Muchas veces, los padres de niños con alguna discapacidad se ven obligados a elegir lo que encuentran, no lo que necesitan. Y así van saltando, de escuela en escuela, de escollo en escollo. Así, por más de hasta 40 instituciones. De esta forma, el segundo lugar en el que los niños deberían sentirse contenidos, después de la familia, se convierte en un espacio hostil que les dificulta el desarrollo de una vida plena.

Muchos padres desconocen los derechos y las herramientas legales que asisten a sus hijos a la hora de elegir colegios. Y no saben qué hacer cuando las instituciones les dicen no. Borderperiodismo elaboró un decálogo de consejos para familias en esta situación, asesorados por Cristina Lovari, coordinadora nacional de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación.

1) La ley ampara a las familias para que puedan elegir libremente el colegio que quieren para sus hijos. Nadie puede obligar a un niño a ir una escuela especial.

2) Todos los niños, sean discapacitados o no, tienen el derecho de recibir una educación inclusiva y de calidad. Por lo tanto, todas las escuelas deberían ser inclusivas, según marca la ley. El hecho de que haya establecimientos que aún no cuentan con herramientas para contener a un niño con discapacidad, no puede ser un impedimento para su ingreso.

3) Existe una cláusula de «no rechazo» en la resolución 311 del Consejo Federal, que se aplica en todas las escuelas del país. La misma estipula que, toda vez que a un niño no se le renueve la vacante o no se le otorgue la misma por motivo de discapacidad, se considera un acto de discriminación.

4) Cuando por parte de los colegios hay excusas o respuestas poco claras, se aconseja a los padres acercarse a los actores que tienen autoridad sobre las escuelas (inspectores, supervisores o direcciones de área) para que intermedien en la situación. Y, además, se debe exigir a la escuela que fundamente por escrito y, con todas las de la ley, las razones por las cuales niega esa vacante.

5) Los padres no deberían permitir reuniones informales en los colegios sino que lo conversado debe plasmarse en un acta. Este es un instrumento que sirve, tanto a la escuela como a las familias, para fundamentar lo que se está haciendo.

6) Cuando una escuela plantea que ya no tiene cupo para recibir a personas con discapacidad, las familias deberían pedir la normativa por la que se ha regido para tomar esta decisión. La mayoría de las provincias no tienen una legislación específica, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, hay un límite por aula en lo que hace a las configuraciones de apoyo (maestra integradora o acompañante) para prevenir que haya una cantidad excesiva de adultos en el mismo espacio educativo. Esto es algo que se le exige a la institución y no tiene que ver con decisiones injustificadas.

7) En cuanto a las adecuaciones curriculares, se apunta a que la escuela pueda ser autónoma y que el docente del aula realice los cambios que requiera el alumno. Si se necesita una adecuación más específica, es posible requerir que una persona de la modalidad educación especial vaya a asesorar a la escuela o que se incluya a un maestro integrador. Todos los niños que necesiten un acompañante o una maestra integradora tienen derecho a tenerlo. No hay ninguna normativa que diga que el niño no puede ingresar al colegio si no tiene su acompañante. Si se exige esto, es irregular.

8) La adecuación horaria -asistir menos cantidad de horas- es una estrategia que debería utilizarse en casos muy puntuales y, de ninguna manera, para siempre. Hay que establecer plazos para rever esa situación y buscar la manera de extender la jornada.

9) El hecho de no controlar esfínteres no puede ser un impedimento para que un niño pase de nivel.

10) Cuando se agotaron todas las instancias de diálogo, es posible recurrir a la Justicia ya que las familias tienen la posibilidad de reclamar por esa vía si sienten vulnerados sus derechos. De todas formas, lo aconsejable es repensar el vínculo de confianza con una escuela que, hasta ese momento, no ha demostrado predisposición a contener a un niño con discapacidad.

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