Uno de los pocos «legados positivos» en pos del equilibrio fiscal que intentará dejar Cambiemos cuando deje el poder es una tenue baja en la cantidad de empleos públicos en el país que, si se la desagrega al ámbito del Poder Ejecutivo, arroja una disminución del 18%.

Con todo, las estadísticas que este miércoles hará pública Modernización, a tono con los informes de final de gestión de cada un de los ministerios que serán parte de spots que Jefatura de Gabinete difundirá al finalizar noviembre, rompieron la inercia de crecimiento de la contrataciones de trabajadores estatales que se venía manteniendo durante el kirchnerismo.

La Secretaría de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, llevó a cabo un trabajo sobre la evolución del empleo público entre 2005 y 2019. Desde comienzos de mandato esa cartera fue cuestionada por la cancelación de contrataciones en la planta del estado nacional y de organismos descentralizados como el Inti o el Inta. Desde la cartera aducen que han buscado hacer más eficiente al estado, volver a los concursos para la alta dirección pública y eliminar la contratación de «militantes» en «la raviolera» estatal tal como había ocurrido en el gobierno kirchnerista.

Al analizar la evolución del empleo público en cada una de las jurisdicciones, los puestos del «sector público nacional» (incluidos todos los poderes del estado) crecieron en el decenio kirchnerista de 540.372, en 2005, a 798.702 al final de 2015 (+47,8%); en la administración pública nacional (Poder Ejecutivo) de 124.409, en 2005, a 237.889 en 2015 (+91,2%); a nivel provincial la suba se produjo de 1.643.638, en 2005, a 2.309.712 en 2015 (+40,5%), y a nivel municipal, los estatales aumentaron durante ese período de 399.001, en 2005, a 575.562 (+44%), en 2015. Es decir, el mayor crecimiento en las contrataciones de estatales se produjo a nivel del ejecutivo nacional dando pie al relato macrista de comienzos de mandato de hacer más eficiente el empleo público.

Luego el relevamiento da cuenta de la evolución del empleo público nacional, provincial y municipal entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 o sea durante la etapa del hoy oficialismo. Las malas lenguas dirían que habría que estar atentos a las designaciones que se vienen publicando en el Boletín Oficial entre octubre y noviembre -fuera de del mencionado registro- pero en el gobierno advierten que desde que se desató la crisis en 2018 está congelado el ingreso a la planta pública. Con excepciones, como el intento para formalizar al directorio de la Administración General de Puertos (AGP), al levantar Transporte la intervención del organismo, lo que fue repudiado por los gremios del sector. «Sigue el expediente dando vueltas con la intención de levantar la intervención. Han confirmado el pase a planta de 23 personas y también los cargos políticos que trajo el interventor (de AGP Gonzalo) Mórtola sumando en total unas 60 personas», denuncian a este medio los portuarios.

El informe de Modernización contabilizó entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 un total de 3.917.430 (-0,11%) empleados públicos, es decir, 4.435 menos que el total recabado al inicio del macrismo. En Casa Rosada sostienen que ese indicador contiene jurisdicciones que «no controla el propio Macri» y que, a nivel Poder Ejecutivo, sí se produjo una verdadera reducción en la planta. De acuerdo a esta estadística, la administración pública nacional (APN) pasó de 237.889, en 2015, a 193.084 (-18,5%) a septiembre de este año.

Empero, el muestreo agrega que en los últimos cuatro años el sector público nacional (Legislativo, Judicial y Ejecutivo más organismos) también logró reducir su planta pero en un porcentaje menor: en 2015 contabilizaba 798.702 empleados públicos y a septiembre de 2019, unos 739.149 (-7,4%). En cambio hubo subas en las contrataciones de las jurisdicciones analizadas: a nivel provincial en 2015 se contaban 2.309.712 trabajadores estatales y este año, 2.379.451 (+3%); a nivel municipal en 2015 había 575.562 empleados y al final del período analizado, 605.746 (+5,2%).

Más allá del mar de cifras vertidas, en el Ejecutivo resaltan la disminución registrada en la APN que, según una calificada fuente gubernamental, «es Poder Ejecutivo básicamente, donde Macri ha podido controlar. Si bien esta tendencia se estancó cuando desagregamos las otras jurisdicciones, tuvo que ver el pacto fiscal (firmado con las provincias en 2017 y 2018) no solo porque es dificil que los gobernadores te bajen el empleo público». En provincias del norte del país, como San Juan, La Rioja o Formosa, el estado es uno de los principales dadores de empleo.

Este «legado» sobre el empleo público se conoce semanas después que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una Ong de buen diálogo con el Ejecutivo, difundió un informe crítico sobre la composición del estado durante el macrismo. Así el trabajo determinó que «el gabinete de Mauricio Macri es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983”.

En este sentido, el Cippec indicó que “en el período no hubo un patrón de reducción, y por el contrario, se generaron costos para hacer políticas públicas, porque persistieron las dificultades para plantear propuestas de largo plazo y construir confianza, al mantener una burocracia tan inestable que afecta no sólo a los cargos políticos, sino también técnicos”.