La posibilidad de un cambio de mando en el Ejecutivo nacional volvió a encender la polémica en torno a dos temas que vienen cocinándose a fuego lento: por un lado, el supuesto intento de traspaso del puerto de Buenos Aires desde la órbita nacional a la porteña con denuncias por ventas de terrenos por parte de los gremios y una caja apetecible ya que la terminal recauda unos $4200 millones al año y, por otro lado, la finalización de la concesión del Casino Flotante el próximo 31 de diciembre, que le depara a la Ciudad unos $1400 millones al año cifra que podría multiplicarse en caso que el gobierno porteño tomara el manejo de la sala de juegos hoy postergado por una cautelar pedida por la empresa licenciataria.

Ambos temas, curiosamente, se cruzan en un tópico: la administradora nacional del puerto cobra por el uso del espacio de agua al Casino de Buenos Aires un canon mensual de unos 200 mil dólares, según fuentes del sector portuario. Hay mucho dinero en juego.

Tanto desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta como desde el ministerio de Transporte -a cargo de la terminal a través de la AGP- han negado que vaya a traspasarse el puerto, un viejo reclamo de la Ciudad desde que logró su autonomìa en 1996. Es que en septiembre pasado el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, había advertido sobre la una supuesta «maniobra que estaría llevando a cabo el gobierno nacional para transferir el Puerto de Buenos Aires a la órbita del la Ciudad de Buenos Aires» siguiendo las denuncias de sindicalistas portuarios que venían alertando sobre la posible venta de terrenos en Puerto Sur, Isla de Marchi y cuestionamientos hacia la licitación en marcha de las 3 terminales portuarias.

Quienes se oponen al traspaso destacan que el puerto es «un puesto federal donde las provincias hacen llegar la producción del país». De las privatizaciones de los años ´90 y de la consiguiente sanción de la ley de puertos, uno de los organismos que permaneció en el estado es la Administración General de Puertos (AGP), que desde entonces está intervenida y no ha sido normalizada.

Un jefe sindical de los portuarios, consultado por este medio, se refirió a las versiones de traspaso: «hay trascendidos, rumores pero no hay prueba que estén por formalizar esto. Sí hubo una comunicación oficial de Larreta diciendo que en estas condiciones no quiere el traspaso y no está de acuerdo con el proceso licitatorio en marcha de las terminales».

Para el gremialista en este último tiempo han ocurrido algunos hechos que agravaron la situación de los portuarios, como la compra de embarcaciones fabricadas en Paraguay y el acuerdo para bajar aranceles para la construcción en España de buques pesqueros afectando el trabajo argentino. Es decir, que para la mirada sindical no sólo podrían verse afectados el comercio exterior y la defensa intereses marítimos en caso de confirmarse esta operatoria entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre, como temen algunos dirigentes. «Cualquier medida en ese período va a quedar deslegitimada», advirtió.

Lo cierto es que desde el gobierno porteño remarcaron que el supuesto traspaso «está congelado, ni arrancó» y algunas voces vienen sosteniendo que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, nunca quiso perder el manejo del área.

Según contó Diego Salom, secretario gremial APDFA (Asociación del Personal de Dirección), «la intención de transferirlo sigue estando. Desde que Transporte negó el pedido de información pública hecho por nuestro gremio para que se explayara si había una negociación con la Ciudad ampliando el plazo de respuesta, siguen quedando dudas. Luego ha tomado estado público el tema pero lo siguen analizando, como la venta tierras de Puerto Sur o licitaciones de suelo que quedaron frenadas al conocerse este escándalo y así quedó desierta una licitación para proyectos inmobiliarios prevista».

Con todo, el gremialista sostuvo que «hay discusiones por el desmembramiento del Puerto: han ido vendiendo tierras en zona norte, como los proyectos de Catalinas 2 en tierras rematadas por la AGP y la Ciudad en 2016. Aún sigue en pie la licitación de las terminales con la apertura de sobres prevista para 2 de diciembre, es decir, a 8 días de dejar de gobierno quieren aprobar un proyecto a 50 años».

De acuerdo a los pliegos, las 3 terminales ahora pasarían a estar bajo la conducción de un solo concesionario. Y la sospecha de los gremialistas es que esa licitación podría estar dirigida haca PSA, una firma de Singapur, justamente el país de dónde el amigo presidencial Nicolas «Nicky» Caputo es consul honorario. «Hay que estar atentos a después del 27 de octubre, la gente estará distraída con el cambio de gobierno y podrían meter un manotazo de ahogado», cerró Salom.

Lo cierto es que el puerto recauda mucho dinero y por eso es eje de polémicas. Según informó la AGP a #BORDER, para este año el organismo tiene proyectado recaudar por la explotación del puerto porteño unos $4216 millones diferenciado en el cobro de tasas y aranceles (a buques, cargas, al concesionario, a pasajeros) e ingresos por servicios (permiso de uso, ZAP, Canal Sur, entre otros).

Desde AGP salieron a cuestionar las acusaciones y a negar el supuesto cambio de jurisdicción. «Es falso que se vayan a destinar terrenos que actualmente son áreas portuarias a desarrollos inmobiliarios, así está detallado en el Pliego de Licitación» de las terminales. «El mismo contempla una concesión a 35 años – con posibilidad de extenderse a 50-  para modernizar el puerto, y de esta manera permitir duplicar la capacidad de carga actual y separar la operativa de carga de la de cruceros (industria que gracias a políticas implementadas por la actual gestión ha crecido de manera exponencial) otorgando mayor eficiencia y seguridad para las dos actividades. Se hará una redistribución del uso de suelos portuarios para mejorar la eficiencia permitiendo reducir tiempos y costos logísticos a importadores/exportadores. Los terrenos portuarios seguirán siendo utilizados con tal fin», dice un informe de la entidad que reitera que se licitará «a un solo operador siguiendo una tendencia mundial».

La otra polémica involucra a la sala juegos enclavada en la zona de Puerto Madero. La concesión para el Casino de Buenos Aires finaliza el 31 de diciembre y la Ciudad -a través de Lotería de la Ciudad (que absorvió los juegos de la disuelta Lotería Nacional)- debería hacerse cargo. Pero la empresa apeló judicialmente. Hay mucho dinero en juego y también intereses de importantes grupos empresarios. El denominado Casino Flotante tiene mayoría accionaria de la española Cirsa que en este emprendimiento es socia de Casino Club, la empresa vinculada a Cristobal López, el empresario kirchnerista recientemente liberado por la justicia por la deuda impositiva de Oil Combustibles y que posee otras salas de juego en el país.

De acuerdo a fuentes del gobierno porteño consultadas por #BORDER, en 2018 la Ciudad recibió $1400 millones de parte de la sala de juegos flotante en concepto de canon y cobro por Ingresos Brutos. De ese total, un 30%, unos $400 millones, fueron destinados a Lotería de la Ciudad y un 70%, unos $1000 millones, al Tesoro para financiar urbanizaciones de viviendas sociales en barrios vulnerables como Fraga, Rodrigo Bueno o 31, según lo establece la ley.

Un funcionario nacional que participó de la liquidación de Lotería Nacional, en diálogo con este medio, blanqueó la situación del emblemático barco-casino: «La Ciudad no puede renovar ni llamar a nueva licitación porque lo prohíbe el artículo 50 de la Constitución porteña. Vencidas las concesiones transferidas, solo el estado porteño podría explotar la actividad». Y, al referirse a la estrategia de la empresa, dijo que «entiendo que el casino obtuvo una cautelar en Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal prorrogando la concesión fundando en que el aumento del canon y el pago de IIBB y la moratoria alteraron la ecuación económica y necesitan más tiempo para pagar, por lo que la Ciudad lo apeló».

En este sentido, un vocero del gobierno porteño confirmó la apelación de la Procuración. «Pero no hay novedades, estamos a la espera de la justicia. Hasta que no pasen las elecciones no tendremos más claridad. Y de no haberlas, seguirá la empresa». Asimismo, la fuente consultada indicó que «la cautelar de no innovar le impide a Ciudad intervenir esta medida pero no la regulación del juego, por lo que con la moratoria seguimos actuando. La empresa dice que al haberse traspasado el juego de Nación a Ciudad le cambió la ecuación económica y que por la deuda de ingresos brutos se acogió a la moratoria. Hay que esperar» y reconoció que aún no está la decisión política adoptada para que el Ejecutivo porteño tome a su cargo el funcionamiento de la sala de juegos en caso que la justicia así lo habilitara.