«Mi secretario general es el Papa Francisco», sostiene por estas horas convulsionadas un jefe sindical y de alguna manera agrieta esa certeza que la CGT blindará a Alberto Fernández en caso que triunfe el 27 de octubre y desde el 10 de diciembre ocupe el sillón de Rivadavia. En lo que sí hay coindencia entre los distintos sectores gremiales, es que «habrá paciencia» por lo menos durante 2020 con un gobierno que eventualmente asumiría en un escenario de marcada recesión con alta inflación y en la que la puja distributiva no hará más que acentuarse producto de la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Esa tensión dentro del movimiento obrero se traslada también al seno de las organizaciones sociales que pujan por estas horas para que el macrismo declare la emergencia alimentaria. Pero también los grupos de desocupados muestran su poder de movilización al próximo gobierno y presionan para que los bloques legislativos, hoy opositores, conviertan en ley este reclamo pese a la resistencia de algún diputado peronista que advierte el costo fiscal que tendrìa esta medida para los nuevos inquilinos de la Casa Rosada.

Desde 2016 diferentes jefes sindicales y líderes de organizaciones sociales, como el ahora notorio Juan Grabois, han escuchado los mandamientos del Vaticano. Francisco siempre ha desconfiado del modelo macrista al que, en privado, ha tildado de neoliberal, que apostaba al crecimiento por «derrame» y, a la postre, excluyente. Con el candidato presidencial del Frente de Todos, no obstante, ha tenido una relación oscilante. El año pasado lo recibió en Roma cuando acompañó al ex canciller brasileño Celso Amorim.

Alberto Fernández se reunió a mediados de julio pasado con la cúpula cegetista en la sede de UPCN: desde ese gremio admiten que la central de calle Azopardo será uno de los apoyos que tendrá el candidato del Frente de Todos, en caso de asumir la Presidencia, junto a los gobernadores peronistas en una batalla interna con el kirchnerismo que consideran inevitable. Los gremialistas intentaràn cobrarse «la factura» del poco peso que han tenido en las listas de legisladores -hasta el PRO logró meter en la lista a diputados provinciales a un sindicalista de Uatre y a otro de la UTA-, con la designación del futuro ministro de Trabajo: suena Marco Lavagna, en un eventual alianza con su padre, e incluso el ex ministro Carlos Tomada.

Una semana antes de las PASO, Alberto Fernández, en declaraciones a quien suscribe, auguró que «en diciembre la situación va a tener tal gravedad por lo que espero que tengamos un peso político lo suficientemente amplio para poder convocarlo» en referencia al Diálogo Social como herramienta de negociación y que «estuve con sindicalistas, con empresarios y hubo una total receptividad». Desde los gremios admiten que en principio primarà la «prudencia» y señalan que el ex jefe de gabinete «no es disruptivo» al contrastarlo con Cristina Kirchner.

Ya hay economistas kirchneristas que teorizan que en la futura puja distributiva «el sindicalismo deberá esperar» para una recomposición urgente del salario. «Se puede esperar un año» hasta protestar, admitiò un sindicalista de peso consultado. En calle Azopardo muchos recuerdan que cuando se observaban los primeros indicios del ajuste en 2016, Hugo Moyano, en plena alianza con el macrismo, decía que «el paro era un herramienta en desuso». La luna de miel de los sindicatos con los gobierno recién asumidos no es nueva.

Hoy Moyano se ubica como un fiel ladero del kirchnerismo y no descarta volver a incluir a la Corriente Federal dentro de la CGT. Aunque el mandato de Héctor Daer y Carlos Acuña finaliza en agosto del año próximo, se descuenta que a fines de mayo próximo se realizaría un comité central condederal para renovar la conducción para que esté en sintonía con el nuevo Ejecutivo. «Esta todo guionado en la CGT», sostiene una fuente sindical hoy alejada del concejo directivo que no descarta que continúe Daer y algún otro referente en el sillón de Azopardo. No está claro que vuelva el unicato, por lo que al tallar distintas líneas internas podría continuar el mismo médoto de conducción que, al inicio del macrismo, tuvo la forma de triunvirato (se terminó con la renuncia de Juan Carlos Schmid en septiembre de 2018).

Moyano ya presiona para ganar la conducción pero en caso que no logre imponerse no se descarta que siga afuera de Azopardo. Puertas adentro del peronismo unido, el camionero busca imponer como futuro ministro de Transporte al empresario Guillermo López del Punta, ligado al titular de Independiente, y quien tuvo un paso por el estado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Ese ministerio tendrá a su cargo dos temas pesados frenado durante el macrismo: las concesiones del Puerto de Buenos Aires y de la Hidrovía a punto de finalizar que deberían ser relicitadas por la próxima administración. Tampoco hubo avances en el traspaso del puerto porteño hacia la órbita de la Ciudad: si Horacio Rodríguez Larrera no pudo concretarlo con Mauricio Macri en el poder, mucho menos ante un eventual gobierno de Alberto.

En la central obrera algunos dirigentes ven al hoy ministro del área Guillermo Dietrich «desfilando por Tribunales» por supuestas irregularidades en la ventra de terrenos portuarios y contratos de obra pùblica bajo sospecha. Con todo, el gobierno ha mantenido a raya las embestidas sindicales durante gran parte de un mandato caracterizado por una economía en crisis. Antes Jorge Triaca y hoy Dante Sica, han mantenido una relación cercana con los jefes sindicales. Este lunes, de hecho, han recibido a la cúpula cegetista para desandar la polémica por la emergencia alimentaria. Con Moyano, antes del quiebre de diciembre de 2017, también solían tener un vínculo cercano.

Empero, desde 2017 algunos gremialistas, como Schmid (referente de la CATT, gremios del Transporte) vienen participando de reuniones de «cìrculo rojo», organizadas por consultores como Rosendo Fraga y Sergio Berenstein. En alguna de esas tertulias, que tuvieron cita en el domicilio de Fraga, también se daban cita empresarios y representantes de credos, se analizaba el rumbo del gobierno y el temor a que el modelo macrista vaya rumbo al colapso. En otras reuniones con dirigentes religiosos, como el titular del Episcopado Oscar Ojea y el obispo Jorge Lugones, que con su Pastoral Social la semana pasada le pidió al Ejecutivo la declaración de la emergencia alimentaria, los sindicalistas escuchaban de los prelados quejas por «la falta de sensibilidad» del gobierno. Esos dos obispos, casualmente, son muy cercanos a Francisco.