víctimas de la otra violencia de los ´70.
El proyecto en cuestión fue presentado por el diputado radical formoseño Mario Arce y también contempla una pensión para los 75 soldados que revestían en ese establecimiento. Los pagos contemplados en la normativa serían similares a las que ya cobraron los herederos de los guerrilleros que murieron durante el combate.
Avruj confirmó a este medio que aún los familiares de los uniformados caídos no han cobrado ningún beneficio y que un proyecto similar, de 2012, obtuvo la media sanción de la cámara baja pero luego perdió estado parlamentario. “Hoy no cobra nadie: este proyecto es para los familiares de los 12 caídos”, aseguró.
Otro importante funcionario, en tanto, se quejó de que no existan esos beneficios y que el Ejecutivo intentó promoverlo por ley. Pero el proyecto está estancado en Diputdos,. “En un año electoral es imposible que salga”, se sinceró el funcionario consultado.
Lo cierto es que el ataque al cuartel formoseño también volvió a la agenda pública por una denuncia penal formulada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, caído durante el enfrentamiento, por el pago de supuestas indemnizaciones fraudulentas a familiares de 9 de los 13 militantes abatidos en aquella trágica jornada. Esos beneficios se habrían pagado durante la administración kirchnerista bajo el paraguas de la ley «reparatoria» 24.411, indemnizatoria de hechos de «desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado».
Al ser consultado por este medio el ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que “las leyes no autorizan el pago de indemnizaciones a terroristas sino a víctimas de la represión ilegal. Y en relación a eso, y al caso de trascendencia pública surgido gracias una resolución de información pública contestada por este ministerio, se pidió a la unidad de auditoria un relevamiento. La mayoría de las indemnizaciones fueron pagadas antes que asumiéramos. Por eso encargamos una auditoría completa de pagos, tanto los cuestionados que son objeto de una nueva denuncia penal, como del resto. Así que esperamos en las próximas semanas el resultado de estas auditorías”.
Por otro lado, el gobierno paga regularmente asignaciones a militantes que sobrevivieron al terror de la última dictadura militar. Según se pudo averiguar, la Anses abona mensualmente pensiones graciables a presos políticos, regulada por la ley 26.913 y el decreto 1058/14. De acuerdo a los últimos datos recabados, el organismo abona mensualmente 5749 pensiones con un haber promedio de $20.015.
